martes, 15 de enero de 2019

La decimoséptima sentencia del Tribunal Supremo sobre personas jurídicas



La STS 3812/2018, de 15-XI, ponente Excma. Carmen Lamela Díaz, confirma una sentencia previa del TSJ de Cataluña.

Vaya por delante que ya analizamos en su día, precisamente, la sentencia del TSJ de Cataluña, tal y como podemos observar AQUÍ.

Ya decía entonces:
C) La pena: es realmente molesto volver a comprobar lo suaves que son algunos de nuestros jueces contra la delincuencia económica: hablamos de un fraude de 1’3 millones de euros, no concurriendo atenuantes, pudiendo haberse impuesto hasta 6 años de prisión ¿y qué impuso la Audiencia? 2 años y medio. Si no hace mucho lamentaba cómo una señora, por sustraer un móvil valorado en 409 €, siendo reincidente, se iba con un año y un día de prisión, mientras que dos empresarios, por defraudar a la AEAT 288.000 € se iban condenados por 8 meses (y es bastante sangrante al ver un asunto seguido del otro), nos tiene que llevar a ver que hay disfunciones muy graves en este tipo de delitos.”.

En todo caso, la sentencia del Tribunal Supremo no entra a valorar ninguna cuestión ni penal ni procesal en materia de personas jurídicas, porque la empresa ni recurrió ya la sentencia del TSJ. Por tanto, en realidad, de las 17 que van hasta la fecha, tan sólo la 2ª (STS 29-II-2016), la 3ª (STS 16-III-2016) y la 10ª (19-VII-2017); en el resto, las personas jurídicas han pasado por el Tribunal Supremo, pero el Tribunal Supremo no ha pasado por las personas jurídicas.

Como cuestión teórica que quiero lanzar a los lectores, nuevamente hay que entrar a examinar la cuestión de la culpabilidad. En la primera sentencia (2-IX-2015), el Tribunal Supremo absolvió a una empresa que no recurrió, al considerar que había que extender los efectos de la absolución de la persona física a la jurídica. Esto podría haber pasado en la 17ª que ahora vemos de haberse estimado que eran inocentes los finalmente condenados.

El TS, especialmente en la STS 29-II-2016 deja bien claro, decantándose por el criterio de la responsabilidad a través del criterio de la autonomía, que estamos ante culpabilidades diferenciadas, la de la persona física y la de la jurídica.

Y, claro, teniendo en cuenta que el art. 787. 8 LECRIM permite la conformidad separada de la persona jurídica, reconociendo por tanto su culpabilidad, en caso de que finalmente el empresario o empleado autor del delito fuese absuelto ¿cómo se puede sostener el criterio del TS en casos así? Es decir, si es necesaria en todo caso la actividad delictiva de un sujeto físico y hay absolución ¿se podría revocar/rescindir la sentencia condenatoria? Entiendo que no, al no haber cauce en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y eso nos llevaría a la paradoja de que con la legalidad en la mano puede caber la condena de la persona jurídica por conformidad, habiéndose absuelto por no ser delictiva la conducta de la persona física que se arriesga a entrar a juicio, mientras el TS ha absuelto a quien no ha recurrido, y, a la par, sostiene que estamos ante culpabilidades distintas, que han de tener derecho a la última palabra diferenciado del de los administradores, etc.

En otras palabras, me parece que tenemos que seguirle dando una vuelta a los conceptos de culpabilidad de la persona jurídica y a no pocas cuestiones, que, en mi opinión, tanto a nivel legal como jurisprudencial están lejos de estar zanjadas. Pero para eso, claro, hacen falta más instrucciones y acusaciones que no se están dando. La prueba es que la Fiscalía sólo ha presentado, y ganado, un recurso de casación, mío por cierto, que ha dado lugar a la 14ª sentencia y que no entró en el fondo de la cuestión. Es increíble que no haya muchas más sentencias dado que hay delitos, como los medioambientales por ejemplo, es impensable que se cometan sin personas jurídicas detrás, y es que Policía Judicial, Fiscalía y juzgados instructores deberían tomar el ímpetu necesario para consolidar al nuevo invitado del proceso penal.

