martes, 23 de abril de 2019

En ocasiones veo reos cumple 7 años



Lejos parece quedar aquel 23 de abril de 2012, fecha en la que este blog empezó su andadura. De tener 192 visitas en todo el primer mes, a los 2’3 millones que ha superado recientemente, han pasado muchas horas de reflexión jurídica, recopilación de sentencias y otros materiales y debate con muchos juristas que he ido conociendo por el camino y que, de no ser por el blog, hubiera sido imposible contactar con los mismos.

 

Como ocurrió con la letra de cambio, y así lo explican los mercantilistas, el blog ha muerto de éxito. Ahora mismo me es literalmente imposible mantener el ritmo de otras épocas, en las que durante meses publiqué a siete post semanales, permitiendo que el blog se situase entre los de referencia del panorama nacional en materia jurídico penal. Sin embargo, ahora mismo eso resulta ser parte de la historia; me es imposible mantener el ritmo, dados los múltiples compromisos que me ha generado (conferencias que me han permitido visitar más o menos todo el territorio nacional e incluso Moscú, libros, etc.), y alguno autoimpuesto (como la tesis doctoral).

 

Por otro lado, no voy a negarlo y es que me resulta imposible esconderlo, fuera de la delincuencia económica, la de las nuevas tecnologías y el compliance, no me interesa ya nada. Es cierto que más de 1.200 post han dado para tocar prácticamente todas las materias, pero me encuentro también en un punto como el de los juristas de comienzos del siglo XIX: un blog es algo así como la Nueva o la Novísima Recopilación, una suma sólo ordenada por el mero aspecto cronológico. El problema radica en que un manual, más de Derecho penal, no vale la pena tampoco: a los pocos meses te puede aparecer una reforma del Código penal que te deje buena parte del texto obsoleto. De hecho, me había planteado comprar un manual de algo más de trescientos euros en dos tomos, pero al aparecer las Leyes Orgánicas 1 y 2/2019 se me esfumaron las intenciones.

 

Mientras me sigo replanteando las cosas (y buscando días de 80 horas), quiero agradecer a todos aquellos que siguen el blog desde el anonimato, o mediante las redes sociales (en especial Linkedin, Facebook y Twitter), dejando algún comentario, o contando conmigo para alguna ponencia, el que sigáis considerando merecedor de vuestro tiempo el acceder a esta bitácora, que surgió con otra finalidad, ser una simple base de datos personal, pero abierta al público.

 

Hace pocos días leía un hilo en Twitter de consejos para conferenciantes noveles escrito por David Marugán y señalaba como una cuestión a considerar que se debe ser agradecido con el público; a fin de cuentas, puede estar de cervezas y prefiere dedicar un tiempo a tu trabajo. Pues eso, muchas gracias por todo.

 

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lunes, 22 de abril de 2019

Tráfico de drogas (XVIII): La venta en establecimiento debe estar especialmente motivada (369. 3 Cp)



La reciente STS 183/19, de 2-IV, ponente Excmo. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, revoca en parte una sentencia de la Audiencia de Madrid, en materia de tráfico de drogas.

 

Concretamente, niega la aplicabilidad del subtipo agravado de venta en local abierto al público, 369. 3 Cp, por la venta de una papelina en una zapatería.

 

Dice el FJº 2º (f. 7):

2. Al recurrente le asiste toda la razón. Tal y como ha sido redactado el relato histórico de la sentencia los hechos declarados probados no pueden subsumirse bajo la específica agravación de venta en establecimiento abierto al público, contemplada en el artículo 369.3 del Código Penal. El relato fáctico se limita a describirla droga intervenida en el establecimiento sin hacer referencia alguna a la intencionalidad de los autores en relación con el acopio de droga, de forma que no puede precisarse si el almacenamiento de la droga estaba destinada a la venta en dicho establecimiento o simplemente a su depósito y posterior venta en otro lugar, cuestión de enorme relevancia pues, como argumentamos a continuación, en el relato fáctico se deben incluir necesariamente los datos que permitan la aplicación de la agravante de referencia.

