lunes, 25 de marzo de 2019

La vigesimoprimera sentencia del Tribunal Supremo en materia de personas jurídicas



Bien poco dura la alegría en la casa del pobre, en este caso del Fiscal. Si hace unos pocos meses subíamos la, probablemente, segunda sentencia en mayor volumen de condena de multa del país, la dictada por la Audiencia de Pontevedra, que comentaba en ESTE POST.

Pues bien, nulidad y a repetir por culpa del órgano de enjuiciamiento, Fiscalía y Abogacía del Estado y de los claros.

Veamos la STS 123/2019, de 8-III, ponente Excmo. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca.

Causa del problema:
La Audiencia Provincial condenó a Amador y a Representaciones Lito, S.L. como autores de seis delitos contra la Hacienda Pública a las penas que constan en los antecedentes de esta sentencia. Contra la resolución de instancia interponen recurso de casación en un único escrito. En el primer motivo, al amparo del artículo 850.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim ), denuncian que no se citó para el juicio oral al representante de Representaciones Lito S.L. especialmente designado en la causa. Señalan que consta en el acta que en nombre de la sociedad comparece el otro acusado. Sin embargo, aunque en la fase de instrucción fue designado a esos efectos, el Juzgado de instrucción rechazó tal designación por entender que existía conflicto de intereses, por lo que, finalmente, se designó como representante en la causa de Representaciones Lito a Hermenegildo, que prestó declaración en tal concepto. Y en el juicio oral finalmente celebrado, se le citó como testigo, teniendo erróneamente al otro acusado como representante de la sociedad. En el curso de la práctica de la prueba, Hermenegildo compareció como testigo y prestó declaración en esa condición previo juramento o promesa. Alegan que tal forma de proceder causó formalmente indefensión, pues nadie ha podido declarar en nombre de la sociedad, sin que el otro acusado pudiera deslindar los intereses propios y los de la sociedad, dado se estado psico-físico. Que el juicio se celebró en su ausencia, y que no existe entre ambos acusados identidad de intereses, pues son cinco socios. Además, alegan que el nuevo letrado, al intervenir desde el punto en que cesó el anterior, tras las cuestiones previas, no pudo alegar la nulidad de la entrada y registro.”.

Sigue señalando:
La designación de la persona física que ha de operar en la causa penal como representante de la persona jurídica imputada o acusada tiene trascendencia respecto de las posibles estrategias de defensa y de la posición que pueda adoptar en el proceso respecto de las imputaciones efectuadas a la persona jurídica, de manera que es preciso tener en cuenta los posibles conflictos de intereses evitando, en esos casos que la persona jurídica comparezca en el proceso representada por otro de los acusados que pueda tener intereses contra puestos, no solo respecto de las cuestiones de fondo, atinentes a la existencia o no del delito imputado, sino incluso en relación con la orientación que deba darse al mismo ejercicio del derecho de defensa. Pues es claro que los intereses del administrador acusado, sea socio o no de la entidad igualmente acusada, pueden no coincidir con los de ésta, con los de los socios minoritarios, o, incluso, con los de los trabajadores.”.

2. En el caso, el coacusado Amador fue designado en la fase de instrucción como representante de la entidad Representaciones Lito, S.L., lo cual aparecía justificado formalmente por el hecho de ser el socio mayoritario con un 51%, Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado. El Juez de instrucción rechazó tal designación, al entender que existían intereses contrapuestos con los de la sociedad. Decisión que, en principio, ha de considerarse razonable si se tiene en cuenta que el 49% restante correspondía a otros cuatro socios e, incluso, que el citado fue designado Consejero Delegado junto con otros dos socios.

Tras algunas incidencias, se designó a Hermenegildo, como representante en el proceso de la sociedad recurrente, el cual prestó declaración en tal concepto en la fase de instrucción.

En el juicio oral, tras varias incidencias, para la fecha en la que efectivamente se celebró, se citó a Hermenegildo como testigo, haciéndose constar en el acta que Amador comparecía en nombre de Representaciones Lito,S.L.. En el curso del plenario, Hermenegildo prestó declaración como testigo, bajo juramento o promesa de decir verdad. Ni las partes ni el propio Tribunal hicieron observación alguna sobre el particular.