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miércoles, 9 de enero de 2019

Condenadas dos empresas a 900.000 € de multa por blanqueo en la Audiencia Nacional


La sentencia 40/2018 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Sección 3ª, de 20-XI-2018, ponente Ilma. María de los Ángeles Barreiro Avellaneda, ha condenado a un sujeto por blanqueo de capitales y asociación ilícita y a dos empresas por blanqueo, imponiéndoles a cada una de ellas pena de 2 años y 6 meses de multa, con cuota diaria de 1.000 € (total, 900.000 € cada una), además del decomiso de once millones de euros, siendo esta una gran noticia y entendiendo que es el camino que debe transitar una Fiscalía moderna: más condenas por delitos complejos, más recuperación de activos procedentes del delito y menos asuntos que nos hacen perder mucho tiempo. El Fiscal del asunto ha sido José Grinda, de Anticorrupción.

En mi opinión, lo destacable en cuanto al fondo de la sentencia es la problemática de la conformidad encubierta.

La conformidad encubierta no está regulada expresamente en nuestra legislación y consiste, esencialmente, en que como hay alguno de los acusados que no se quiere conformar pero el resto sí quieren reconocer los hechos y acceder a una rebaja de pena, o una acusación particular quiere imponer condiciones por las que no se quieren vincular las partes (como, por ejemplo, la actuación de la Abogacía del Estado de no conformar si no se les paga hasta el último céntimo antes del juicio), los acusados que se quieren conformar reconocen los hechos, el Fiscal en conclusiones definitivas hace la rebaja y se espera que el juez o tribunal imponga la pena en dichos términos. Es peligroso y a mí, por ejemplo, ya me la ha jugado un abogado que, después de haber rebajado yo la solicitud ha sostenido la inocencia de su cliente.

Todo esto por no tener una ley del siglo XXI que permita suspender el procedimiento, llevar por escrito y firmado por todos el acuerdo, celebrar el juicio sólo con los que no se quieran conformar, etc. Vamos, lo que ya existe en prácticamente todo el Derecho comparado.

Pues bien, en el presente caso, la Fiscalía, en conclusiones definitivas rebaja las penas para las dos empresas y los dos acusados, siendo que uno de ellos siempre ha sostenido su inocencia y es, finalmente absuelto. Todo parece indicar que la Fiscalía quería amarrar en todo caso el decomiso definitivo de los once millones de euros, la condena de una de las personas físicas y de las dos empresas, porque al que es declarado inocente porque no se conforma la pena que se le solicitaba era mucho más simbólica.

Los trazos más gruesos del asunto, en cuanto al fondo, es que el ruso condenado creó un entramado de empresas para aflorar, especialmente en el sector inmobiliario, bienes blanqueados. El condenado recibió 15 millones de euros de una tercera persona para empezar a comprar inmuebles, siendo que sus profesiones anteriores habían sido portero de discoteca, trabajador de agencia de viajes y del sector de la construcción, etc. En definitiva, alguien a quien nunca se le entregarían nunca 15 millones así porque sí.

En cuanto a las cuestiones de derecho sustantivo de derecho penal de la persona jurídica, la sentencia está huérfana de todo pronunciamiento. Es bastante curioso que el Tribunal Supremo, en su célebre sentencia “bisiesta”, de 29-II-2016, exigiese para garantizar la culpabilidad individualizada de las personas jurídicas respecto a las físicas que se aludiese a los defectos organizativos que habían permitido la comisión del delito, por no hablar de que todo parece indicar que las sociedades son unipersonales (que para mí, a la vista del 31 ter 1 Cp no dan problema, pero la Circular 1/16 FGE y no pocas sentencias de audiencias provinciales sí se los han puesto), no entrando la Audiencia Nacional en ningún pronunciamiento en un sentido u otro. Acaba aceptando, sin más, el acuerdo de la Fiscalía con tres de las defensas y absuelve a otra.

En cuanto a la conformidad, lo que me plantea serias dudas de que se haya llevado a cabo de manera cristiana, católica y apostólica es por lo que establece el art. 787. 8 LECRIM:
8. Cuando el acusado sea una persona jurídica, la conformidad deberá prestarla su representante especialmente designado, siempre que cuente con poder especial. Dicha conformidad, que se sujetará a los requisitos enunciados en los apartados anteriores, podrá realizarse con independencia de la posición que adopten los demás acusados, y su contenido no vinculará en el juicio que se celebre en relación con éstos.”.

