jueves, 16 de mayo de 2019

Los decretos de los LAJ siempre son recurribles ante el órgano jurisdiccional (SSTC 34 y 49/2019)


 (Ya era hora)
Recientemente las Sentencias del Tribunal Constitucional 34 y 49/2019 se han pronunciado en el sentido de entender inconstitucional los preceptos que nieguen la posibilidad de que el Decreto del LAJ resolviendo el recurso de reposición contra su previa Diligencia de Ordenación pueda ser recurrido.

Allá por 2009 el legislador tuvo la ocurrencia, en mi opinión inconstitucional al rebasar el art. 117 de la Carta Magna que ordena a los jueces juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, de descargar un buen número de competencias en los Secretarios Judiciales y establecer que contra sus Diligencias de Ordenación cabía recurso de reposición, que resolvía el mismo Secretario y contra su Decreto resolviendo el recurso no cabría recurso ante el Juez o Tribunal. En definitiva, se les convertía en dioses incontrolados.

En lo que al proceso penal concierne, tenemos que repasar los arts. 238 bis y ter LECRIM, que son los afectados por la reforma de la Ley 13/2009.

Pues bien, algunos abogados afectados por sus juras de cuentas, plantearon recurso de amparo precisamente porque los Decretos de los Secretarios eran irrecurribles, desapoderaban a los jueces o Tribunales de todo control sobre los Secretarios y se llegaba a la anormalidad de que prácticamente toda resolución judicial es impugnable ante otra instancia y, sin embargo, las de los Secretarios no tenían control de los verdaderos ostentadores del Poder Judicial.

El Tribunal Constitucional, en las referidas SSTC 34 y 49/2019, partiendo de una cuestión interna de inconstitucionalidad, han declarado inconstitucionales preceptos de la LEC y de la Ley de la Jurisdicción Social. Por el mismo motivo, esto es aplicable a la LECRIM, de lo cual me alegro casi tanto como si me hubiesen reconocido un trienio.

Enlace a la STC 34/2019.
Enlace a la STC 49/2019.

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martes, 7 de mayo de 2019

Nueva Circular EEUU sobre la Evaluación de los programas de cumplimiento normativo o compliance



El US Department of Justice, el Ministerio de Justicia de los EEUU, a través de su Criminal Division, que engloba entre otros a la Fiscalía y al FBI, ha publicado a finales de abril de 2019 la Evaluation of Corporate Compliance Programs, o Guía adaptada para la Evaluación de programas de cumplimiento normativo.

Se puede consultar y descargar el enlace, en inglés, AQUÍ.

Por de pronto, se dobla la extensión del documento, de 8 folios hasta los 18, teniendo en cuenta que es una guía de obligado cumplimiento para todos los fiscales norteamericanos a la hora de evaluar si el programa de cumplimiento normativo, en España arts. 31 bis 2 y 4 Cp, era suficiente o no.

En España a lo que tendremos que esperar es a que la Fiscalía y la Judicatura abran el Código penal y lo apliquen, sin más, habiendo encontrado sentencias de Valencia en la que la Fiscalía no acusó por el 310 bis Cp (delito contra la Seguridad Social, en asunto cometido en 2013) o en Madrid se ha olvidado de acusar a una empresa que defraudó 12’8 millones de euros en el IVA de 2015, estando vigente el precepto del Código penal en 2010. También tengo para comentar una curiosa sentencia de la Audiencia de Zaragoza, con un “curioso” argumentario respecto al provecho o beneficio de la empresa y otra de la Audiencia de León, en la que el auto de procedimiento abreviado no incluía a una empresa, porque no se le tomó declaración de investigada, pero sí aparecía en el auto de apertura de juicio oral como acusada. El panorama es desolador y no se le puede seguir echando la culpa a los elementos.

Es muy lamentable que la política de cumplimiento normativo que exigen la OCDE y la UE se esté implementando por la simple voluntad de las empresas, sobre todo por las más grandes, y no porque se vean atisbos de que se aplique la legalidad tal cual.

En cualquier caso, este es un documento para que, quienes de verdad estamos concienciados en el deber de aprender para estar afilados para cuando llegue el momento, dado que en esta materia no se puede improvisar, podamos reflexionar al respecto.

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lunes, 6 de mayo de 2019

Responsabilidad de la aseguradora por delito doloso (117 Cp)



La reciente STS 212/2019, de 23-IV, ponente Excmo. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, está muy bien para repasar la cuestión de la responsabilidad de las aseguradoras por delitos dolosos cometidos por un autor asegurado, diferenciando entre si la suscripción del seguro es obligatoria o estamos ante una cobertura voluntaria.