3. De lo anteriormente expuesto resulta que los derechos de la persona jurídica, como acusado en el proceso penal, no fueron respetados en la forma correcta. La falta de citación del representante designado para el proceso, para su comparecencia en el acto del juicio oral, le supuso a la persona jurídica la imposibilidad de prestar declaración, con los derechos inherentes a la posición de acusado, así como de hacer uso de la última palabra en ejercicio del derecho de autodefensa.”.

Los errores del acto del juicio:
Pero, en primer lugar, es responsabilidad del Tribunal (STC 137/2017) verificar que las partes, en este caso los acusados, han sido citados y comparecen debidamente representados al acto del plenario, para que puedan ser oídos. En un caso como el presente en el que, ya desde la instrucción, se había apreciado la existencia de conflicto de intereses que justificaba que la sociedad acusada estuviera representada por persona distinta de la persona física contra la que también se dirigía la acusación, era necesario asegurarse de que la persona jurídica acusada era citada en la persona designada, precisamente, para su representación.

Además, y, en segundo lugar, debió tenerse en cuenta, antes de admitir la prueba o, en su caso, al inicio del juicio oral, que el artículo 786 bis de la LECrim , no permite que sea designado como representante de la persona jurídica quien haya de declarar en el juicio como testigo.

Por otro lado, tampoco puede dejar de valorarse que, en el caso, la persona jurídica y el acusado persona física comparecían representados por el mismo Procurador y defendidos por el mismo Letrado, lo cual parece difícilmente compatible con la contraposición de intereses ya apreciada en la instrucción y que había dado lugar a la designación de un representante especial y distinto del otro acusado, sin que se constate ningún suceso que la hubiera hecho desaparecer.

En consecuencia, ha de apreciarse un déficit relevante en las condiciones en las que la persona jurídica compareció y pudo desarrollar su defensa en el plenario, y no solamente por no haber sido adecuadamente citada la persona especialmente designada para su representación en la causa penal, sino también porque fue representada procesalmente por la misma Procuradora y defendida por el mismo Letrado que actuaban en representación y defensa de otro acusado con el que se había apreciado la existencia de intereses contrapuestos, lo que en el caso, dadas las circunstancias, bien pudo haber causado un déficit en la defensa. Apreciación, que como hemos dicho más arriba, no es irrazonable, teniendo en cuenta que el acusado persona física era titular solamente del 51% de la sociedad, correspondiendo el otro 49% a otros cuatro socios; que todos ellos formaban parte del consejo de administración; que dos de ellos eran, junto con aquel acusado, administradores mancomunados, siendo necesarias dos firmas; y que no habían sido acusados en la causa.”.

La parte con la que no estoy de acuerdo:
Además, a diferencia de otros casos en los que las consecuencias para la persona jurídica son de orden civil, lo cual ha permitido justificar su no intervención en algunos aspectos penales, en los casos de responsabilidad penal, la determinación de la existencia del delito antecedente imputado a la persona física, es un elemento necesario para establecer las consecuencias de orden penal que afectarán a la persona jurídica, lo que justifica su presencia y posibilidad de intervención en las cuestiones relativas a esa materia.

En consecuencia, a efectos de evitar cualquier asomo de indefensión, la anulación de la sentencia y del juicio oral se extiende a ambos acusados, debiendo celebrarse un nuevo juicio en el que sea citado correctamente el representante especialmente designado por la persona jurídica, debiendo facilitarse la posibilidad de que la persona jurídica pueda designar nuevos Procurador y Letrado, diferentes de los que representen y defiendan al acusado Amador, designándose de oficio, si fuera pertinente.”.