Como vemos, la conformidad para personas jurídicas, con la redacción dada por la Ley 37/2011 tiene 3 aristas especiales:
1) Que, a diferencia de los procedimientos tradicionales, nada impide la conformidad por separado para las personas jurídicas, siguiendo el juicio para todos los demás (personas físicas y otras jurídicas) que no se quieran conformar.
2) Que no vinculará dicha conformidad al resto de los acusados (no se podrá tomar dicho acuerdo por las acusaciones como elemento, aunque es muy probable que planee sobre ellos).
3) Que se necesita el poder especial. El poder especial dado, claro está, por el órgano de dirección de la empresa. A todas luces, es una medida para proteger a la persona jurídica, para evitar que, de cara a aligerar la pena para una o varias personas físicas, se pacte una pena mayor por compensación a la persona jurídica. Y aquí nada se dice de dicha concurrencia. También es cierto que el legislador se olvidó de prever una cláusula de rescisión para casos como estos.

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martes, 8 de enero de 2019

Infracción de ley: sobre la continuidad delictiva en el delito de conducción sin licencia (384 Cp)


(Interesante esta medida como trabajos en beneficio de la comunidad)
La reciente STS 4267/2018, de 19-XII, de Pleno, ponente Excmo. Julián Sánchez Melgar, viene a interpretar la posibilidad de condenar a un sujeto por un delito de conducción sin licencia (384 Cp: bien por haber perdido la licencia por resolución administrativa, judicial o, directamente, nunca haber obtenido dicha licencia), ante la situación, habitual por lo demás, de que un conductor infractor sea detectado policialmente en una pluralidad de ocasiones.

El FJº 4º, nos da la respuesta:
CUARTO.- Aplicando estas consideraciones al caso enjuiciado, es evidente que la conducta de Ovidio se interrumpió cuando fue objeto de una detención policial para investigar el presunto delito de conducción sin permiso cometido.

Pues, bien, al tratarse de dos acciones, debemos ahora estudiar si nos encontramos ante un concurso de delitos a resolver por la vía del art. 73 ó 74 del Código Penal: concurso real o delito continuado. En efecto, el delito continuado no es más que una construcción penológica por medio de la cual los varios delitos cometidos por una persona se sancionan con una pena unitaria; no es, pues, un solo delito, sino varios sancionados como uno, que se denomina así como "delito continuado". Nació como una construcción jurisprudencial para atemperar las rígidas consecuencias del concurso real, y se convirtió posteriormente en ley, que dejó claro al intérprete que cuando los bienes jurídicos atacados fueren eminentemente personales, siempre será aplicable el art. 73 del Código Penal; y cuando se trate de infracciones contra el honor o la libertad e indemnidad sexuales, que afecten al mismo sujeto pasivo, se aplicará lo dispuesto en el apartado 3 del art. 74 del propio Código, para tomar en consideración, o no, la continuidad delictiva.

De modo que estaremos en presencia de dicha construcción punitiva denominada delito continuado, cuando concurra una  pluralidad de acciones u omisiones que dentro de un mismo plan preconcebido del autor, o aprovechando la misma ocasión, infrinjan el mismo o similar precepto penal, naturalmente siempre que se perpetren dentro de una proximidad temporal y actuando el autor con un dolo unitario, y obviamente siempre que se trate de varios delitos no juzgados con anterioridad, ni fragmentados por la acción del Estado en su función de persecución delictiva.

En el caso enjuiciado, la intervención del Estado a través de la Policía Foral de Navarra interrumpió el delito, por lo que mediante tal acción, la segunda integraba necesariamente un nuevo delito de conducción sin permiso.

La Audiencia considerando el cortísimo lapso temporal "entre ambos episodios punibles", razona que las infracciones deben penarse en continuidad delictiva.

Por nuestra parte entendemos que esta solución puede ser mantenida en esta instancia casacional, habida cuenta de que no podemos resolver peyorativamente este recurso en contra de reo, ante el aquietamiento a esta solución propugnado por el Ministerio Fiscal.

El cortísimo espacio temporal entre ambas acciones, apenas media hora, el aprovechamiento de la misma ocasión y el dolo unitario del autor, avala, excepcionalmente, la solución de la Audiencia. En cualquier otra circunstancia, la solución debería ser el concurso real.”.

Esto es muy interesante en la práctica, porque hay algunos conductores, por suerte pocos, a los que les da igual todo y siguen conduciendo días seguidos. A nivel policial y “contra reo”, es tan sencillo como que cada detección de conducción sin licencia se tramite en un atestado individual y siempre como juicio rápido. Hasta donde conozco, en todas las Fiscalías a la tercera se pide siempre prisión, que usualmente es atendida por los juzgados de lo penal.

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