Condenada una empresa por 6 delitos fiscales (310 bis Cp)

La reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia 417/2017, de fecha 15-VI-2017, Sección 4ª, refrenda un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa y Abogacía del Estado, por haberse cometido en el seno de una empresa de recambios 6 delitos fiscales (3 del IVA 2011-2013 y 3 del impuesto de sociedades 2011-2013), siendo dos de ellos agravados por razón de la cuantía. Se da la circunstancia de que la empresa ingresó toda la cuota debida por todos los impuestos impagados, obteniendo así la atenuante de reparación del daño como muy cualificada para el administrador y para la persona jurídica (31 quáter Cp).

El administrador se queda con una pena de 2 años de prisión, una multa de algo más de millón y medio de euros y las prohibiciones para obtener beneficios e incentivos fiscales y de Seguridad Social.

La empresa, por su parte, se lleva de regalo algo más de 520.000 € de multa y las prohibiciones para obtener beneficios e incentivos fiscales y de Seguridad Social.

¿Ventajas para el Estado de todo esto “de las personas jurídicas”? Más de medio millón de euros de multa y tener un responsable solidario, además de que se ha obtenido el ingreso antes del juicio 4’5 millones de euros.

Hasta no hace demasiado me parecería una enormidad que alguien con 6 delitos fiscales, dos de ellos agravados por razón de la cuantía, no pisase la prisión, pero lo que la cruda realidad enseña es cosas como las siguientes:

A) Delito fiscal de impago de IVA de 288.000 € que se lleva unas dilaciones indebidas ni siquiera alegadas por la defensa y cuya pena queda en 8 meses de prisión, cuando la señora del juicio anterior, por un hurto de un móvil de 409 €, siendo reincidente, se va con 1 año y 1 día de prisión.

B) Dilaciones indebidas en prácticamente el 100% de los asuntos en la mayoría de los casos imputables en exclusiva al Poder Judicial (asuntos parados 3 y 4 años por completo), hasta habiendo alguno que ha prescrito directamente por inactividad de 5 años en un armario sin que nadie se percatase del mismo. No será porque un delito fiscal no se deje ver bien en un armario, que no son causas de cuarenta hojas precisamente.

C) Nulo interés por recuperar activos durante la instrucción en sede judicial. Eso de recuperar lo defraudado no va con nuestro país.

D) Nulo interés por recuperar activos en ejecución de sentencia.

No es de extrañar que se reformase la Ley General Tributaria (Disposiciones adicionales 10ª y 19ª, así como el 990 LECRIM para que la propia AEAT se encargue de buscar el dinero ya desde instrucción). Si se espera recuperar algo en un juzgado, Hacienda puede irse buscando una butaca bien cómoda.

E) Los jueces y sus singulares criterios. Porque sí, hay que decirlo. No entraré en contar casos vividos en propia carne, que darían para escribir una Enciclopedia Larousse. Vamos a recordar un caso ya mítico en Barcelona: la Fiscalía se querella contra Emilio Cuatrecasas, director del despacho de abogados con el mismo nombre, uno de los tres más grandes del país y el juez acuerda el archivo con un informe de catedrático (ver noticia AQUÍ). Aún resuena en mis ojos el repaso que vi que nos daba.

“No aparece el más mínimo indicio de ocultación o defraudación”, replica el juez, porque la Agencia Tributaria tuvo un “íntegro y pormenorizado conocimiento” de todos los datos de esas sociedades y no apreció ninguna irregularidad. El juez cree que la ausencia de indicios es “palmaria” y reprocha que el caso se haya dirigido por la vía penal cuando podría haberse dirimido ante la Administración.

El auto reprocha a la Agencia Tributaria que sostenga “una entelequia” y que “desconozca la realidad”. Alaba, en cambio, las explicaciones “concretas, precisas y técnicamente innegables” de Cuatrecasas en su declaración como imputado.”.

Vaya ojo clínico el del instructor, que no sólo vio cómo la Audiencia de Barcelona revocaba el sobreseimiento, sino que el propio acusado pagó los 4’1 millones de euros, se conformó por haber cometido los 8 delitos fiscales y se apartó de la dirección del despacho (si no, ese despacho no vuelve a oler un contrato con una empresa anglosajona en la vida).

En fin, que dado cómo está el patio y la terrible inseguridad jurídica a la que nos vemos sometidas las partes procesales, es una gran victoria por lo recaudado tanto por el compañero de la Fiscalía como por el de la Abogacía del Estado.

Y, por cierto, va siendo hora de que el legislador se vaya planteando elevar la pena en los delitos fiscales, porque tras la última reforma una estafa que supera los 250.000 € queda en prisión de 4 a 8 años (250. 2 Cp), mientras que un delito fiscal de entre 120.000 y 599.999 € está en prisión de 1 a 5 años (esto sin contar con las dilaciones indebidas que pueden rebajarlo más aún con bastante facilidad), mientras que si estamos ante un delito fiscal en el que lo defraudado supera los 600.000 € la pena queda de 2 a 6 años de prisión (305 bis 1 a Cp) habiendo un desajuste evidente entre la estafa y el delito fiscal, no dejando de ser ambos un fraude, en el que en uno de ellos la víctima está individualizada: la AEAT.

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