 

Esta Sala en innumerables resoluciones (STS 831/2007, 5 de octubre, por todas) ha reiterado " [...] que el escenario en el que se comete el delito sólo puede ser tomado en consideración para fundamentar la aplicación de un tipo agravado cuando, por sus circunstancias, añade una mayor intensidad de injusto. Se trata, en fin, de evitar que un local adscrito a otras finalidades, sea puesto al servicio de la clandestinidad, facilitando así la impunidad y haciendo más rentable la ofensa al bien jurídico tutelado. La mayor agravación de la pena exige que los presupuestos fácticos que la explican se hallen plenamente acreditados. La existencia misma del establecimiento público y la actividad que en él se desarrollan, han de hallarse subordinadas ala clandestina distribución de estupefacientes. Por regla general, será necesario que la ocupación comercial de quienes regentan el establecimiento sea, en realidad, una fingida excusa para facilitar la difusión de la droga. La agravación, en fin, aparecerá plenamente justificada cuando la actividad principal esté plenamente subordinada a la labor clandestina de favorecimiento del consumo ilegal de drogas[...]".

 

En esa misma dirección la STS 889/2008, de 17 de diciembre afirmó que el fundamento de esta agravación se encuentra en el incremento del peligro para el bien jurídico, en cuanto posibilita al consumidor una mayor facilidad de acceso a la droga y permite al vendedor aprovecharse de las condiciones del establecimiento, que hace posible la presencia indiscriminada de clientes. No es ajena a esta consideración la exclusión de actos puramente esporádicos y aislados en los que no se aprecian las razones agravatorias que se acaban de expresar, al no revelarse en ellos un mayor peligro para el bien jurídico (SSTS 783/2008 de 20 de noviembre ,1153/2009 de 12 de diciembre , 920/2013, de 11 de diciembre).

 

Y la STS 542/2014, de 27 de junio entre otras muchas, recordaba que la aplicación de la agravante específica del artículo 369.3 CP , no puede fundamentarse en meras consideraciones formales, sino que exige un criterio restrictivo y un riguroso análisis de la concurrencia de los elementos materiales que constituyen la ratio legis de la agravación. En fin, como señaló la ya antigua STS de 10 de febrero de 2000 "la modalidad de posesión que conlleva un mayor contenido injusto no es la mera posesión en el local con destino al tráfico, sino la posesión con destino al tráfico en el local".

 

A todo lo anterior debe añadirse una precisión muy importante y de especial relevancia en el presente caso, que tiende a garantizar el control en la correcta aplicación de la agravante: Venimos exigiendo que en los hechos probados de la sentencia de instancia se hagan constar las circunstancias que justifiquen la apreciación de la agravante (SSTS 987/2004, de 13 de septiembre, 820/2012, de 24 de octubre, 542/2014, de 27 de junio) y en la sentencia impugnada no se ha cumplido con esta fundamental exigencia, lo que conduce a la estimación del recurso.

 

En efecto, en la redacción de los hechos probados únicamente se ha incluido el hallazgo de la droga en la zapatería, pero se ha omitido toda referencia al hecho determinante de la agravación, esto es la utilización habitual del establecimiento para la distribución de la droga a terceros. El relato fáctico, tal y como ha sido expresado, no permite la apreciación de la agravante dado que ésta sólo procede en los casos en que el establecimiento abierto al público es el cauce o instrumento de la distribución.”.

 

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miércoles, 10 de abril de 2019

El Derecho penal de 2019 (VII): LO 1/2019. Fraude de subvenciones (308 Cp)



La reciente LO 1/2019 ha modificado en profundidad este concreto delito.

