viernes, 21 de julio de 2017

Un auto sobre fianza a dos personas jurídicas (50 millones de €)



Buscando otras cosas por Internet, me he encontrado este auto 230/2017, de 11-IV-2017, dictado por la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que confirma el auto en su día dictado por el Juzgado de Instrucción nº 11 de la capital aragonesa, y por el que se determina que se abre juicio oral contra once personas físicas y dos jurídicas. Concretamente, como se puede leer al comienzo del f. 2, respecto a una de ellas por delito fiscal y otro de insolvencia punible y respecto a la segunda por blanqueo de capitales y otro de insolvencia punible. De lo que entiendo del auto, todo esto parte del concurso punible de una sociedad al menos (260 Cp antiguo y actuales 259 y 259 bis Cp), pareciendo que la otra es la persona jurídica sucesora (130. 2 Cp).

Para todos aquellos que se reían/cuestionaban o disentían sobre “eso del derecho penal de la persona jurídica”, o se siguen amarrando a ajados adagios como el de societas delinquere non potest, traigo este auto donde se puede ver cómo dos órganos judiciales distintos imponen una fianza solidaria de cincuenta millones de euros. Y, además, estamos hablando de un auto de apertura de juicio oral confirmado, con lo que esas dos empresas van a juicio de manera indiscutible.

Es cierto que la fundamentación jurídica es muy parca, porque tampoco la cuestión jurídica da mucho de si:
Es cierto que la fianza de 50.000.000 de euros fijada por el Sr. Juez de Instrucción nº 11 contra el acusado Alonso para afrontar sus responsabilidades pecuniarias (multa + costas+ responsabilidad civil) parece en principio excesiva, por no ajustada a la multa, costas y responsabilidad civil que pudiera corresponderle según el Escrito de Conclusiones del Ministerio Fiscal.

Pero por otra parte la fianza hipotecaria que ofrece el acusado Alonso es harto exigua pues no llega su valor ni a 60.000 euros, pues en la Escritura publica de compra del apartamento de Cerler en Benasque por el acusado Alonso tal apartamento aparece con un valor de compra de 51.086'03 euros y lo mismo aparece con la plaza de garaje correspondiente a tal apartamento de Cerler que aparece valorado y comprado por 6.010'12 euros por el acusado.

Con esa fianza hipotecaría no se cubriría ni siquiera una fianza de 60.000 euros.

Pero es que además contra el auto que decretó la apertura del juicio oral, (Auto de fecha 18-7-2016) no cabe recurso alguno más que en lo referente a la situación personal del acusado, pues así lo establece el artículo 783.3º de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal .

Además aunque la fianza exigida por el Sr. Juez de Instrucción nº once de Zaragoza al acusado Alonso hubiera sido solo de 100.000 euros, la fianza hipotecaria ofrecida por dicho acusado (de 57.000 euros) hubiera sido absolutamente insuficiente.

Finalmente cabe señalar que la responsabilidad civil exigida por el Ministerio Fiscal es conjunta y solidaria contra todos los acusados (11 personas físicas y 2 personas jurídicas), como presuntos coautores todos ellos de un delito de insolvencia punible, conforme establece el artículo 116.2 del código penal vigente, que establece la responsabilidad civil solidaria entre si por sus cuotas de los autores y de los cómplices del delito, cada uno dentro de su respectiva clase.

El quantum de la responsabilidad civil conjunta asciende a un mínimo de 3.000.000 de euros y ello sin computar las indemnizaciones que correspondan a los acreedores relacionados en la masa del concurso de las sociedades "Puebla Nueva 50 SL, "Gestión Colectiva 2000 SL.", "Xarda Tres SL", y Sendai Veinte", cuyas cuantías no constan en los testimonios de particulares remitidos por el Juzgado de Instrucción nº 11 de Zaragoza.”.

Por supuesto, la elección entre cumplir con la legalidad y no hacerlo es muy personal, pero cada vez está saliendo más cara, incluso para las hasta no hace mucho intocables empresas.


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miércoles, 19 de julio de 2017

Tres recientes noticias anglosajonas en materia sancionadora de compliance



La SEC (Securities and Exchange comission), el equivalente a nuestra CNMV, ha ordenado indemnizar con 4 millones de dólares a un trabajador que colaboró con las autoridades norteamericanas descubriendo un fraude millonario. El documento original, aunque eliminados los nombres, se puede leer AQUÍ.