En el presente caso, un asesor financiero es condenado como autor de una estafa a una gran cantidad de personas y la aseguradora ALLIANZ recurre, sin éxito, el hecho de que se la condene a responder civilmente por la vía del art. 117 Cp.

Tenemos que saltar hasta el FJº 5º, folios 17 y ss de la sentencia, donde se exponen las principales cuestiones, que voy a resumir, dado lo largo del texto.
En la STS nº 526/2018, de 5 de noviembre, se señalaba que, en estos casos, el precepto específico que debe ser aplicado es el art. 76 de la Ley de Contrato de Seguro , según el cual " El perjudicado o sus herederos tendrán acción directa contra el asegurador para exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio del derecho del asegurador a repetir contra el asegurado, en el caso de que sea debido a conducta dolosa de éste, el daño o perjuicio causado a tercero.

La acción directa es inmune a las excepciones que puedan corresponder al asegurador contra el asegurado. El asegurador puede, no obstante, oponer la culpa exclusiva del perjudicado y las excepciones personales que tenga contra éste. A los efectos del ejercicio de la acción directa, el asegurado estará obligado a manifestar al tercero perjudicado o a sus herederos la existencia del contrato de seguro y su contenido" .

Y dice a continuación: "Esta norma es interpretada por la Jurisprudencia, tal como se especifica en la STS 338/2011, de 16 de abril, en el sentido de que, tratándose de riesgos cubiertos por seguro voluntario frente a terceros perjudicados, esta Sala tiene establecido que ni se excluye la responsabilidad por actos dolosos del asegurado, dentro de los límites de cobertura pactados, ni el asegurador puede hacer uso de las excepciones que le corresponderían frente a este último (SSTS 707/2005, de 2-6; y 2009, de 27-2). Y en la sentencia 232/2008, de 24 de abril, se argumenta, a la hora de compatibilizar lo dispuesto en los arts. 1 , 19 , 73 y 76de la Ley de Contrato de Seguro con lo que se preceptúa en el art. 117 del C. Penal, que aquellos preceptos han de referirse a las relaciones de las partes contratantes, pero no en lo que respecta, tratándose de seguros voluntarios, a la protección de las víctimas, frente a las que deberán responder directamente los aseguradores. Por lo tanto, la referida cláusula que cita la entidad aseguradora -remarca la sentencia 338/2011 - no puede oponerse frente a la víctima o el tercero perjudicado. Su ámbito de eficacia ha de circunscribirse a las relaciones internas entre el asegurador y el asegurado, pero no con respecto a las terceras personas que resultaron perjudicadas por el siniestro, las cuales tienen derecho a reclamar directamente a la compañía aseguradora, sin perjuicio de que ésta después repercuta el pago contra el asegurado o contra la persona causante del siniestro con su conducta dolosa.”.

También se citan a continuación las SSTS 365/2013, de 20-III y la 805/2017, de 11-XII (caso Madrid Arena),

Extracto de la STS 365/2013:
El dogma "el dolo no es asegurable" permanece en pie. Cosa diferente es que modernamente el contrato de seguro de responsabilidad civil haya enriquecido su designio primigenio como instrumento de protección del patrimonio del asegurado. La ley le ha adosado otra función: la proteccióndel tercero perjudicado. Si se quiere, es un riesgo no cubierto. No hay inconveniente en aceptarlo. Pero la ley -art76- por razones de equidad ha querido expresamente obligar al asegurador al pago frente al tercero. La exclusióndel riesgo en este caso, por voluntad explícita de la ley, solo hace surgir el derecho de regreso”.

Caso de conductores suicidas, etc:
4. En relación al segundo aspecto de esta segunda cuestión, relativa a la posibilidad de aplicar la doctrina de la Sala establecida en relación con la responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos de motor, escierto, como alega el recurrente, que esta Sala, en el Pleno no jurisdiccional de fecha 24 de abril de 2007 acordó lo siguiente: "No responderá la aseguradora con quien tenga concertado el seguro obligatorio de responsabilidad civil cuando el vehículo de motor sea instrumento directamente buscado para causar el daño personal o material derivado del delito. Responderá la aseguradora por los daños diferentes de los propuestos directamente por el autor”.

El TS concluye que una cosa es el caso puntual de los seguros obligatorios de circulación, que tienen su regulación concreta, y otra la extensión de sus efectos a los seguros en general. Si hay delito doloso, responde el seguro voluntario en todo caso.

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martes, 30 de abril de 2019

Conclusiones de la Instrucción 1/2019 FGE, sobre las Juntas de Fiscalía



El pasado 25-IV se publicó la Instrucción 1/2019 arriba referida, que desarrolla algunos preceptos de nuestro Estatuto Orgánico en cuanto a la discrepancia jurídica con el visado, especialmente con el del Fiscal Jefe.
 