 

Pasa a tipificar lo siguiente, subrayando las novedades:

1. El que obtenga subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas, incluida la Unión Europea, en una cantidad o por un valor superior a cien mil euros falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de su importe, salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 6.
2. Las mismas penas se impondrán al que, en el desarrollo de una actividad sufragada total o parcialmente con fondos de las Administraciones públicas, incluida la Unión Europea, los aplique en una cantidad superior a cien mil euros a fines distintos de aquéllos para los que la subvención o ayuda fue concedida, salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 6.
3. Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de tres a seis años.
4. Si la cuantía obtenida, defraudada o aplicada indebidamente no superase los cien mil euros pero excediere de diez mil, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa del tanto al triplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de seis meses a dos años, salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 6.
5. A los efectos de determinar la cuantía a que se refiere este artículo, se atenderá al total de lo obtenido, defraudado o indebidamente aplicado, con independencia de si procede de una o de varias Administraciones Públicas conjuntamente.
6. Se entenderá realizado el reintegro al que se refieren los apartados 1, 2 y 4 cuando por el perceptor de la subvención o ayuda se proceda a devolver las subvenciones o ayudas indebidamente percibidas o aplicadas, incrementadas en el interés de demora aplicable en materia de subvenciones desde el momento en que las percibió, y se lleve a cabo antes de que se haya notificado la iniciación de actuaciones de comprobación o control en relación con dichas subvenciones o ayudas o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante de la Administración autonómica o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida o antes de que el Ministerio Fiscal o el juez de instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias. El reintegro impedirá que a dicho sujeto se le persiga por las posibles falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación.
7. La existencia de un procedimiento penal por alguno de los delitos de los apartados 1, 2 y 4 de este artículo, no impedirá que la Administración competente exija el reintegro por vía administrativa de las subvenciones o ayudas indebidamente aplicadas. El importe que deba ser reintegrado se entenderá fijado provisionalmente por la Administración, y se ajustará después a lo que finalmente se resuelva en el proceso penal.
El procedimiento penal tampoco paralizará la acción de cobro de la Administración, que podrá iniciar las actuaciones dirigidas al cobro salvo que el juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la suspensión de las actuaciones de ejecución previa prestación de garantía. Si no se pudiere prestar garantía en todo o en parte, excepcionalmente el juez podrá acordar la suspensión con dispensa total o parcial de garantías si apreciare que la ejecución pudiese ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación.
8. Los jueces y tribunales podrán imponer al responsable de este delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como investigado, lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 6 y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será igualmente aplicable respecto de otros partícipes en el delito distintos del obligado al reintegro o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguación del patrimonio del obligado o del responsable del delito.”.

Novedades:
Apartado 1: Tipo básico. Se rebaja el límite mínimo del fraude de 120.000 € a 100.000 €. Queda claro que los fondos también pueden ser de origen UE (no pocos jueces daban problemas ya desde la instrucción con este punto). La referencia al reintegro debe entenderse hoy al 308. 6 Cp (antes 308. 5 Cp).
Apartado 2: Tipo relativo al desvío de fondos  (p. ej. se conceden los fondos para equipamientos tecnológicos ganaderos y se destinan los fondos para vehículos de empresa u otros fines distintos). Se rebaja el límite mínimo del fraude de 120.000 € a 100.000 €. Queda claro que los fondos también pueden ser de origen UE. La referencia al reintegro debe entenderse hoy al 308. 6 Cp (antes 308. 5 Cp).
Apartado 3: Privación de beneficios e incentivos fiscales, de Seguridad Social, etc. Sigue igual.
Apartado 4: La mayor novedad. Se crea un subtipo atenuado para la franja de la defraudación entre los 10.000 y los 100.000 €. Antes la jurisprudencia del Tribunal Supremo era muy clara en el sentido de que podía ser delito de estafa. Véase ESTE POST. Una jurisprudencia muy del Tribunal Supremo, muy reiterada, muy lógica y todo lo que se quiera pero que, a la hora de la verdad, los juzgados de provincias se olvidan siempre de aplicar. Lógico porque no es normal que una estafa contra un particular de 400’01 € sea delito y un fraude de subvenciones de 119.999’99 € fuese una simple infracción administrativa, cuando no deja de ser una modalidad de estafa muy concreta contra una administración pública.
De todas maneras, el parlamento sigue incentivando con esas penas ridículas la comisión de este tipo de delitos: si defraudo una subvención de hasta 100.000 € lo máximo que me puede imponer un juez es 2 años de prisión, cuando, si un desgraciado roba dentro de un coche es de 1 a 3 años de prisión y si ya tiene antecedentes penales de 2 años y 1 día a 3 años. Todo muy lógico.
Apartado 5: Otra gran novedad y qué bien me hubiera venido que estuviera vigente en 2011. El cómputo de la subvención pasa de ser anual (se tenía que probar que se defraudaban 120.000 en un solo año) a valorar el conjunto de la defraudación (si el año 1 se defraudan 30.000 €, el año 2 40.000 €, el año 3 35.000 €, estamos ante fraude de subvenciones). Por no hablar de que será aplicable toda la teoría del delito continuado de fraude de subvenciones siguiendo las tesis del Tribunal Supremo sobre los subtipos agravados de estafa (si el año 1 se defraudan 50.000 €, el año 2 150.000 €, y el año 3 se defraudan 25.000 €, hablamos ya de delito continuado, como en el fraude contra la Seguridad Social, y la pena se impone en la mitad superior).
Apartado 6: Excusa absolutoria de reintegro si se devuelve todo antes de interponerse querella o denuncia. Sigue igual (antes estaba en el 308. 5 Cp).
Apartado 7: Sobre la prejudicialidad administrativa. Nada cambia, salvo que antes estaba en el 308. 6 Cp.
Apartado 8: Atenuación de la pena cuando lo devuelva todo dentro de los 2 primeros meses de ser citado a declarar como investigado. Nada cambia, salvo que antes estaba en el 308. 7 Cp.