Es evidente que el compliance español jamás funcionará sin la existencia del whistleblower, la persona que “toca el silbato” y avisa a las autoridades de conductas ilegales dentro de su empresa, siendo recompensado económicamente. El Estado, ni aquí ni en EEUU, tiene capacidad para penetrar realmente dentro de las empresas y si no se encuentran ciudadanos colaboradores, es muy fácil que muchos delitos no se descubran o, tan solo, de manera muy parcial, ahorrando costes enormes en la investigación si una persona bien informada te dice dónde buscar exactamente.

La segunda noticia viene de Inglaterra. La FCA (Financial Conduct Authority), ha sancionado con una multa de 75.000 libras (98.000 dólares) a un compliance officer por una lamentable falta de diligencia en sus funciones. En la nota oficial, que se puede leer AQUÍ, se le achaca no haber estudiado los niveles propios de su función dentro de su mercado concreto, no haber buscado un razonable tercero ajeno para la investigación, etc.

La tercera noticia nos devuelve a EEUU. EL banco frances BNP Paribas, que últimamente parece el pupas del compliance, ha acordado con la Reserva Federal norteamericana pagar 246 millones de euros de multa por haber alterado empleados de la entidad los mercados financieros. Al parecer, entre 2007 y 2013, al menos una docena de empleados procedieron a hacer amaños mediante la moneda de Suráfrica, la de Hungría y la de Turquía. El mismo banco asegura que los empleados han sido despedidos o disciplinados, así como ha reforzado sus medidas para que no vuelva a ocurrir ya desde 2013. La noticia, una vez más en inglés, se puede consultar AQUÍ.

Como se puede ver, los anglosajones nos sacan años luz de ventaja en materia represiva de conductas inapropiadas de empresas. Poco a poco, espero, nos acercaremos a ellos.


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jueves, 13 de julio de 2017

Derecho a ser informado de la acusación en su idioma (ruso)


(Hay traducciones discutibles)
La reciente STS 2653/2017, de 29-VI, ponente Excmo. Francisco Monterde Ferrer, hace en su FJ 1º análisis de una supuesta indefensión, que tacha de formal pero no material, respecto a un ruso que comete un robo en vivienda habitada en Blanes, Gerona, en el sentido de que si bien no se procedió a la traducción a su idioma de algunos escritos, no se le causó indefensión real.

Dice el citado FJ 1º:
1. Se denuncia por el recurrente que pese a haber solicitado intérprete de ruso, el escrito de apertura junto al de acusación del Fiscal fue notificado al acusado en español, incumpliendo lo dispuesto en el art. 123.1.d LECr.; y que pese a solicitar la  nulidad como cuestión previa, le fue denegada causándole indefensión ya que se vio privado de solicitar un reconocimiento por el médico forense como prueba para el acto del juicio.

2. El tribunal de instancia desestimó la petición de nulidad por entender que "no se causó indefensión en tanto que la falta de traducción no impidió al acusado  la proposición de prueba acreditativa de su drogadicción. Justifica dicha conclusión en el hecho de que el acusado estuvo asistido por intérprete de ruso, tanto en sede policial como judicial; su primer Letrado ya propuso prueba para acreditar la drogadicción (aunque no reconocimiento por el forense); el acusado entendió lo suficiente como para renunciar al Letrado de oficio en el primer señalamiento, provocando la suspensión; y el nuevo Letrado designado por él, tampoco propuso como prueba el reconocimiento forense, ni en escrito previo al juicio ni como cuestión previa, sino exclusivamente cuando se le denegó la nulidad; y además, el propio acusado, cuando se  le notificó el auto de prisión, manifestó que comprendía un poco el castellano, y estaba asistido por intérprete (fº 76).."

