Aprovechando
una noticia del Heraldo de Aragón de
ayer, vamos a ver qué ocurre cuando el Tribunal de Cuentas detecta indicios de
delito y manda la causa al tribunal regional que corresponde. Puede que haya
que pinchar en cada foto para leer bien la noticia.
Pues
bien, efectivamente, no pasa casi nada, o al menos no todo lo que quizá debería pasar, máxime en uno de los sectores donde más corrupción
de todo tipo de autoridades y funcionarios puede haber, en los contratos del
sector público.
Como
podrán observar los lectores, lo acontecido en ESTE POST, donde se puede leer la condena a dos arquitectos del Ayuntamiento de
Santiago de Compostela que alteraron uno de los sobres de un candidato a un
concurso para una reforma, al menos supuso una condena, si bien estamos en lo
de siempre, que no se investigan las maniobras últimas de corrupción (si nos leemos
ese post, el lector se quedará con la idea de que unos funcionarios alteraron
unos sobres de la contratación porque sí, sin recibir nada a cambio y sin tener
nada que ver la empresa que acabó siendo adjudicataria).
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Como los abogados zaragozanos ya sabemos los criterios restrictivos de la fiscalía a la hora de investigar hechos y llevarlos a los Tribunales, como por otra parte es su obligación, cada vez acudimos más directamente a la Fiscalía Especial contra la Corrupción o al Juzgad de Guardia, obviando el trámite de la fiscalía, que sabemos será simplemente un trámite, que encima puede hacernos perder medio año, y favorecer la posible prescripción de los delitos. Es triste decirlo, pero es así.
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