Eso del #compiyogui ¿no es delito? (filtraciones de mensajes de la Reina)

El miércoles nos despertábamos con una noticia publicada en eldiario.es con el título de “Los reyes de España arroparon a López Madrid cuando estalló el escándalo de las tarjetas black” (por cierto, que para mí que Reyes va con mayúscula). Resumiendo mucho y siempre según la noticia, la Reina habría mandado unos whatsapp a un empresario a los cuatro días de publicarse en El Mundo que estaba imputado por un delito de apropiación indebida con motivo de la investigación de las llamadas tarjetas black. En esos whatsapp la Reina se solidarizaría con el empresario y llamando “merde” a la prensa, con la particularidad por todos sabida que precisamente procede de dicha profesión.

Como por todos es sabido, desde la llamada Transición ningún Gobierno o Parlamento ha tenido el más mínimo interés en regular por una ley orgánica ni el derecho de huelga ni, en lo que ahora interesa, el de libertad de prensa. Son los dos únicos derechos fundamentales de nuestra Constitución que carecen de desarrollo legislativo y que han tenido que irse matizando a golpe de sentencia.

Debo jurar que no deja de sorprenderme, desde una perspectiva estrictamente jurídica, cómo he visto decenas de mensajes, Tweets y publicaciones variadas, procedentes muchos de juristas, cargando contra la Corona y no contra el periódico. De hecho, un periódico que ha hecho de amplificador de la libertad de expresión en asuntos como el de los titiriteros o el del concejal de Madrid que hacía chistes sobre judíos y ceniceros, ahora filtra supuestos whatsapp sobre, no lo olvidemos, opiniones. Porque, aunque no lo parezca, hasta un Monarca tiene amigos y enemigos, filias y fobias y no deja de estar impregnado por las pasiones propias de los hombres.

Lo curioso y olvidado por muchos juristas es que me parece, hablando rápido, que el medio de comunicación se ha pasado bastantes pueblos. Si no se pueden intervenir comunicaciones sino con mandamiento judicial y aquí los supuestos whatsapp proceden de otra investigación sobre el empresario, ignoro: 1) cómo no se eliminaron dichas conversaciones por irrelevantes para la investigación (ahora váyase uno a saber quién lo ha filtrado: el juez, el LAJ, el fiscal, las partes, la policía judicial, etc.), 2) cómo se ha atrevido el medio a publicarlo al no haber un interés real más allá del puro morbo, concurriendo, en mi opinión, una más que ilegítima vulneración del derecho a la intimidad e inviolabilidad de las comunicaciones (recuerdo, e insisto, sólo interceptables por resolución judicial).

Como quiera que en los delitos contra la intimidad podría encajar perfectamente en el art. 197 Cp (omito el apartado 7º que es del sexting):

“1. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

2. Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero.

3. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los números anteriores.

Será castigado con las penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses, el que, con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare la conducta descrita en el párrafo anterior.

4. Los hechos descritos en los apartados 1 y 2 de este artículo serán castigados con una pena de prisión de tres a cinco años cuando:

a) Se cometan por las personas encargadas o responsables de los ficheros, soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o registros; o

b) se lleven a cabo mediante la utilización no autorizada de datos personales de la víctima.

Si los datos reservados se hubieran difundido, cedido o revelado a terceros, se impondrán las penas en su mitad superior.

5. Igualmente, cuando los hechos descritos en los apartados anteriores afecten a datos de carácter personal que revelen la ideología, religión, creencias, salud, origen racial o vida sexual, o la víctima fuere un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, se impondrán las penas previstas en su mitad superior.

6. Si los hechos se realizan con fines lucrativos, se impondrán las penas respectivamente previstas en los apartados 1 al 4 de este artículo en su mitad superior. Si además afectan a datos de los mencionados en el apartado anterior, la pena a imponer será la de prisión de cuatro a siete años.”.

Y, por si fuera poco, el art. 197 quinquies Cp permite investigar directamente al periódico también. La responsabilidad penal de las personas jurídicas puede dar mucho de sí. También hay que notar que no sólo podría denunciar la Casa Real, sino incluso la Fiscalía de oficio (art. 200 Cp), ya que este es uno de esos supuestos donde parece que se afecta a los “intereses generales” (la víctima es la propia Jefatura de Estado, ya que aparecen whatsapp en el grupo como FR). Ya veremos si se deja amainar el temporal o alguna institución actúa, como en mi opinión así debería ser, porque no es de recibo que te publiquen en la prensa tus conversaciones, seas quien acabes siendo.

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