En conclusión:
1) El juez instructor se inventa la ley y obliga a que la empresa de las orquestas tenga un representante especialmente designado distinto del administrador coacusado físico. La cuestión del conflicto de intereses es teórica y sin respaldo legal a día de hoy. Igual que conviene decirle a los niños que Star Wars o He Man son ficción, no parece ocioso recordar que lo imperativamente aplicable son los arts. 119 y 409 bis LECRIM, que no imponen quién debe ser o no el representante de la persona jurídica en el procedimiento penal.
2) Esto se hubiera cortado de raíz si la Fiscalía y Abogacía del Estado hubieran recurrido esa cuestión ya al comienzo.
3) Llegamos al juicio y o bien la Fiscalía o bien la Abogacía del Estado, no queda claro cuál ha sido de las dos, hace trampas al solitario. No se puede, como bien indica el TS al amparo del 786 bis LECRIM, citar como testigo (con obligación de decir la verdad) a quien ha declarado en instrucción como representante de la persona jurídica (con irresponsabilidad en caso de mentir).
4) La Audiencia Provincial, por si fuese poco, tampoco corta el punto anterior.
5) Con lo que no estoy de acuerdo es con la nulidad del juicio para el acusado persona física condenado. Si el TS está venga a decir que estamos ante una auto responsabilidad, que son entes autónomos persona física y jurídica, aquí debería haber sido consecuente: la indefensión lo era sólo para la persona jurídica y debería haber estudiado el resto de los motivos del recurso de la persona física y haber ratificado o no su condena. La persona física estuvo debidamente representada en todo momento y pudo alegar todo cuanto quiso, con lo que, si decimos que son autónomos entre sí, tenía que haberse resuelto definitivamente frente a él.

Y, en último lugar, a ver si en la Fiscalía se van tomando decisiones de calado y no todo son presentaciones de cursos, recepciones y viajes, así como volcarse en la violencia de género y en los delitos de odio porque, por una tontería como esta, se han perdido más de 35 millones de euros, que se dice muy pronto, a resultas de lo que pase en la repetición del juicio.

No nos queremos dar cuenta de que el Derecho penal ha dejado, y hace años, de ser un Derecho de pobres, toxicómanos y demás desgraciados que no tienen donde caerse muertos, para pasar a ser un Derecho muy sofisticado tanto desde el punto de vista de los nuevos tipos penales como de las garantías del procedimiento. Lenta pero inexorablemente la Fiscalía se está quedando atrás, colapsada por materias en las que no deberíamos estar (contencioso, social, civil, mercantil, donde pueden ponerse turnos de abogados especializados), mientras que, en las que deberíamos estar especialmente (económicos, corrupción, medioambiente, extranjería, urbanismo, siniestralidad laboral), parece que son el estorbo molesto de esta casa.

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jueves, 14 de marzo de 2019

El Derecho penal de 2019 (III): LO 2/2019 de reforma de delitos contra la seguridad vial. Principios generales


La reciente Ley Orgánica 2/2019 ha procedido a modificar los delitos de homicidio por imprudencia (142 Cp), lesiones imprudentes (152 Cp), relaciones concursales de delitos (382 Cp) y se introducen los siguientes delitos o subtipos:
1) Subtipo agravado de homicidio imprudente (142 bis Cp).
2) Subtipo agravado de lesiones imprudentes (152 bis Cp).
3) Abandono del lugar del accidente (382 bis Cp).

Aunque en días sucesivos iremos analizando cada artículo de los modificados, lo que queda claro es que los principios generales de esta concreta reforma son:
1) Que esta reforma obedece a una importante demanda social, en palabras del propio preámbulo de la LO. Lejos empiezan a quedar aquellos tiempos en los que las reformas del Código penal venían del sector universitario, al que nunca leo u oigo contento de ninguna reforma penal.

2) Que se introducen nuevos supuestos en los que las imprudencias van a pasar a ser consideradas como graves, no pudiendo ser menos graves o leves: cuando haya mediado alcoholemia o conducción bajo los efectos de drogas.

