Diez conclusiones sobre el Tribunal Constitucional y su estadística

Ayer leí este interesante análisis en la página del Consejo General de la Abogacía sobre la actividad del Tribunal Constitucional durante 2014.

Dejo pegado el texto por si un día desapareciese o fuese difícil encontrarlo:

“El TC sólo admitió poco más del uno por ciento de los recursos de amparo en 2014

El Tribunal Constitucional aumentó su productividad un 11,6 por ciento durante el año 2014, según los datos contenidos en su Memoria, hecha pública este miércoles. En el pasado año el tribunal dictó un total de 7.409 resoluciones (sentencias, autos y providencias), 744 más que en 2013. El 95 por ciento, 7.050, fueron definitivas, es decir, supusieron la terminación del asunto.

Del total de resoluciones dictadas, 215 son sentencias (95 del Pleno y 120 de las Salas y Secciones); 305 son autos (82 del Pleno, 97 de las Salas y 126 de las Secciones); y 6.889 son providencias, en su práctica totalidad dictadas por Salas y Secciones, y de las cuales 6.681 son de inadmisión y terminación y 208, de admisión.

El porcentaje de inadmisiones a trámite en materia de amparo fue muy elevado y se situó en el 98,92 por ciento del total de resoluciones dictadas en fase de admisión (6.662 resoluciones de un total de 6.738 dictadas en fase de admisión).

Es decir, el tribunal solo ha admitido a trámite el 1,08 por ciento de los recursos de amparo. El Constitucional considera que este dato indica que la Justicia ordinaria “cumple de forma eficaz la función que las leyes le atribuyen en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

Esto provoca que el amparo ante el TC sea un recurso de naturaleza subsidiaria, tal y como lo configura la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Cabe destacar también que apenas la mitad de las 109 sentencias dictadas como consecuencia de la admisión a trámite de ese 1,08 por ciento de recursos otorgó el amparo a los demandantes (54 otorgaron total o parcialmente el amparo, 50 lo denegaron y otras 5 lo inadmitieron en su totalidad), dato que refuerza aún más el diagnóstico positivo sobre la calidad de nuestra Justicia.

En cuanto al número de resoluciones anuladas por el TC, en 2014 sumaron apenas 67 (49 de ellas eran sentencias), lo que supone el 0,87 por ciento del total de recursos de amparo presentados ese mismo año.

Causas de la inadmisión de los recursos de amparo.

Por primera vez, el Tribunal ha incluido en su Memoria datos estadísticos que identifican cuáles han sido las distintas causas de la elevada inadmisión a trámite de los recursos de amparo, así como el porcentaje de cada una de ellas.

Dichas causas pueden dividirse en dos grandes grupos: las que evidencian defectos insubsanables de las demandas de amparo (falta de justificación de la especial trascendencia constitucional, insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional, falta de denuncia de la vulneración del derecho fundamental, falta de agotamiento de la vía judicial previa, extemporaneidad del recurso y falta de subsanación de defectos procesales) y las que suponen una desestimación del recurso en el trámite de admisión y han requerido, por tanto, un análisis preliminar del fondo por parte del Tribunal.

El primer grupo representa el 65,01 por ciento del total de causas de inadmisión a trámite de las demandas de amparo, mientras que el segundo grupo supone el 31,62%. El 3,37 por ciento restante responde a otras causas.

Si se desglosan los distintos conceptos, resulta que la inadmisión del 36,24 por ciento de los amparos se debe a causas relacionadas con la falta de justificación de la especial trascendencia constitucional o con su insuficiente justificación en la demanda (el 19,97% por falta de justificación de la especial trascendencia constitucional y el 16,27% por insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional). Le sigue, con un 31,37 por ciento de las inadmisiones, la inexistencia de vulneración del derecho fundamental invocado. La tercera razón es, con un 13,99 por ciento, la falta de agotamiento de la vía judicial previa.”.

El quid de la cuestión está en la frase “el Constitucional considera que este dato indica que la Justicia ordinaria cumple de forma eficaz la función que las leyes le atribuyen en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos”. En mi opinión esto entronca con la inveterada costumbre española de echarse flores y no hacer ni una autocrítica. Sin embargo, como firme creyente de los Derechos Fundamentales, creo que el Tribunal Constitucional, poco a poco, se está apartando de aquello para lo que nació y que al menos en sus primeros años si cumplió: velar por los Derechos Fundamentales y hacer de puerta de entrada de doctrinas extranjeras más avanzadas en nuestro naciente derecho democrático.

Particularmente no es para estar muy orgulloso, en mi opinión, por los siguientes motivos:

1) Porque las inadmisiones de los recursos se realizan por providencia, inmotivada, cuando a los jueces ordinarios y a la administración se les exige auto o resolución debidamente fundamentada. De hecho, en el ámbito de los jueces, la absoluta falta de motivación supone incurrir en una infracción disciplinaria muy grave.

2) Porque el TC está tardando demasiado en resolver los recursos. Sirva de ejemplo la sentencia en la que ha tardado seis años en criticar que un órgano ordinario haya tardado tres.

3) Porque el TC está perdiendo su esencia de tutela de los Derechos Fundamentales. Si antes la gran mayoría de las sentencias dictadas eran relativas a concretas vulneraciones de Derechos Fundamentales, hoy la gran mayoría son relativas a pugnas de Administraciones, cuestiones o recursos de inconstitucionalidad, conflictos de competencias (una Comunidad Autónoma que considera que el Estado invade competencias, por ejemplo), etc. Ejemplo: BOE de 6-VII-2015; 26 sentencias publicadas, sólo 3 relativas a los derechos individuales.