En conjunto, una muy buena reforma, punitivamente hablando, aprobada a instancia de la UE. El caso es que en España este delito está, hasta la fecha, de mera decoración en el Código penal, sobre todo por las dificultades técnicas que ahora corrigen el 308. 4 y 5 Cp y que, como pasó con los delitos contra la Seguridad Social en la reforma de la LO 7/2012, va a dar mucho juego respecto a los fraudes de subvenciones que se han iniciado antes de la reforma, pero que continúan con posterioridad.

Veo, aún así, dos problemas fundamentales:
1) La ausencia de un subtipo agravado de notoria cuantía, como lo hay para el fraude fiscal (305 bis 1 a Cp) o el fraude contra la Seguridad Social (307 bis 1 a Cp). La pena, ahora mismo, se impone indiferentemente que se defrauden 100.000’01 € o cinco millones de euros.
2) Parece que va a quedar definitivamente inaplicable la jurisprudencia arriba señalada cuando estemos ante importes de 10.000 € o menos, quedando como mera infracción administrativa.

 

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miércoles, 3 de abril de 2019

Nuevo acuerdo de Pleno del Tribunal Supremo sobre competencia para declarar el incumplimiento de los TBC


(Los trabajos en beneficio de la comunidad en todo su esplendor)

Gracias a Roberto Guimerá, abogado, director del área de Derecho Penal de la Editorial Sepín, fiscal consorte, humanista e influencer todo en uno, he tenido conocimiento del siguiente acuerdo:

ACUERDO del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 2018, sobre competencia en caso de incumplimiento de trabajos en beneficio de la comunidad:

“El control de la ejecución de los trabajos en beneficio de la comunidad impuestos como condición de la suspensión de la pena de prisión, conforme a los arts. 80 y 84 del Código Penal, corresponde al órgano sentenciador (art. 86 CP).

Para propiciar una solución uniforme respecto de los trabajos en beneficio de la comunidad impuestos como pena sustitutiva bajo la vigencia del derogado art. 88 del CP, cabe estimar que la competencia para declarar el incumplimiento también corresponde al órgano sentenciador. Ello en la medida en que la nueva regulación del art. 86 del CP introduce criterios más amplios que pueden favorecer al penado, y no impone en cambio el automatismo de la regulación precedente, donde el incumplimiento determinaba la revocación de la sustitución (art. 88.2 CP)”.