3) Se elevan las penalidades, con lo que no va a ser nada raro empezar a ver homicidios imprudentes en primera instancia en las Audiencias, especialmente gracias a las acusaciones particulares, para alegría y alborozo de los jueces de lo penal unipersonales. Así, una alcoholemia (379. 2 Cp), que suponga la muerte de otra persona (142. 1 Cp), por el nuevo 382 Cp supondrá siempre un mínimo de dos años y medio de prisión, salvo que se consiga aplicar alguna atenuante muy cualificada. El número de presos por delitos contra la seguridad vial también va a aumentar.

4) Otra estrella de la reforma es el nuevo delito de abandono del lugar del accidente (382 bis Cp), que es un paso más allá del delito de omisión del deber de socorro (195 Cp), apenas aplicado, dado que algún gracioso no tuvo mejor ocurrencia en su día que introducirlo como delito del jurado popular (art. 1. 2 c LOTJ). Se distinguen penas en función de si el conductor ha participado en el atropello fortuitamente (por ejemplo, le aparece el peatón inesperadamente en un lugar no habilitado y el conductor huye) o si el conductor ha causado por su propia imprudencia el atropello y, encima, huye.


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martes, 12 de marzo de 2019

Interesante sentencia de acoso laboral (Audiencia de Alicante)



La sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante nº 392/18, Sección 2ª, de 20-XI-2018, ponente Ilmo. Francisco Javier Guirau Zapata, confirma la previa del Juzgado de lo Penal nº 2 de Alicante.

Hechos probados:
El acusado D. Eulogio es jefe de cocina de la empresa Nexela Services, desempeñando su trabajo en el Colegio Británico de Alicante. Como ayudante de limpieza y de cocina, subordinada al acusado, trabajaba también allí, con un contrato temporal entre abril y junio de 2016, la denunciante Dª Eva .En una ocasión, el acusado le dijo "mírame el plátano", aludiendo al plátano que se había puesto a la altura de los genitales, avergonzando con esta actitud a la denunciante.
El día 3 de junio de 2016, aprovechó que la mujer había entrado en un cuarto con objetos de limpieza, para sujetar la puerta impidiendo que saliera y diciéndole "porque sé que tienes novio, sino te ponía fina filipina, que estás muy buena".
El día 6 de junio de 2016, cuando la mujer llevaba un carro con bandejas, el acusado le dio un guantazo en el cuello.
Todo ello avergonzó y humilló a la mujer”.

En cuanto a la prueba, se puede leer en el FJº 1º, párrafo 4º:
Manifiesta la sentencia impugnada que "La declaración de hechos probados tiene por base fundamental la declaración de la denunciante, que se ha pronunciado en juicio con seguridad y firmeza, sin contradicción con sus manifestaciones anteriores y sin que se advierta más motivo para denunciar al acusado que la realidad de lo sucedido.....En algunos de los episodios no es esta la única prueba: la testigo Dª Miriam, trabajadora también de la empresa, presenció el último de los citados: ese día el acusado estaba enfadado, le dijo a su compañera "entra para el lavadero" y al pasar le pegó un guantazo en el cuello, fuerte porque ella pudo apreciar después la marca de la ruano. Y la testigo Dª Susana , trabajadora también, presenció otro: narra como el acusado iba detrás de la denunciante con un plátano en sus partes y diciéndole "mira mi plátano". Ni la denunciante ni las testigos trabajan ya en la empresa, ya que su contrato era de carácter temporal, pero no se advierte en eso motivo alguno para que mientan en su declaración.”.

En cuanto al 173. 1 Cp:
Los hechos declarados probados en la sentencia de instancia, perpetrados por el acusado contra su subordinada, son perfectamente subsumibles en el tipo objeto de condena. La repetición o permanencia de los tratos humillantes dispensados por el recurrente debe calificarse como acoso subsumible en el artículo173.1 CP ., siendo el bien jurídico protegido la dignidad de la persona, entre otros ámbitos, en el marco laboral, evitando situaciones humillantes o degradantes contra subordinados, sin que conductas inaceptables se puedan justificar alegando que se tratan de "bromas" de mayor o menor gusto. La denunciante tiene derecho a no sufrir sufrimientos físicos o psíquicos humillantes, vejatorios o envilecedores. El acoso laboral tiende adegradar al trabajador/a con una grave falta de consideración a su persona.”.

