El escrito de conclusiones de la acusación particular fuera de plazo

Con motivo del post del miércoles, mi estimado compañero Vicente López Fernández, Fiscal Coordinador en Denia, me ha hecho llegar la STS 3806/2012, de 22-V-2012, ponente Excmo. Antonio del Moral García, que trata el concreto problema del escrito de acusación presentado extemporáneamente (o fuera de plazo), por la acusación particular. Dice el FJº 4º:

“b)La presentación tardía de un escrito de acusación no acarrea sin más su ineficacia. Si se trata del Fiscal, fuera del caso previsto en el art. 800.5 de la LECrim , estaremos ante una irregularidad que podrá influir, si el retraso fuese insólito o desmesurado, para valora la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas; o en el ámbito interno de la Institución pero sin repercusiones en el proceso. Si, como en este supuesto, la queja se refiere a una acusación no pública, tampoco puede automáticamente anudarse a esa extemporaneidad su expulsión inmediata del proceso, si no ha mediado previo requerimiento judicial. Agotado el plazo señalado para evacuar el traslado conferido con el fin de formular el correspondiente escrito de acusación sin que se haya presentado éste, habrá que proceder como dispone el art. 215 de la LECr: señalamiento de un nuevo plazo, sin perjuicio de la imposición de la correspondiente multa. Sólo si, transcurrido ese nuevo término judicial, se omite la presentación del escrito de acusación habrá que entender precluido el trámite por aplicación supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 136), lo que, en definitiva, se traducirá en una suerte de desistimiento tácito o legal de la acusación particular, privada o popular ( STC 101/1989, de 5 de junio). Dadas las drásticas consecuencias que pueden aparejarse a la omisión del trámite en el término fijado, parece aconsejable que el señalamiento de ese segundo plazo previsto en el art. 215 vaya acompañado de la advertencia formal de tener por apartada del proceso a la parte acusadora de que se trate si no se evacua en tiempo el traslado conferido. Anudar al mero incumplimiento del plazo el efecto de tener por precluido el trámite sin más y, por tanto, por apartada del proceso a la acusación de que se trate, sería desproporcionado.

Las SSTS 73/2001 de 19 de enero y 1526/2002 de 26 de septiembre avalan esta interpretación que, por otra parte, encuentra apoyo legal en el art. 242.2 LOPJ.

c) Más aún: en el presente supuesto ni siquiera resulta correcto hablar de presentación extemporánea de tal escrito. Da por supuesto la recurrente que en ese plazo de diez días han de computarse también los inhábiles por virtud del art. 201 LECr, al no haberse abierto aún la fase de juicio oral. No se puede estar conforme con tal entendimiento. El citado precepto dispone: "Todos los días y horas del año serán hábiles para la instrucción de las causas criminales". La redacción proviene de la reforma operada por la Ley 1/2000, de 7 de enero por la que se aprobaba la Ley de Enjuiciamiento Civil. Antes tal precepto rezaba así "Los días en que los Juzgados y Tribunales vacaren con sujeción a la Ley, serán sin embargo hábiles para las actuaciones del sumario". Pudiera parecer una modificación estilística, tendente a enterrar una terminología rancia y adecuarla al art. 184 de la LOPJ . Pero tras las palabras se intuye también un cambio de paradigma: es la actividad material de instrucción de las causas criminales la que exige esa declaración de habilidad de todos los días y horas. De ahí no cabe deducir sin más que en los plazos procesales establecidos en esa fase inicial del proceso deban computarse los días inhábiles. La explicación de esa aparentemente inocua modificación que se lleva a cabo en una reforma de tanto fuste como es la promulgación de una Ley de Enjuiciamiento Civil no puede radicar en una simple mejora literaria. Es legítimo entender que el legislador quiso mediar entre dos interpretaciones de esa norma con consecuencias muy diferentes y ambas compatibles con la Constitución Española ( STC 1/1989, de 16 de enero). Según la primera esa declaración supondría que en aras de la agilidad todos los plazos procesales durante la fase de instrucción comprenderían todos los días. El entendimiento alternativo reclamaría un sentido distinto para la disposición: en lo que se está pensando es en la actividad que materialmente puede ser calificada de instrucción -práctica de diligencias con las finalidades previstas en el art. 299 LECr - pero no en actos de parte como la presentación del escrito de acusación o un recurso contra una resolución interlocutoria. La Ley ya no habla de las actuaciones del sumario, sino de  la instrucción de las causas criminales, locución que concuerda mucho mejor con esa segunda interpretación. Con esa forma de cómputo el escrito estaría presentado en el plazo legal, incluso presumiendo que la notificación de la resolución por la que se ordenaba dar traslado para calificar fue acompañada de la entrega material de las copias (STC 208/1998, de 26 de octubre). En efecto, la notificación se llevó a cabo el día 25 de octubre de 2007 (folio 353 vuelto); y el escrito se presentó el 6 de noviembre siguiente (o día 7) cuando, si se descuentan los días no laborables, todavía no había transcurrido el plazo de diez días establecido en la ley.

d)Además, tal y como ha recordado la parte recurrida en su escrito de impugnación, la resolución del Instructor confiriendo ese traslado (arts. 779.1.4 ª y 780.1 LECr) supone clausurar la fase de instrucción. No en vano el art. 780 encabeza un capítulo que se intitula "De la preparación del juicio oral". Pese a no estar abierto el juicio oral, ya no se puede hablar de fase de instrucción. Decae la eficacia del art. 201 LECr incluso en la más rígida de sus lecturas. Si a ello se añade que en ese trámite el Fiscal solicitó nuevas diligencias conforme le autoriza el art. 780.2 (folio 320) que se llevaron a cabo, y que, por tanto la fase de investigación se reabrió; y que cuando se volvió a dar traslado la acusación presentó un escrito en plazo dando por reproducida su anterior calificación (folio 383), se concluye la debilidad del argumento blandido en este motivo que, por ello ha de ser rechazado.”.

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