3. Ante ello, poco se puede añadir a lo razonado por el tribunal de instancia puesto que la única indefensión con la trascendencia constitucional que se pretende, es la indefensión material y no la meramente formal. En este caso en principio, se  podría hablar de indefensión formal por el  incumplimiento del deber de traducción que impone el citado art. 123.1.d) LECr., pero no de indefensión material que exige la efectiva privación de algún medio de defensa o su limitación. El artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos dentro del derecho a un proceso equitativo, establece el derecho del acusado a ser informado en una lengua que comprenda y de manera detallada, de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él (art. 6.3. a), así como el derecho a ser asistido gratuitamente de un intérprete si no comprende o no habla la lengua empleada en la audiencia ( art. 6.3.e). Haciéndose eco de tal precepto así como de diversas Directivas que lo contemplan, la LO 5/2015 -en vigor desde el 28-10-2015-, introduce el nuevo art. 123 regulador de los derechos de los imputados que no hablen el castellano o la lengua oficial en la que se desarrolle la actuación << derecho a ser asistidos por un intérprete que utilice una lengua que comprenda durante todas las actuaciones en que sea necesaria su presencia, incluido el interrogatorio policial, el del Ministerio Fiscal, y todas las vistas judiciales; el derecho a servirse de intérprete en las conversaciones que mantenga con su Abogado; el derecho a la interpretación de todas las actuaciones del juicio oral; el derecho a la traducción escrita de los documentos que resulten esenciales para garantizar el ejercicio del derecho a la defensa, considerando que de manera obligatoria ("en todo caso") se deben traducir las resoluciones que acuerden la prisión del imputado, el escrito de acusación y la sentencia; y en última instancia, el derecho a presentar una solicitud motivada para que se considere esencial un documento.>>

4. Por otra parte, y en relación con el derecho a la traducción escrita de los documentos que resulten esenciales para garantizar el ejercicio del derecho a la defensa, se prevé la posibilidad de prescindir de la traducción de los pasajes de los documentos esenciales que, a criterio del Juez, Tribunal o funcionario competente,  no resulten necesarios para que el imputado o acusado conozca los hechos que se le imputan, y además con carácter excepcional, dicha traducción escrita podrá ser sustituida por un resumen oral de su contenido en una lengua que comprenda, siempre que quede garantizada suficientemente la defensa del imputado o acusado.

Es cierto que el recurrente desde el primer momento solicitó intérprete de ruso y que en principio y conforme a lo expuesto, los principales documentos debieron ser traducidos a dicha lengua pero el incumplimiento al menos aparente de dicha obligación, no le causó indefensión material alguna. En la Comisaría, Primitivo manifestó conocer los hechos por los que había sido detenido así como su deseo de declarar solo ante el Juez. Consta que había sido objeto de once detenciones anteriores en Cataluña, desde el año 2012. Al folio 63 aparece que asistido por intérprete en la diligencia de información de derechos, manifestó  no  querer ser reconocido por el médico forense. En el  folio 65 aparece su declaración ante el Juez de Instrucción, asistido por Letrado e intérprete, previa información de que se le imputa la comisión de un delito de robo con fuerza. Al folio 69 (comparecencia de prisión) consta que el Fiscal informó de que el delito imputado estaba castigado con pena de hasta cinco años de prisión y lo describió con todo detalle. Al  folio 76, el Secretario hace constar que Primitivo  está asistido por Letrado e intérprete y que al notificarle el Auto de prisión (donde constan con detalle los hechos y las pruebas), manifiesta que queda debidamente enterado del contenido de dicho Auto "por cuanto comprende un poco el castellano y está asistido por intérprete"  y añade que por ello "para la práctica de la presente resolución renuncia a su derecho de traducción comprendido en el artículo 123 b) d) y e) en relación con el art. 126 de la LECRIM "

A mayor abundamiento (folio 145) cuando la funcionaria de Auxilio Judicial acude al centro penitenciario para notificar el escrito de acusación al acusado, cuya falta de traducción se denuncia en estos momentos, no solo éste nada dice sobre la necesidad de traducción, sino que emplazado para que en el plazo de tres días designe Procurador y Abogado con apercibimiento de que de no hacerlo, se le nombrará de oficio, manifiesta sin dificultad alguna que ya tiene abogado de oficio y firma la notificación. Y al folio ante la misma funcionaria, facilita un domicilio para notificaciones manifestando que allí vive su familia

Por último, en los folios 55 y ss del Rollo, aparece incorporado el historial de toxicomanía y desintoxicación del acusado, remitido por el establecimiento penitenciario.

5.Conforme a ello, y en primer lugar, y atendiendo a la finalidad del precepto, hemos de considerar que falta el presupuesto inicial, es decir, que el acusado no entienda el idioma castellano.