Hay una cosa que no entiendo, pero que sin ver la sentencia de la instancia es materialmente imposible saber:
¿Por qué no se indemniza a la señora? Lo cierto es que no recurre y puede que renunciase expresamente a toda indemnización. Hay que recordar que conforme al art. 120 Cp, respondería subsidiariamente del delito el referido colegio.

Desde otro punto de vista, es bueno ir viendo que condenas por este delito, muy difíciles de encontrar, lo son por 3 hechos que se han podido probar. El acoso laboral, del que tratamos bastante en su día en este blog, es una realidad muy extendida pero sumamente complicada de probar: los testigos, si es que los hay, al ser subordinados tampoco quieren problemas, si no se graba es muy complicado que se te crea y en los juzgados y fiscalías no somos muy de ponernos audios o CDs.

Podemos finalizar hablando de otra cuestión ciertamente perturbadora de nuestro Código penal, y es la disparidad de conductas de acoso que existen a día de hoy, con unas penalidades muy distintas:
El acoso “del pesado” (172 ter Cp):
1. Será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana:
1.ª La vigile, la persiga o busque su cercanía física.
2.ª Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas.
3.ª Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella.
4.ª Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella.
Si se trata de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación, se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años.

2. Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, se impondrá una pena de prisión de uno a dos años, o trabajos en beneficio de la comunidad de sesenta a ciento veinte días. En este caso no será necesaria la denuncia a que se refiere el apartado 4 de este artículo.

3. Las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso.

4. Los hechos descritos en este artículo sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.”.

Acoso laboral (173. 1 Cp):
1. El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.

Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima.”.

Acoso sexual (184 Cp):
1. El que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual, y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, será castigado, como autor de acoso sexual, con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses.

2. Si el culpable de acoso sexual hubiera cometido el hecho prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, o con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que aquélla pueda tener en el ámbito de la indicada relación, la pena será de prisión de cinco a siete meses o multa de 10 a 14 meses.

3. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o situación, la pena será de prisión de cinco a siete meses o multa de 10 a 14 meses en los supuestos previstos en el apartado 1, y de prisión de seis meses a un año en los supuestos previstos en el apartado 2 de este artículo. ”.

Como se puede ver, la pena que ha quedado como ridícula o de pacotilla es la del acoso sexual al lado de los otros dos tipos penales (172 ter y 173. 1 Cp); en el caso de que no haya delitos sexuales concretos (un tocamiento con o sin violencia o intimidación o una penetración), queda prácticamente impune.


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jueves, 7 de marzo de 2019

El Derecho penal de 2019 (II): 5 novedades en materia de personas jurídicas



En el cuadro que da origen al presente post, se contiene toda la normativa penal y procesal penal que estará vigente con la entrada en vigor de la LO 1/2019.

Podemos leer en la Exposición de motivos, apartado II, refiriéndose a los delitos contra el mercado y los consumidores:
También se reordena el reproche a los actos cometidos por una persona jurídica, cuando se declare la responsabilidad penal de ésta, en consonancia con la gravedad de las conductas de la persona física.”.

Apartado IV respecto de los delitos de malversación de caudales públicos:
A su vez, la directiva exige que sea punible cualquiera de los delitos previstos en ella, incluido el delito de malversación, cuando sea cometido por una persona jurídica. Por ello, sin perjuicio de las excepciones del artículo 31 quinquies del Código Penal, se establece también la responsabilidad de las personas jurídicas en el delito de malversación –único tipo penal de los regulados en la directiva que no lo admitía en nuestro ordenamiento– a aquellas personas jurídicas que por cualquier motivo gestionen recursos públicos o de cualquier otro modo estén encargados del erario público.”.