4) Porque el TC dicta muy pocas sentencias al año y muchas son repetidas. En los últimos años el TC no alcanza nunca las 300 sentencias anuales, que entre 12 Magistrados supondría dictar 25 sentencias al año. Es un módulo que en el caso de jueces ordinarios acabaría suponiendo su segura expulsión de la carrera judicial. Pero, peor aún, es que muchas son repetidas. En el mismo BOE de 6-VII-2015 visto arriba, las SSTC 113 y 114 versan sobre la misma norma que la STC 83-2015 (pinchando en el enlace se puede ver). Por otro lado, las SSTC 116-123 y 125-135 versan sobre el mismo artículo legal. Es un poco como el parchís, comer una y contar veinte.

5) Porque a España la condenan cada vez más en órganos internacionales (TEDH y TJUE principalmente) y eso es porque el TC no hace del todo su trabajo. Para que un asunto acceda al TEDH es necesario haber agotado todas las vías internas del país, lo que en nuestro caso incluye al TC. No pocos casos se están dando donde el TC ni siquiera admitió a trámite la demanda y el TEDH nos acaba tirando de las orejas (un ejemplo: Sainz Casla vs España).

6) No diré que un órgano con funciones jurisdicentes deba hacer cosas de cara a la galería, pero es que no hay ni una sentencia memorable últimamente. La sentencia del Tribunal Supremo norteamericano relativa al matrimonio homosexual ha sido conocida en el mundo entero. Sin llegar a ese nivel, y eso que leo mucha jurisprundencia, es muy insípido lo que viene del TC, siendo, en mi opinión, de bastante más calidad ahora mismo la Sala de lo Penal del TS que el TC.

7) Porque las sentencias del TC no tienen un contenido real incluso aunque le acaben dando a uno la razón. Por ejemplo, al recurrente de la STC 91/2015 le anula el TC un auto del incidente previo de nulidad de actuaciones al recurso de amparo porque la Audiencia Provincial ni lo motivó. Muy bien ¿y? La Audiencia Provincial dictará el auto quitándole la razón y habiéndose perdido 2 años. En las varias sentencias en las que el juez ha inadmitido el habeas corpus válidamente solicitado ¿qué consecuencias disciplinarias ha tenido para el juez?

8) ¿Resuelve el TC o sus letrados? Evidentemente, esta es la formal cuestión que uno se debe plantear. ¿Sabe un catedrático de derecho tributario hecho Magistrado del TC lo mismo de unas garantías penales que del derecho a la intimidad por un top less robado en la playa? ¿O el grueso del trabajo decisorio lo están llevando a cabo los 80 letrados que entran sin oposición sino tras una especie de concurso de méritos? Teniendo en cuenta que las estadísticas hablan de más de seis mil inadmisiones ab initio, es un tanto dudoso que cada uno de los doce Magistrados se lea más de quinientas demandas de amparo, que no suelen ser precisamente de tres folios. Y digo esto porque quienes deben resolver son Magistrados del TC, porque la Constitución no habilita a ningún tipo de Letrado a hacer su trabajo.

9) El particular exterminio procesal del amparo respecto al contencioso-administrativo procedente del Tribunal Supremo: una de las cosas más impactantes que ha pasado en el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, es que, ni más ni menos, la Sala ha llegado a un acuerdo para exigir más requisitos de los que su ley procesal prevé para que sea admisible el recurso de casación. Así no me extraña que la pendencia haya bajado lo que ha bajado (y que ni aún por esas ha permitido que a su Presidente lo renovasen). Lo cierto es que en el sistema de fuentes del Derecho, eso que se suele enseñar en el primer mes en la facultad, los profesores te señalan que las fuentes son la Ley, la costumbre y los principios generales del Derecho. Complementando a lo anterior, pero sin poder arrogarse la fuerza de la ley, aparece la jurisprudencia. Y resulta que el TS, mediante autos, que no suelen acceder a las bases de datos usuales, ha empezado a inadmitir a mansalva recursos de particulares. Es decir, el TS se “inventa” requisitos que no aparecen en la LJCA. Consecuentemente, los letrados acuden al TC ante lo que es una clara vulneración de la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso al recurso y el TC ha dictado un gran número de sentencias, como las SSTC 7, 75, 76, 78, 80, 82, etc., donde ratifica lo dicho por el TS. Y no es por barrer para casa, pero en todos los recursos la Fiscalía del Tribunal Constitucional ha informado favorablemente a la estimación del recurso. Muchos otros recursos en esta temática ni han sido admitidos a trámite en el TC. Es muy preocupante que un órgano judicial, aunque sea el Tribunal Supremo, se pueda arrogar facultades legislativas vía autos de inadmisión y, encima, el Tribunal Constitucional les dé carta de naturaleza.

10) El TC no es una institución ágil. Hay recursos que, aunque sea únicamente por la cantidad de afectados reales que tienen, o por los derechos en juego que hay, se deberían resolver en pocos meses y no en muchos años. Pienso en casos como el del recurso de inconstitucionalidad contra el matrimonio y adopción homosexual, la ley de tasas judiciales o en aquel padre que después de once años ganó el amparo en lo relativo a la custodia compartida, donde no es asumible que se tenga en vilo a los ciudadanos durante tantos años, o se les prive de todo tipo de derechos personales o económicos que, en la práctica, no serán resarcidos.

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