Comentarios al nuevo Cp: la prisión permanente revisable

(Imagen obtenida de la voz “Cadena perpetua” de la Wikipedia)

La reforma del Código penal, operada por las LO 1 y 2/2015, respectivamente de reforma del Código y antiterrorista han introducido la novedad de la llamada prisión permanente revisable. Hasta el 1-VII lo máximo que se podía imponer era 40 años de prisión por aplicación del art. 76 Cp, que esencialmente necesitaba dos o más delitos muy graves. Por un solo delito era imposible imponer el tope máximo de los 40 años.

Pues bien, tal y como se puede observar en la imagen que encabeza el post, la cadena perpetua, contra lo que se nos ha vendido desde determinados medios de prensa, es algo extendido en todo el “mundo civilizado”: Canadá, EEUU, Chile, Argentina, toda Europa menos Noruega, Portugal, España y ex Yugoslavia, Australia, etc. Es decir, con el cambio de regulación y la posibilidad de reclusión perpetua nos acercamos más al primer mundo que a países que tendemos a pensar como inseguros, especialmente los de Centro y Sudamérica.

La prisión permanente revisable se ve regulada en los siguientes preceptos:

Preámbulo: Apartado I, párrafo 2º. Breve justificación del cambio.

Preámbulo: Todo el apartado II.

Parte general:

Art. 33. 2: Previsión como “pena grave”, con todo lo que esto supone.

Art. 35 Cp: Evidente inclusión dentro de las penas privativas de libertad.

Art. 76. 1 e) Cp: Acumulación de condenas donde una pena impuesta sea la PPR.

Art. 78 bis Cp: Progresión en grado penitenciario.

Art. 92 Cp: Requisitos para la suspensión de la PPR.

Parte especial:

Art. 140 Cp: Procede la PPR cuando en un asesinato, no homicidio simple, haya concurrido: a) Víctima menor de 16 años o especialmente vulnerable o discapaz, b) Asesinato subsiguiente a delito sexual, c) Perteneciendo el autor a grupo u organización criminal. Apartado 2: Cuando haya cometido asesinato sobre dos o más personas.

Art. 485 Cp: Homicidio de Rey, Reina o Príncipes de Asturias.

Art. 605 Cp: Magnicidio. O sea, matar a Jefe de Estado extranjero o persona internacionalmente protegida.

Art. 607. 1º y 2º Cp: Causar muerte o delitos sexuales con finalidad de destruir total o parcialmente a grupo étnico, religioso, etc. (Genocidio).

Art. 607 bis 1º Cp: Ataque indiscriminado contra la población civil que causa muerte (Lesa humanidad).

LO 2/2015:

573 bis 1. 1º Cp: Muerte de una persona por terrorismo.

En resumidas cuentas, la parte especial no prevé nada que se pueda considerar, en modo alguno, escandaloso. Se ha previsto únicamente para los delitos más graves, que el 99% de la población ni tiene medios para cometer (genocidio, lesa humanidad, magnicidio, terrorismo) y el supuesto que más fácilmente veremos es el del 140 Cp (muerte de menores de edad o discapaces, etc.). Francamente, al menos en cuanto al concreto catálogo que se ha previsto no veo motivo alguno para su no inclusión.

El caballo de batalla de las críticas ha sido el genérico alegato de vulneración del art. 25 de la Constitución: todas las penas han de estar orientadas a la reinserción del autor. Como ya se ha visto, salvo por la excepción de Noruega, todos los países que podemos denominar “avanzados” tienen una previsión de cadena perpetua; directa en muchos casos, sin revisión ni historias. Cuando uno trabaja en algo como lo mío y ve lo que tiene que ver a veces, no le queda claro más que hay gente de pésimos instintos y cuya reeducación va a ser muy difícil, si no imposible. ¿Cómo reeducas a alguien que ha matado a golpes con una balda de madera y un sillín de bicicleta estática a dos niños de diez años? Realmente me resulta sumamente molesto ese tipo de discursos ajenos a la realidad, porque el tipo de personas que los defienden son gente que luego no querría a esos “rehabilitados” por el simple paso de los años como vecinos de puerta. Por poner un ejemplo, y eso que no se ha previsto la PPR para esos delitos, el delincuente sexual es sumamente difícil que abandone aquello que le da gusto y estoy seguro que todo aquel que se rasga las vestiduras por la rehabilitación no le gustaría un pelo que un hijo suyo tuviera que compartir el ascensor con el infractor.

Tampoco me parecen incorrectos los requisitos mínimos para la revisión (92 Cp): haber cumplido un mínimo de 25 años, clasificado en tercer grado, examen personal por el Tribunal y previos exámenes de especialistas, etc. Ha de notarse que en la tramitación parlamentaria se ha determinado, finalmente, que quien decide la suspensión o no es un órgano judicial y no dependiente de la Administración, que era una de las quejas más extendidas contra la institución.

Así pues, cuando tengamos a un niño decapitado con una sierra por un padre divorciado ¿qué elegimos? ¿15-20 años como antes? (y eso si no se le aplica alguna atenuante) ¿o la PPR como ahora con requisitos endurecidos por la gravedad del hecho? Todo ello por no olvidar que nadie obliga a matar a otra personas salvo legítima defensa o estado de necesidad (el clásico ejemplo de facultad de dos personas que pelean por el único tablón a flote del barco hundido, si bien los penalistas olvidan el procesal: no habría prueba del hecho).

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