Analizada la Ley Orgánica, considero que los puntos más importantes, en lo atinente a las personas jurídicas, son los siguientes:
1) Se reordena el art. 288 Cp, dado que se han introducido nuevos delitos contra el mercado y los consumidores, en especial en lo relativo al manejo de información privilegiada.
2) Respecto de los delitos de falsificación de moneda, 386. 5 Cp, se añade la posibilidad de que, además de la multa, se puedan imponer otras penas del art. 33. 7 Cp.
3) Terrorismo: Se introduce la posibilidad de que se castiguen todos los delitos de terrorismo cometidos por personas jurídicas (actual 580 bis Cp), mientras que hasta ahora sólo se castigaba los delitos de financiación del terrorismo (576. 5 Cp). Ahora sólo falta que se aplique en la Audiencia Nacional alguna vez, porque no ha habido condenas por financiación hasta la fecha.
4) Se introduce como novedad el delito de malversación de caudales públicos (435. 5 Cp), pero que, atención, sólo serán aplicables dentro de lo previsto en el 31 quinquies Cp, esto es, empresas privadas que colaboren con una malversación, y las públicas dentro de los requisitos de dicho precepto. No deja de ser curioso que, desde 2015, la malversación se remite a la redacción de la apropiación indebida y la administración desleal (253 y 252 Cp) y, sin embargo, estos delitos siguen sin estar dentro del catálogo de perseguibilidad. No me vale la excusa de que son “delitos ad intra”, puesto que no es cierto: muchas veces, el matiz de si el engaño ha sido anterior o posterior al desplazamiento patrimonial es de valoración del órgano de enjuiciamiento.
Por ejemplo, si llevo unos muebles a un restaurador para que me los reparen, les doy el dinero y, llegado el momento, ni me devuelven los muebles ni el dinero, determinar si el engaño ha sido anterior (estafa y por tanto punible) o posterior (apropiación indebida y a día de hoy impune para la persona jurídica), ciertamente es muy de matiz de la prueba, no dejando de ser una defraudación que, siendo muy similar, quedará en algunos casos impune.
5) Evidentemente, se introducen nuevos tipos penales o variantes de los ya existentes en materias como delitos de tráfico de órganos humanos, contra el mercado y los consumidores, delito contra la hacienda de la UE, fraude de subvenciones, falsedad de moneda, cohecho, cohecho internacional, y terrorismo.

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lunes, 4 de marzo de 2019

El Derecho penal de 2019 (I): Introducción



En los últimos días se han aprobado las siguientes normas con afectación directa del Código penal o en cuanto a la planificación de la ejecución de sus disposiciones:
Ley Orgánica 1/2019, de reforma del Código penal en materias de delitos de terrorismo, tráfico de órganos humanos, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra el mercado y los consumidores, falsificación de moneda, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos. Entra en vigor a los 20 días de la publicación en el BOE.
Ley Orgánica 2/2019, que afecta a delitos contra la seguridad vial. Se publicó en el BOE del sábado 1 de marzo y entra en vigor al día siguiente, con lo que, estimados lectores, cuando estéis leyendo esto ya ha entrado en vigor.
Orden PCI/161/2019, de 21-II, por la que se aprueba la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave (BOE del viernes 22-II-2019).
Orden PCI/179/2019, de 22-II, por la que se aprueba la Estrategia Nacional contra el Terrorismo 2019 (BOE del martes 26-II-2019).

Además, afectan de manera tangencial:
Ley 1/2019, de secretos empresariales, (para los arts. 278 y ss Cp) (BOE de 21-II-2019).
Ley 2/2019, que reforma en profundidad el texto refundido de la Ley de propiedad intelectual (para los arts. 270 y ss Cp) (BOE de 1-III-2019).


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jueves, 28 de febrero de 2019

La decimoctava sentencia del Tribunal Supremo en materia de personas jurídicas (empresa con plan de cumplimiento)



Tenemos sentencia nueva, que me hace mover las dos anteriores de número, habiéndose editado ya el blog al respecto.

La STS 334/2018, de 5-II-2019, ponente Excmo. Antonio del Moral García, trata de pasada un interesante tema, que me parecía ya claro, pero que el TS remacha.

