Érase una vez, en un lugar de cuyo nombre no deseo acordarme, que una
juez llegó a plantear a la Fiscalía si procedía a imputar a la Guardia Civil por,
al parecer, un delito de denegación de auxilio ante un delito cometido por uno
de sus miembros.
Francamente, cuando me llegó la noticia no quería creerme tal
barbaridad, aunque sabía que era perfectamente factible dado el bajo nivel que en ocasiones se aprecia en el ámbito forense, aunque este caso pueda ser ejemplo extremo. Comprobada la plena autenticidad de
la noticia, tan sólo se pueden extraer las siguientes conclusiones:
A) Que el nivel de la judicatura instructora, aunque no se trate de un problema general, especialmente en los
pueblos seguramente merecería algunas mejoras; nos salimos de las alcoholemias y montamos
una Operación Nécora de un delito simple. ¿No es el juez el instructor? ¿por
qué le tiene que pasar la causa a una parte, la Fiscalía, para que le informe
de lo que debería saber? ¿por qué, en vez de inadmitir directamente la
querella, al menos en lo atinente a la Dirección General, lo pasa a informe de
una parte?
B) ¿No sabe leer la juez en el mismo artículo que cita, 31 bis 5 (LO 5/2010), que impide la imputación de la DGGC como Administración que es?
“5. Las disposiciones relativas a la
responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones Públicas
territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores,
las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, a los partidos políticos
y sindicatos, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni
a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía,
administrativas o cuando se trate de Sociedades mercantiles Estatales que
ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general.”.
Si es tan clara la dicción, ¿por qué lo pasa a informe?
Nota, en 2015, tras la LO 1/2015 tampoco se podría imputar a la DGGC
(hoy art. 31 quinquies Cp):
“1. Las disposiciones relativas a la
responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado,
a las Administraciones públicas territoriales e institucionales, a los
Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades públicas Empresariales, a las
organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que
ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas.”.
C) Por si fuera poco, la juez ignora que el 31 bis 1 (LO 5/2010) seguía
un sistema de delitos tasados; no cualquier delito se podía imputar a una
persona jurídica, sino solo los expresamente previstos en el Código:
“1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas
serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta
de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y
administradores de hecho o de derecho.”.
Y no, en ningún momento, ha estado previsto que el delito de denegación
de auxilio sea imputable a una persona jurídica, sea un cuerpo policial o una
empresa de seguridad privada (por poner un ejemplo del sector privado).
D) Causa de 2013 y a finales de 2014 se plantea lo más básico de la admisibilidad
o no de la querella. Desde luego que la instrucción de 6 meses tiene su razón
de ser a la vista de casos como este: no se pueden eternizar los trámites por
pura voluntad judicial.
Sería muy deseable que se acabe de una vez con los juzgados mixtos,
aberración incomprensible en pleno s. XXI, que lo mismo tramitan un divorcio,
una cláusula suelo, un Prestige, una alcoholemia o un delito contra los
derechos de los trabajadores.
También sería más que recomendable, en un mundo profesional que exige
cada vez más especialización, que jueces y abogados (los fiscales hacemos un
98% de penal, aunque no estaría de más formación obligatoria en otras ramas),
tuvieran que pasar exámenes específicos para poder atender a las
correspondientes jurisdicciones. Sigo sin ver normal un ejemplo cien por cien
real: juez con cuatro años de antigüedad que está en su juzgado mixto de
pueblo, llevando civil y penal, pasa a una sección mixta de la Audiencia,
ratificando o deshaciendo el trabajo de magistrados quizás de veinte o más años
de antigüedad, para luego pasar a un juzgado unipersonal de lo contencioso.
Eso, a día de hoy, es posible en España.
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