Y es que por lo expuesto, no solo el acusado manifestó entender un poco el castellano, sino que en un acto anterior renunció expresamente a la traducción y en otro  posterior a éste,  contestó sin problema al emplazamiento y requerimiento, sin aludir a su supuesto desconocimiento de la lengua española, algo que por otra parte es normal puesto que llevaba varios años en España donde había sido detenido varias veces e incluso condenado.
De este modo, lo que queda rotundamente descartado, es que la falta de traducción del escrito de acusación hubiera causado indefensión consistente en la imposibilidad de solicitar la práctica de un reconocimiento por el médico forense. Hemos visto que el entonces detenido, asistido por intérprete,  manifestó no querer que le reconociera el forense. Desde su detención ha invocado su condición de drogodependiente. Ha propuesto prueba de ello, -la que estimó oportuna-, que no era la pericial médico forense por cuya ausencia se queja.

Logra la suspensión del juicio y  nombramiento de un nuevo Letrado, quien no propone
previamente la prueba debatida; y sobre todo, unida a la causa aparece la historia de  toxicomanía del acusado que sirvió de base para la apreciación de una circunstancia atenuante, declarando el tribunal que resultó acreditado que el acusado es un politoxicómano de larga evolución.

Es por ello que aunque se admitiera una indefensión formal, resulta patente la inexistencia de indefensión material alguna.
Por todo ello, el motivo ha de ser desestimado.”.


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lunes, 10 de julio de 2017

La Circular 2/2017 FGE sobre ingreso no voluntario urgente


(Adorar a Mr Potato también debería ser para incapacitar)
Gracias a Roberto Guimerá, una vez más, he tenido conocimiento de la Circular 2/2017 de la Fiscalía General del Estado sobre “ingreso no voluntario urgente por razón de trastorno psíquico en centros residenciales para personas mayores”. Pese a ser civil y como afecta a un derecho fundamental de la entidad de la libertad, voy a pasar a copiar las conclusiones, sin perjuicio de recordar, tal y como ya vimos en este blog a principios de 2016, que el Tribunal Constitucional en al menos dos ocasiones le dio la razón a la Fiscalía contra el criterio de juzgados de primera instancia y sus correspondientes Audiencias. Se puede consultar el enlace íntegro AQUÍ.

Conclusiones generales
1ª Los Sres. Fiscales velarán porque se respete la garantía judicial y el proceso contradictorio en los internamientos involuntarios por razón de trastorno psíquico en  centros residenciales para mayores dependientes.

2ª Los internamientos urgentes que no cumplan las exigencias materiales y procesales no pueden ser objeto de “regularización”. No obstante, tal imposibilidad no implica que no pueda reiterarse la petición (siempre que el afectado se encuentre en libertad) ni que no existan otros títulos que permitan mantener la permanencia en el centro residencial. Los Sres. Fiscales valorarán especialmente la situación personal del afectado a la hora de pronunciarse sobre el cese efectivo  de la estancia en el establecimiento.

3ª Los Sres. Fiscales, a la hora de solicitar o informar sobre la adopción de medidas de protección, tendrán presente especialmente la necesidad de evitar lesiones al derecho a la vida y a la integridad física de la persona afectada, tomando en consideración la doctrina del TEDH sobre el art. 2 CEDH y partiendo de que el abandono de una persona con discapacidad necesitada de protección  puede ser constitutivo de delito del art. 229 CP.

4ª Los Sres. Fiscales valorarán especialmente el principio de libertad de elección y el derecho de protección social, dentro del marco de los arts. 49, 50 y 14 CE, de conformidad con lo dispuesto en la LGDPD.

5ª En los casos en los que las personas mayores hubieran iniciado el ingreso en el centro residencial de forma voluntaria, dicho establecimiento tiene consideración de domicilio a efectos legales. La situación de demencia sobrevenida transforma el internamiento en involuntario, debiendo ser objeto de control judicial. Los Sres. Fiscales, en sus visitas de inspección, comprobarán que se cumpla esta garantía.

Sobre el concepto de urgencia

6ª El internamiento involuntario de personas mayores por razón de trastorno psíquico puede realizarse en establecimientos sanitarios, asistenciales o mixtos. Cada sistema tiene sus propios criterios de definición de lo que constituyen situaciones de urgencia. Los Sres. Fiscales, en la interpretación del término “urgente”, se ceñirán al contexto en que se realiza la intervención, rechazando interpretaciones indebidamente restrictivas.

Sobre la información de derechos y la asistencia letrada

7ª La obligación de informar de los motivos de la detención es exigencia de los arts. 5.2 CEDH, 9.2 PIDCP y 17.3 CE, constituyendo deber del órgano judicial realizarla. Los Sres. Fiscales comprobarán la constancia de la correspondiente diligencia de notificación de derechos por el Juzgado en todos lo s procedimientos de esta índole.

