Prescripción de los delitos y de las penas y personas jurídicas

(Y esto es un regalo que me hicieron ayer)

Las personas jurídicas, como nuevo invitado del procedimiento penal, traen una serie de ventajas de las que parece que muy poca gente se ha apercibido. Una de ellas es la relativa a la prescripción. Pudiéndose haber descubierto demasiado tarde un delito, por ejemplo delito fiscal, cabe la posibilidad de que, mientras para la persona física el delito esté prescrito, no sea así para la jurídica.

Para esto hay que partir de tres coordenadas básicas:

1) El art. 33. 7 Cp empieza señalando: “Las penas aplicables a las personas jurídicas, que tienen todas la consideración de graves, son las siguientes”.

2) Que, más allá de la pena de disolución (33. 7. b Cp), la pena de duración más larga es la de la letra f), pérdida de beneficios e incentivos fiscales y de Seguridad Social, de hasta 15 años.

3) Que cabe, ahora sin duda (antes para mí también), perseguir por estafa a una persona jurídica por delito leve.

Prescripción del delito:

Imaginemos una estafa básica (249 Cp), un delito fiscal, fraude de subvenciones, delito contra la Seguridad Social… en fin, cualquiera que no supere los 5 años de prisión. El art. 131 Cp dice:

“1. Los delitos prescriben:

A los veinte años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de quince o más años.

A los quince, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de diez años, o prisión por más de diez y menos de quince años.

A los diez, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de diez.

A los cinco, los demás delitos, excepto los delitos leves y los delitos de injurias y calumnias, que prescriben al año.

2. Cuando la pena señalada por la ley fuere compuesta, se estará, para la aplicación de las reglas comprendidas en este artículo, a la que exija mayor tiempo para la prescripción.”.

Ejemplo 1:

Estafa de hasta 3 años de prisión para la persona física. Prescripción 5 años.

Persona jurídica, art. 251 bis Cp: se prevé una pena de multa, con lo que, a priori, la prescripción también sería a los 5 años. Sin embargo, tiene un inciso final de lo más bonito para las acusaciones: “Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.”. Si, como Fiscal o acusación particular pido los hasta 15 años de pérdida de beneficios e incentivos fiscales y de Seguridad Social (33. 7 f Cp), saltamos hasta la friolera de quince años de prescripción (131. 1 Cp).

Ejemplo 2:

Delito fiscal, 305. 1 Cp, pena de 1 a 5 años de prisión para la persona física. Prescripción para la persona física a los 5 años de haberse cometido el delito.

Persona jurídica: 310 bis Cp. Contempla una pena de multa, lo que conllevaría la prescripción a los 5 años. Sin embargo, tiene también un inciso un tanto picarón para las acusaciones: “Además de las señaladas, se impondrá a la persona jurídica responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.”. Si se interpreta que eso es una inhabilitación, como en el supuesto de la estafa, la prescripción se daría a los 10 años.

Hay que partir de un presupuesto básico, según el art. 32 Cp las penas en España se dividen en privativas de libertad (y evidentemente la privación de incentivos y beneficios fiscales no lo es), privativas de otros derechos y la multa (que no lo es). Por eliminación, la pena privativa de beneficios e incentivos es pena “privativa de otros derechos”. De hecho, la pérdida de beneficios e incentivos fiscales y de Seguridad Social sólo aparece como pena para las personas jurídicas y no así para las físicas.

Prescripción de las penas:

Estamos ante un caso que no da lugar a dudas. Pensemos en el delito fiscal, por el que se ha condenado al sujeto a 3 años de prisión y la multa, siendo claro que si se fugase, prescribiría la pena a los 5 años. Sin embargo, para personas jurídicas sería a los 10 como mínimo:

Art. 133 Cp:

“1. Las penas impuestas por sentencia firme prescriben:

A los 30 años, las de prisión por más de 20 años.

A los 25 años, las de prisión de 15 o más años sin que excedan de 20.

A los 20, las de inhabilitación por más de 10 años y las de prisión por más de 10 y menos de 15.

A los 15, las de inhabilitación por más de seis años y que no excedan de 10, y las de prisión por más de cinco años y que no excedan de 10.

A los 10, las restantes penas graves.

A los cinco, las penas menos graves.

Al año, las penas leves.”.

El art. 33. 7 Cp empieza señalando: “Las penas aplicables a las personas jurídicas, que tienen todas la consideración de graves, son las siguientes”.

En resumidas cuentas, si la persona física ha tenido suerte y ha evitado el procedimiento por prescripción de su infracción, tal vez se esté en plazo para ir a por la jurídica.

Si la materia es de vuestro interés, podéis seguir otros enlaces similares con las etiquetas que constan al final del post o usando el buscador que aparece en el lateral derecho. También, si es de vuestro gusto y deseáis estar informados al instante sobre las novedades de este blog, podéis seguirlo suscribiéndoos en el lateral derecho del blog, o en

www.facebook.com/EnOcasionesVeoReos

o en @EnOcasionesVeoR