El deber de audiencia al acusado en la segunda instancia. Las SSTC 22 y 43/2013

Ya expusimos en este post el deber que tienen los tribunales penales (e idéntico deber existe en los procedimientos sancionadores administrativos), de oir siempre al acusado el último, con la finalidad de que se pueda defender de la última acusación vertida contra él por dos razones: 1) Porque ya se ha liberado toda la prueba existente contra él y puede ser comprendida en su integridad, 2) Porque, pese a que vaya defendido por letrado y por muy bueno que este sea, el acusado tiene un conocimiento de primera mano de los hechos y de las circunstancias concomitantes por haberlos vivido personalmente. Por ambas razones se entiende que el deber de audiencia al acusado en el procedimiento en último lugar es hoy una garantía esencial y constitucionalmente protegida.

En este post vamos a hablar, sin embargo, de lo que ocurre cuando, en un procedimiento penal, una persona bien ha sido absuelta en la primera instancia o bien se le ha condenado a una pena y en la segunda instancia se agrava su situación.

En primer lugar, tal y como reiteradamente venimos insistiendo en otros post, nuestra LECRIM, de 1882, pertenece a la época de un tipo de delincuencia y de garantías procesales a todas luces hoy trasnochadas; el procedimiento penal actual no prevé, al no haberse reformado por nuestro ocupado legislador, la existencia de vista oral en la segunda instancia. Todo esto conlleva el panorama que estudian dos recientes sentencias del Tribunal Constitucional.

Sentencia del Tribunal Constitucional 22/2013

La STC 22/2013, de 31-I-2013 y publicada en el BOE de 26-II, estudia un recurso relacionado contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condenó a un arquitecto técnico por un delito contra los derechos de los trabajadores en el que murieron dos personas, cuando había sido absuelto en la primera instancia. La Audiencia, al ver que se presentaban 7 recursos, y siguiendo la línea ya firme de las SSTC 167/2002, 48/2008 y 91/2009, decidió convocar una vista y practicar prueba. La cuestión esencial es que, tal y como se sostiene en el Fdto. Jco. 3º, cabe convocar vista para revalorar la prueba de la instancia (reiteramos que en la LECRIM no se prevé eso expresamente, art. 790. 3 LECRIM, aunque no se veta tampoco).

Sin embargo, y aquí viene lo importante, la Audiencia modificó algunos hechos probados de la sentencia de instancia que conllevaron la absolución sin incorporar a la sentencia ninguna motivación fáctica para el cambio.

Dejamos por su interés parte del Fundamento Jurídico 4º:

“Recuerda al respecto la STC 135/2011, de 12 de septiembre, que “nuestra doctrina sobre las condenas penales en segunda instancia previa revocación de un pronunciamiento absolutorio, que se inicia en la STC 167/2002, de 18 de septiembre (FFJJ 9 a 11), y ha sido reiterada en numerosas Sentencias posteriores (entre las más recientes SSTC 21/2009, de 26 de enero, FJ 2; 24/2009, de 26 de enero, FJ 2; y 118/2009, de 18 de mayo, FJ 3), señala que ‘el respeto a los principios de publicidad, inmediación y contradicción, que forman parte del contenido del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), impone inexorablemente que toda condena se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente y en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción’. En aplicación de esta doctrina hemos dicho que el respeto a los principios de publicidad, inmediación y contradicción exige que el Tribunal de apelación oiga personalmente a los testigos, peritos y acusados que hayan prestado testimonio y declaración en el acto del juicio, dado el carácter personal de estos medios de prueba, a fin de llevar a cabo su propia valoración y ponderación y corregir la efectuada por el órgano de instancia. Habiéndose enfatizado que el órgano de apelación no puede operar una modificación de los hechos probados que conduzca a la condena del acusado si tal modificación no viene precedida del examen directo y personal de los acusados o testigos en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción (SSTC 170/2005, de 20 de junio, FJ 2, 164/2007, de 2 julio, FJ 2, y 60/2008, de 26 de mayo, FJ 5). De acuerdo con esa misma jurisprudencia, la constatación por las indicadas razones de la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) determina también la del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), si los aludidos medios de prueba indebidamente valorados en la segunda instancia son las únicas pruebas de cargo en las que se fundamenta la condena (SSTC 90/2006, de 27 de marzo, FJ 3; 95/2006, de 27 de marzo, FJ 1; 217/2006, de 3 de julio, FJ 1; 309/2006, de 23 de octubre, FJ 2; 360/2006, de 18 de diciembre, FFJJ 3 y 4)” (FJ 2).