Debemos acudir al breve FJº 3º que señala:
En otro orden de cosas, incluye el recurrente unas consideraciones sobre el valor de los compliance Su relación con el asunto que analizamos no se adivina. A partir de la introducción de un sistema de responsabilidad penal de personas jurídicas, esos Corporate Compliance, en la terminología anglosajona, pueden operar como causas exoneradoras de la responsabilidad penal de la persona jurídica; pero no pueden afectar en principio ni a las responsabilidades civiles; ni menos aún a la responsabilidad penal de las personas físicas responsables de delitos dolosos cometidos en el seno de una empresa.”.

Ya digo, creo que la cuestión de la extensión del 31 bis 2 y 4 Cp está más que clara, salvo para algún recurrente, por lo que se ve.

Por tanto, el empleado del Banco Sabadell que se apropia de cantidades de una cliente, no puede usar el plan de cumplimiento del Banco ni para exonerarse penalmente, puesto que sólo exonera a la organización, ni civilmente.

La sentencia, respecto a la compensación de culpas que pretende aplicar el Banco Sabadell, también es muy clara en su FJº 7º (extracto lo más importante al ser muy largo):
La concurrencia de algún grado de negligencia por parte de la perjudicada ni excluye la responsabilidad civil del tercero ni la disminuye.

A este respecto puede traerse a colación el análisis que de este punto efectuaba la STS 300/2014, de 1 de abril , reiterado en la STS 721/2018, de 23 de enero de 2019:
El interrogante se desplaza, así pues, a otro plano diferente, aunque la recurrida no alcanza a identificarlo. La pregunta sería ¿el art. 114 CP es escindible o fragmentable? Es decir ¿se permite la moderación de la responsabilidad civil con base en el art. 114 CP para unos responsables civiles y no para otros?

Más en concreto: tal precepto, ¿habilita para establecer una cuantificación de la responsabilidad civil del penado y otra diferente y mitigada para el tercero responsable civil en virtud de tales razones?

La cuestión en abstracto es discutible. En parte estará vinculada al debate sobre la compensación de culpas tan explorado en la doctrina civil. La culpa de la víctima ( art. 1103 C Civil y jurisprudencia emanada con esa base) puede tener un efecto reductor (según la conocida evolución histórica: desde la rigidez de la regla pomponiana se ha llegado al criterio del reparto del daño basado en la proporcionalidad de las culpas concurrentes).Poner el acento de la responsabilidad civil ex art. 120.4 en el principio eius commoda, eius damna, será campo bien abonado para negar la dualidad de cuantificaciones (una cuantía a cargo del responsable penal que actuó dolosamente y otra rebajada para el tercero responsable civil por virtud de la negligencia de la víctima). La vinculación al principio de la culpa in eligendo o in vigilando sería base más fundada para propiciar esa fragmentabilidad: habría que moderar la cuantía del tercero responsable civil para compensar la culpa concurrente (culpa in vigilando) de la víctima.

Desde una perspectiva estrictamente civilista esa podría ser la solución.

Pero sea cual sea la opinión que se tenga sobre ese tratamiento legal, lo cierto es que en nuestro ordenamiento la responsabilidad civil nacida de delito tiene un régimen especial y diferente, en puntos a veces no despreciables, del régimen general de la culpa extracontractual: arts. 1092 y 1093 del Código Civil. Hay que estar a lo dispuesto en el Código Penal. Y en el Código Penal el art. 114 es un precepto inescindible. La responsabilidad civil subsidiaria es estrictamente vicaria de la responsabilidad civil del responsable penal. Es un espejo de ella. El responsable civil subsidiario responde de lo mismo que el responsable penal, aunque solo en defecto de éste. No caben diferenciaciones en el alcance de sus respectivas responsabilidades civiles en virtud de factores como éste (la culpa de la víctima no tendría relevancia en relación a la conducta dolosa, pero sí repartiría el daño en relación al tercero cuando hay culpas concurrentes). Y no se exige constatar en concreto la presencia de culpa de ese tercero civil responsable". (énfasis añadido).”.

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