Las conclusiones son las siguientes:
1ª Las Juntas ordinarias se convocarán para la adopción de criterios unitarios en todos aquellos asuntos que no hayan sido objeto de instrucciones generales por parte de la Fiscalía General del Estado o en asuntos que, por su naturaleza, se proyecten tan solo en el ámbito de una Fiscalía. Del mismo modo, tendrán por objeto asuntos sobre los que no exista una práctica uniforme, estudiar asuntos de especial complejidad, fijar posiciones respecto a temas relativos a la función u organización y al funcionamiento de la Fiscalía o cualesquiera otros que los Fiscales Jefes estimen conveniente someter a la misma.
Las Juntas extraordinarias deben convocarse para resolver cuestiones jurídicas u organizativas puntuales de carácter urgente o de naturaleza compleja.

2ª La regulación de las Juntas de Coordinación establecidas en el art. 22.10 ha de entenderse extrapolable a aquellas Fiscalías de Comunidades Autónomas en las que, por ser uniprovinciales, converja en el Fiscal Superior las funciones que corresponden al Fiscal Jefe de una Fiscalía Provincial (art. 22.4 EOMF). Estas Juntas se integran por el Fiscal Superior que las preside y dirige, el Teniente Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, los Fiscales Jefes de Área y los Fiscales Decanos.

3ª La convocatoria y la fijación del orden del día de cualquier Junta de Fiscalía corresponde al Fiscal que la preside. El orden del día deberá acompañar la documentación necesaria para la adecuada deliberación de los asuntos a tratar. En el caso en que, aun existiendo documentación de interés sobre alguno de los puntos del orden del día no se considere imprescindible su remisión, habrá de darse la posibilidad de consultar tal documentación poniéndola a disposición de los miembros de la Junta.

4ª En el orden del día deberán incorporarse los asuntos que por escrito propongan los Fiscales que integren la Junta de conformidad con lo dispuesto en el art. 24.4 EOMF debiendo estos en su caso facilitar al Fiscal Jefe la documentación necesaria para su entrega al resto de los miembros de la Junta.

5ª La convocatoria a la Junta ha de ser remitida a todos y cada uno de sus componentes, con la antelación necesaria para que pueda ser preparada adecuadamente, incluyendo a aquellos que se encuentren en situación de licencia o permiso y ello sin perjuicio de que estas situaciones tengan la consideración de ausencia justificada a los efectos de cumplir con la obligación de asistencia establecida en el art. 24.4 EOMF.
Con carácter general, el plazo de antelación mínima para la convocatoria de Juntas será de ocho días para las ordinarias y de dos días para las extraordinarias.

6ª La válida constitución de la Junta exige la asistencia de la mitad más uno de sus componentes, así como la asistencia del Fiscal que la convoca y preside.

7ª Los acuerdos de la Junta tienen carácter de informe. El acuerdo se conforma mediante la votación del tema a tratar una vez ha sido objeto de debate.
Los acuerdos adoptados en Junta de Fiscalía, una vez asumidos o refrendados por el Fiscal Jefe, vincularán a todos sus miembros al margen de cuál haya sido el sentido de su voto.

8ª Los miembros de las Juntas de Fiscalía tendrán la obligación de abstenerse cuando concurra en ellos causa legal (art. 219 LOPJ) y el derecho a votar en blanco o abstenerse cuando así lo consideren, cualquiera que sea la naturaleza de la cuestión, jurídica o gubernativa, sobre la que se pida conocer el parecer de la Junta.

9ª El criterio general en cualquier votación, máxime cuando verse sobre asuntos de índole jurídica, es el de la emisión pública de los votos. No obstante, valorando la naturaleza del tema objeto de votación, las particularidades del mismo, la conformación de la Junta o, incluso, el desarrollo del debate, el Fiscal que preside la Junta puede acordar la votación secreta sobre un tema determinado de oficio, debiendo en cualquier caso acordarla si así le fuera solicitado por un porcentaje no inferior al diez por ciento de los asistentes a la Junta.

10ª La opinión de la Junta es la “manifestada por la mayoría de los asistentes” (art. 24.1 EOMF). Por ello, la delegación de voto, el voto por representación o el voto anticipado no son admisibles por resultar incompatibles con el fundamento de una Junta de Fiscalía que requiere una puesta en común, una reflexión colectiva y una decisión individual.