La STC 201/2012, de 12 de noviembre, FJ 4, por su parte, ha reiterado, por lo que respecta a las posibilidades de celebración de vista oral en segunda instancia, que “para justificar una condena, no cabe valorar una prueba de cargo sin inmediación, y tampoco sin contradicción y publicidad”.

La sentencia estudiada declara la nulidad de la sentencia de la Audiencia de Madrid de 2006. No podemos sino plantearnos que dicha solución, aparentemente justa, puede llegar muy tarde para el interesado. La sentencia, por lo demás, sólo afecta a quien recurrió, no extendiendo sus efectos a otros intervinientes en el proceso.

Sentencia del Tribunal Constitucional 43/2013

La STC 43/2013, de 25-II, BOE de 26-III-2013, estudia, casualmente, otro asunto relacionado con un delito contra los derechos de los trabajadores.

El caso es de manual. El Juzgado de lo Penal absolvió a una señora y la Audiencia Provincial de Huelva, sin convocar vista, dictó sentencia trastocando hechos probados de la primera, no habiendo oído personalmente a la recurrida ni practicando prueba alguna.

Siguiendo la consolidadísima línea jurisprudencial iniciada en la STC 167/2002 y continuando, entre otras muchas, por las SSTC 38 y 60/2008, 34 y 188/2009, 46/2011 y 144/2012, el TC anula la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva por vulnerar el derecho al procedimiento con todas las garantías y a la presunción de inocencia (24. 2 CE).

Por último, debemos recordar, tal y como consta en el Fundamento Jurídico 5º de la STC ahora estudiada que sí que cabe tal cambio, sin oir al acusado previamente absuelto, en los siguientes casos:

“Ahora bien, hemos precisado que, cuando el órgano de apelación se limita a rectificar la inferencia realizada por el de instancia, a partir de unos hechos base que resultan acreditados en esta, estamos ante una cuestión que puede resolverse adecuadamente sobre la base de lo actuado, sin que sea necesario, para garantizar un proceso justo, la reproducción del debate público y la inmediación (SSTC 38/2008, de 25 de febrero, FJ 5 y 46/2011, de 11 de abril, FJ 2). De igual modo, la doctrina constitucional mencionada tampoco resultará aplicable cuando el núcleo de la discrepancia entre la Sentencia de instancia y la de apelación se refiera estrictamente a la calificación jurídica de los hechos que se declararon probados por el órgano judicial que primariamente conoció de los mismos, pues su subsunción típica no precisa de la inmediación judicial (STC 34/2009, de 9 de febrero, FJ 4). También hemos precisado que no cabrá efectuar reproche constitucional alguno cuando la condena pronunciada en apelación (tanto si el apelado hubiese sido absuelto en la instancia como si la Sentencia de apelación empeora su situación), a pesar de la alteración del sustrato fáctico sobre el que se asienta, esta no resulta del análisis de medios probatorios que exijan presenciar su práctica para su valoración, como es el caso de la prueba documental, cuya valoración sí es posible en segunda instancia sin necesidad de reproducción del debate procesal [SSTC 46/2011, de 11 de abril, FJ 2 b) y 154/2011, de 17 de octubre, FJ 2], o incluso la prueba pericial, cuando en el documento escrito de los informes periciales estén expuestas las razones que pueden hacer convincentes las conclusiones a las que esos informes lleguen (STC 143/2005, de 6 de junio, FJ 6)”.

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