Derecho penal de la persona jurídica (III): Sanciones del SEC, indemnidad y compliance

El 16 de junio, el SEC (Securities and Exchange Commission), el equivalente a nuestra CNMV pero efectivo y en EEUU, ha llegado a un acuerdo para retirar los cargos contra la empresa Paradigm, con sede en Albany (Nueva York), por 2’2 millones de dólares.

El caso es que un trabajador de dicha empresa había denunciado a la misma, dedicada a los fondos de inversión, por malas prácticas. Por lo visto, la empresa no se tomó demasiado bien que su empleado fuese deseal con quien le daba de comer. En 2011 el Gobierno de EEUU puso en marcha la llamada “Anti-retaliation whisteblower” (una especie de unidad anti-reprensión del colaborador con el Gobierno) y esta es, según indica la propia PÁGINA DEL SEC (en inglés), la primera causa abierta que se concluye.

“For whistleblowers to come forward, they must feel assured that they’re protected from retaliation and the law is on their side should it occur” (para el delator de ilegalidades que acude a nosotros, es importante que se sienta seguro y protegido de represalias y de que la ley está de su lado si estas ocurriesen).

Esto, salvando las distancias, se asemeja a la llamada GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE INDEMNIDAD, aplicada mucho por la jurisdicción laboral y prácticamente nada, o nada del todo, por la contenciosa, en el caso de que un trabajador haya pretendido defender algún derecho laboral, acudiendo a órganos administrativos (p. ej. inspección de trabajo) o judiciales y, como consecuencia inmediata de dicho ejercicio, sea represaliado.

Mientras, en otra galaxia no muy lejana, el Parlamento ultima la modificación del Código Penal. En medio del articulado se puede observar que el art. 286 bis CP va a castigar, como sanción autónoma al administrador que no tenga el plan de prevención del delito o su seguimiento. Una cuestión que está pasando desapercibida para la gran mayoría de periodistas y más peligrosa que la kryptonita para Superman. Con una pena de inhabilitación especial para industria o comercio, basada en la simple ausencia de planes preestablecidos de prevención de un catálogo tasado de delitos y también por no establecerse mecanismos de supervisión, muchas, muchísimas cosas están en el aire y ni se está creando un think tank al respecto de esta institución, prevención del delito, cuando hasta ahora siempre se hablaba de la reprensión del ya cometido, ni hay movimientos a nivel Parlamentario o del Gobierno de aprobar normas que introduzcan matices. El delito por no tener el plan de cumplimiento y su seguimiento y punto.

Para que el lector empiece a valorar la terrible complejidad de las múltiples cuestiones que van a aparecer, dejo algunas apuntadas:

¿Qué tipo de empresas cubrirán este servicio? ¿Empresas de seguridad privada? ¿Departamentos de Recursos Humanos sin formación jurídica real y mucho menos penal de precisión?

¿Personal interno o externo a la empresa supervisada? En el segundo supuesto ¿bajo la jerarquía del consejo de administración? ¿leales con las Administraciones judicial o civil investigadoras o no?

¿Separadas, o no, del departamento de litigios, si es que lo tiene la empresa?

¿Tendrán que soportar los mismos niveles de exigencia empresas de cinco trabajadores que las del IBEX 35? El Anteproyecto no dice nada al respecto.

Compliance officer ¿único o colegiado? ¿jurista o multidisciplinar? (No es lo mismo el cumplimiento normativo de una empresa de vertederos, un hospital, un banco, una cadena de supermercados, etc.).

Si la materia es de vuestro interés, podéis seguir otros enlaces similares con las etiquetas que constan al final del post o usando el buscador que aparece en el lateral derecho. También, si es de vuestro gusto y deseáis estar informados al instante sobre las novedades de este blog, podéis seguirlo suscribiéndoos en el lateral derecho del blog, o en

www.facebook.com/EnOcasionesVeoReos

o en @EnOcasionesVeoR