8ª La información de derechos comportará, entre otros extremos, los concernientes  a la designación de Letrado y Procurador. Los Sres. Fiscales comprobarán que se ha informado al afectado sobre este extremo y, en su caso, que se ha facilitado el ejercicio del derecho.

Sobre la intervención de oficio y el procedimiento aplicable

9ª Los arts. 49 CE y 7 LGDPD establecen la obligación de prestar una protección singularmente intensa a las personas mayores con discapacidad en materia de tutela judicial efectiva. Los principios internacionalmente aceptados se centran en los de flexibilidad en la respuesta legal, necesidad, subsidiariedad, proporcionalidad y respeto de los deseos y opiniones de la persona afectada. Los Sres. Fiscales exigirán su correcta aplicación y los observarán en sus dictámenes.

10ª En los casos de internamiento de personas que presenten capacidad modificada judicialmente o por modificar y se encuentren en posible situación de especial vulnerabilidad, debe valorarse, en todo caso, si son procedentes medidas de protección jurídica en atención a su situación personal. Los Sres. Fiscales tienen obligación de instar la actuación de los órganos judiciales en tales casos y se opondrán a toda interpretación que demore u obstaculice la intervención de oficio.

11ª Toda medida de protección jurídica que comporte privación de libertad deberá  ser acordada con las garantías de los arts. 763 LEC y 5.1.e) CEDH. La medida  podrá ser acordada “dentro de” cualquier proceso civil o penal. Los Sres. Fiscales interpretarán que la medida sólo puede adoptarse en procedimiento contradictorio.

12ª El incumplimiento de las garantías del internamiento urgente adoptado por los responsables de los centros dará lugar a la declaración de vulneración del derecho, a la imposibilidad de regularización de tal período de privación de libertad y a la posible exigencia de responsabilidades, pero en ningún caso podrá suponer peligro  o perjuicio para las personas cuyo derecho se ha visto vulnerado. Los Sres. Fiscales se opondrán a cualquier interpretación que obstaculice la intervención judicial inmediata en evitación de peligros o perjuicios a las personas afectadas.

13ª La Ley no establece ninguna limitación en el catálogo de procedimientos en cuyo seno pueden adoptarse medidas de protección ex officio. Por lo general, se acordarán en el propio procedimiento del art. 763 inicialmente abierto (considerando que las medidas de protección ex arts. 216 y 158 CC constituyen un título legítimo distinto al derivado del internamiento por razón de urgencia acordado por los responsables del centro) o en el de incapacidad (bien como medida cautelar o bien en sentencia definitiva). Los Sres. Fiscales podrán solicitar la intervención judicial en cualquiera de los señalados.

14ª La intervención judicial no admite demoras. Los Sres. Fiscales promoverán ante los órganos jurisdiccionales la efectiva aplicación de este principio de intervención inmediata.

15ª La necesidad del control judicial de la privación de libertad no implica necesariamente la modificación judicial de la capacidad. Esta opción sólo puede justificarse, conforme a los criterios internacionales de necesidad y proporcionalidad, cuando sean exigibles medidas de apoyo que excedan del acto puntual y precisen de un contexto de protección estable. Los Sres. Fiscales se opondrán a toda interpretación formalista que no respete lo anterior, por constituir práctica contraria a la CDPD.

16ª No es aplicable el plazo del art. 730.2 LEC para la interposición de la demanda por el Ministerio Fiscal en los casos de medidas cautelares previas (762 LEC).

17ª En los casos en que se estime que, pese a concurrir causa del art. 200 CC, no existe motivo para interponer la demanda, por resultar innecesaria o desproporcionada, y se haya acordado el internamiento en fase cautelar previa (art. 762 LEC), los Sres. Fiscales -tras dictar el correspondiente decreto en las diligencias preprocesales- interesarán del Juzgado el cese de la medida cautelar y, en su caso, el mantenimiento de la situación de internamiento como medida autónoma de protección jurídica, conforme a los arts. 158, 216, 303 y 304 CC, cuya vigencia puede prolongarse “mientras se mantenga la situación de guarda de  hecho”.”.