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martes, 2 de abril de 2019

El Derecho penal de 2019 (VI): LO 1/2019. Falsedad de moneda y corrupción



La reciente LO 1/2019 ha modificado las siguientes cuestiones en estas dos materias:

Delitos de falsificación de moneda:

Se modifican los apartados 1 y 5 del art. 386 Cp:

1. Será castigado con la pena de prisión de ocho a doce años y multa del tanto al décuplo del valor aparente de la moneda:

1.º El que altere la moneda o fabrique moneda falsa.

2.º El que exporte moneda falsa o alterada o la importe a España o a cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea.

3.º El que transporte, expenda o distribuya moneda falsa o alterada con conocimiento de su falsedad.»

«5. Cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable de los anteriores delitos, se le impondrá la pena de multa del triple al décuplo del valor aparente de la moneda. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.”.

 

Por tanto, dos son las modificaciones de este artículo:

1) Antes el 386. 1 2º Cp castigaba respecto de la moneda falsa “2.º El que introduzca en el país o exporte moneda falsa o alterada.”, para ahora castigar el supuesto de la exportación sólo a la UE (pero, bueno, a países no UE se podría castigar por el 386. 1 3º, porque hay transporte también).

2) En cuanto a las personas jurídicas, se prevé la posibilidad de imponer, además de las multas, el resto de penas del 33. 7 Cp a las mismas. Hay que tener en cuenta que no es descabellado que se pueda dar el supuesto del 386. 3 Cp (no al 386. 1 3º Cp): recibir moneda no sabiendo que es falsa y luego intentar colocársela a un tercero, con lo que el beneficio directo o indirecto que exige el 31 bis Cp se colma.

 

387. 1 Cp:

A los efectos del artículo anterior, se entiende por moneda la metálica y el papel moneda de curso legal y aquella que no ha sido todavía emitida o puesta en circulación oficialmente pero que está destinada a su circulación como moneda de curso legal. Se equipararán a la moneda nacional las de otros países de la Unión Europea y las extranjeras.”.

 

Se ha corregido la fórmula de estilo, y mientras que antes se decía “y aquella que previsiblemente será puesta en curso legal”. Ahora se exige la certeza de que se va a poner en curso legal.

 

Cohecho:

Alcance del delito de cohecho. Se modifica el art. 423 Cp (lo nuevo es lo que subrayo):

Lo dispuesto en los artículos precedentes será igualmente aplicable a los jurados y árbitros, nacionales o internacionales, así como a mediadores, peritos, administradores o interventores designados judicialmente, administradores concursales o a cualesquiera personas que participen en el ejercicio de la función pública.”.

 

Extensión internacional (427 Cp):

Lo dispuesto en los artículos precedentes será también aplicable cuando las conductas descritas sean realizadas por o afecten a:

a) Cualquier persona que ostente un cargo o empleo legislativo, administrativo o judicial de un país de la Unión Europea o de cualquier otro país extranjero, tanto por nombramiento como por elección.

b) Cualquier persona que ejerza una función pública para un país de la Unión Europea o cualquier otro país extranjero, incluido un organismo público o una empresa pública, para la Unión Europea o para otra organización internacional pública.

c) Cualquier funcionario o agente de la Unión Europea o de una organización internacional pública.

d) Cualquier persona a la que se haya asignado y que esté ejerciendo una función de servicio público que consista en la gestión, en los Estados miembros o en terceros países, de intereses financieros de la Unión Europea o en tomar decisiones sobre esos intereses.”.

 

Tráfico de influencias y malversación:

Se da contenido y se introduce, respectivamente, el art. 431 y el 435 bis Cp, en materia de tráfico de influencias y de malversación de caudales públicos, y ambos señalan:

A los efectos de este capítulo se entenderán funcionarios públicos los determinados por los artículos 24 y 427.”.

 

Se introduce el 435. 5 Cp, con la responsabilidad penal de las personas jurídicas para los delitos de malversación.

 

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jueves, 28 de marzo de 2019

El Derecho penal de 2019 (V): LO 2/2019 de reforma de delitos contra la seguridad vial. 382 y 382 bis Cp



Leyendo con más detalle la nueva Ley Orgánica 2/2019, de reforma del Código penal, nos encontramos con que, dentro de los delitos contra la seguridad vial, se ha modificado el art. 382 Cp y se ha introducido un nuevo 382 bis Cp.