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jueves, 6 de julio de 2017

Publicada la estrategia nacional contra el crimen organizado en Reino Unido


 (Londres de noche y desde una planta 40 es impresionante)
La National Crime Agency ha publicado su National Strategic Assessment of serious and organised crime, cuyo documento íntegro se puede consultar AQUÍ. Se centra, como indica el índice, en delitos relacionados con la explotación sexual infantil, la nueva esclavitud y trata de personas, blanqueo de capitales, fraudes y otros delitos económicos, cohecho, corrupción, cibercrimen, tráfico de armas y drogas, crimen organizado, cuestiones fronterizas y vida en prisión.

Es una guía bastante completa, con propuestas de ejecución hasta 2022, siendo una suerte de plan estratégico nacional que tanto echo en falta en nuestro país, donde cada uno va por libre y así nos luce el pelo.

Hoy (por ayer para cuando esto se lea), también se ha publicado una guía del CGPJ para la tramitación de causas complejas por corrupción, cuyo enlace se puede consultar AQUÍ y el documento descargarse abajo. Esta obra será analizada con mayor profundidad en otro momento.


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martes, 4 de julio de 2017

Acuerdo de Pleno del TS: la valoración de la droga debe constar en la sentencia



De nuevo, gracias al insigne Roberto Guimerá, traigo el Acuerdo de Pleno no Jurisdiccional del TS de 24-V-2017 con el siguiente tenor:
El valor de la droga es un elemento indispensable para la fijación de la consecuencia jurídica del delito contra la salud pública y, por lo tanto, debe declararse en el relato fáctico de la sentencia.
Para su acreditación deberán valorarse los informes periciales o cualesquier otro medio que refleje el valor de la droga o el beneficio que con las mismas se ha obtenido o se pretendía obtener”.

Realmente, este acuerdo supone una obviedad en grado sumo. Desde que hablamos de tráfico debe tener una valoración, y mucho me temo que procede de alguna sentencia de Audiencia en la que no se ha fijado su valoración entre los hechos probados, lo cual conlleva que las acusaciones deberíamos solicitar la aclaración de sentencia y, si el órgano a quo no quiere introducirlo, llegar a la casación.

En cuanto a cómo se valora, ha de tenerse en cuenta que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil tienen una tabla actualizada anualmente, en la que se valora por gramos cada una de las sustancias prohibidas. Si faltase dicha valoración, las acusaciones tendremos que pedir su unión.

De hecho, esto me ha recordado un asunto de hace ya muchos años, anterior al verano de 2010 en todo caso, donde me vi obligado a recurrir hasta en apelación para que se introdujera en la causa. La valoración de la droga incautada, que a veces puede ser complicada (fardos que se tiran al fondo del mar cuando van a ser capturados, por ejemplo), debe introducirse para calcular la multa, que siempre va en proporción a dicho valor.


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lunes, 3 de julio de 2017

Blanqueo de capitales (XIV): dos interesantes enlaces



Gracias a Ana Gallur, letrada murciana, he tenido conocimiento del resultado de la reunión del GAFI (FATF en inglés), que concluía la presidencia de España que ahora pasa a Argentina. Se puede ver el enlace AQUÍ.

Las conclusiones pasan porque Bosnia y Herzegovina, Etiopía, Irak, Siria, Uganda, Vanatú y Yemen siguen con deficiencias acusadas en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (a las que se debe unir Corea del Norte, Irán, Papúa Nueva Guinea, Guyana y Myanmar.

Por su parte, Afganistán y Laos son reconocidas como naciones que han hecho progresos muy significativos.

Debe tenerse esto en cuenta tanto desde la perspectiva administrativa como desde la de compliance, dado que se puede acabar condenando a las personas jurídicas, incluyendo por imprudencia grave, a las que cometan delitos relacionados con la ya referida prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Por otro lado, gracias a Iván Ventura Díaz, abogado en Las Palmas de Gran Canaria, he llegado al siguiente magnífico metaenlace: pinchar AQUÍ.

Como habrá podido observar el lector, estamos hablando de multitud de reglas específicas y recomendaciones del Gobierno inglés respecto a la prevención del blanqueo de capitales.

Inglaterra, no nos engañemos, ha sido mucho más leal con sus operadores jurídicos que nosotros mismos. Mientras el SEPBLAC, edita guías sectoriales ciertamente muy interesantes, Inglaterra, se obliga como Estado en otras muchas materias, por ejemplo en su ley antisoborno de 2010 (UK Bribery act, artículo 9), a editar guías de prevención de delitos, no obligando a que cada jurista o empresa se las componga como pueda para prevenir dichos ilícitos.


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