 

Regla concursal, art. 382 Cp:

Queda de la siguiente manera.

Cuando con los actos sancionados en los artículos 379, 380 y 381 se ocasionare, además del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, los Jueces o Tribunales apreciarán tan sólo la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior y condenando, en todo caso, al resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera originado.
Cuando el resultado lesivo concurra con un delito del artículo 381, se impondrá en todo caso la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores prevista en este precepto en su mitad superior.”.

La parte subrayada es la novedad.

Todo esto quiere decir, apartado 1º, que en los supuestos de conducción a velocidad excesiva, bajo los efectos de alcohol/drogas, conducción temeraria (380 Cp) y conducción con manifiesto desprecio por la vida de los demás (381 Cp),  cuando, ADEMÁS, concurra un homicidio o unas lesiones, se impone la pena del delito más grave en la mitad superior. Esto era lo que se aplicaba hasta ahora.

La pequeña novedad de este precepto, en su apartado 2º, consiste en que si además del homicidio o las lesiones se comete un delito de conducción con manifiesto desprecio por la vida de los demás (381 Cp), la pena de privación de la licencia de conducir vehículos a motor a aplicar será la del 381 Cp (y no la del homicidio o lesiones), en su mitad superior.

El nuevo delito de abandono del accidente (382 bis Cp):
Ahora se castiga lo siguiente:
1. El conductor de un vehículo a motor o de un ciclomotor que, fuera de los casos contemplados en el artículo 195, voluntariamente y sin que concurra riesgo propio o de terceros, abandone el lugar de los hechos tras causar un accidente en el que fallecieran una o varias personas o en el que se le causare lesión constitutiva de un delito del artículo 152.2, será castigado como autor de un delito de abandono del lugar del accidente.
2. Los hechos contemplados en este artículo que tuvieran su origen en una acción imprudente del conductor, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años.
3. Si el origen de los hechos que dan lugar al abandono fuera fortuito le corresponderá una pena de tres a seis meses de prisión y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de seis meses a dos años.”.

Por de pronto, debemos recordar que tenemos el art. 195 del Código penal, que castiga el abandono del lugar de un accidente y que, cosas de la vida, es competencia del Tribunal del Jurado. La división de preceptos hará que el 382 bis Cp castigará al conductor que causa el accidente y huye, mientras que el 195 Cp quedará para el conductor que pasa por el lugar de un accidente que no ha causado él y deja abandonada a la víctima.

En cuanto al apartado primero, procedemos a diseccionar:
Autor sólo puede ser el conductor, dentro de lo que se puede entender como tal de acuerdo con la normativa de tráfico. No así, por tanto, los pasajeros, al no tener el dominio funcional del vehículo.
Ese conductor causa él mismo la muerte de una o varias personas o de lesiones del art. 152. 2 Cp (lesiones por imprudencia menos grave). Creo que hubiera sido más correcto haberlo redactado como lesión al menos del art. 152. 2 Cp. La lectura literal del precepto nos podría llevar al absurdo de que si la imprudencia al causar la lesión es por imprudencia menos grave es punible, mientras que cuando es grave no.

En cuanto a los apartados segundo y tercero, se establecen las penas.
El apartado 2º castiga el supuesto de que se causa el accidente por imprudencia grave del conductor (por ejemplo, se salta un stop, iba bajo los efectos del alcohol, etc.), y encima huye.
Por su parte, el apartado 3º castiga el supuesto de que se causa el accidente de manera fortuita (por ejemplo, sale un peatón por donde es imprevisible) y el conductor huye. Este último apartado preveo que dará lugar a algunos problemas en casos puntuales.

En todo caso, dudo, frente a lo que le he leído a no pocos penalistas, sobre todo del sector universitario, que esto sea inconstitucional al ser una especie de vulneración del derecho a no declarar contra sí mismo o deber de facilitar la actuación policial.

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