11ª El acta de la Junta será redactada por el Secretario de la Junta, con el visto bueno del Fiscal que la ha presidido. En el acta se harán constar los puntos principales de las deliberaciones, el contenido de los acuerdos adoptados, así como, cuando el interesado lo solicite, el sentido de su intervención y el voto formulado.
Deberá remitirse una copia a la Inspección Fiscal y al Fiscal de Sala Coordinador o Delegado en lo atinente a la especialidad de su competencia.
Igualmente deberá remitirse copia del acta al Fiscal Jefe jerárquicamente superior, garantizando, en todo caso, que una copia del acta de cualquier Junta celebrada en el territorio de una Comunidad Autónoma se haga llegar al Fiscal Superior de la misma.
Los acuerdos de las Juntas de Fiscalía se pondrán en conocimiento de los representantes de las Asociaciones de Fiscales, legalmente constituidas, cuando fuesen solicitados por éstas.

12ª El ámbito del art. 27 está circunscrito a cuestiones de aplicación o interpretación de la norma jurídica con relación a un asunto específico, quedando excluidas aquellas otras cuestiones de naturaleza orgánica o gubernativa.

13ª La orden o instrucción del superior jerárquico no exige una forma específica. No obstante, el Fiscal que la recibe tiene el derecho a solicitar del ordenante que formalice la orden por escrito.

14ª El Fiscal que discrepa de la orden recibida habrá de remitir a su Fiscal Jefe por escrito un informe razonado. Si la orden procede de un Fiscal Decano y el Fiscal Jefe asume su criterio o si la orden la ha dictado directamente el Fiscal Jefe y no modifica su criterio por “no considerar satisfactorias las razones alegadas”, el Fiscal Jefe estará obligado a plantear la cuestión en Junta de Fiscalía.
Si la orden procede de un superior, el Fiscal Jefe le elevará informe haciéndole llegar el informe razonado del Fiscal receptor de la orden pudiendo, si así lo estima conveniente, hacerle saber su personal criterio sobre el tema en conflicto.
Si el Fiscal jerárquicamente superior no admite las razones alegadas resolverá oyendo previamente a su propia Junta de la Fiscalía, esto es, la de la Fiscalía Provincial, de proceder la orden del Fiscal Jefe Provincial, la de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de proceder la orden del Fiscal Superior, o la Junta de Fiscales de Sala de proceder la orden del Fiscal General del Estado.

15ª La Junta será convocada y presidida por el Fiscal Jefe o superior jerárquico que ha dado la orden sobre la que se discrepa. Por su carácter especial, debe ser considerada como una Junta extraordinaria con ese único punto en el orden del día. A la convocatoria se acompañará la documentación que exija el debido conocimiento del tema, la orden o instrucción controvertida y el informe razonado del Fiscal discrepante de la orden.
Si el Fiscal discrepante no forma parte de la Junta convocada a los efectos del art. 27 EOMF, el Fiscal Jefe Provincial, el Fiscal Superior o el Fiscal General del Estado podrá convocarlo con el fin de que pueda informar directamente a la Junta. Si fuera el Fiscal que ha cuestionado la orden quien solicitara su intervención en la Junta de la que no forma parte, el Fiscal llamado a presidirla resolverá su petición valorando si su intervención personal puede ser ilustrativa, esclarecedora o útil para que los miembros de la Junta puedan conformar adecuadamente su criterio.
Tras las intervenciones de los asistentes, el Fiscal que preside la Junta dará paso a la votación sobre las posturas controvertidas. Como en cualquier otra votación, serán de aplicación las normas establecidas sobre la abstención, el secreto en la votación, la delegación de voto, el voto por representación o el voto anticipado.

16ª Tras la celebración de la Junta, el Fiscal que impartió la orden podrá dejarla sin efecto o ratificarla. En el caso de que su criterio sea contrario al expresado por la mayoría de la Junta, entrará en juego la norma general del art. 24.1 in fine, sometiendo ambas posturas al superior jerárquico quien será el que definitivamente resuelva.
 
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jueves, 25 de abril de 2019

¿Debería responder civilmente el Estado por los delitos cometidos por extranjeros ilegales?



Llevaba un tiempo planteándome la cuestión que da origen al título de este post y me anima haber recibido el enlace a la sentencia 12/2019 del TSJ de Extremadura, de 17-I-2019, Sala de lo Contencioso administrativo, ponente Ilma. Elena Concepción Méndez Canseco.
Esta sentencia se enfrenta a un problema concreto: funcionario policial que es víctima de un delito, en la sentencia firme penal se le concede una indemnización de 2.000 € y el condenado es insolvente. El funcionario entiende que debe responder la administración, mientras que la administración considera que ya ha cobrado su sueldo. El tribunal resuelve que, en virtud del principio de indemnidad, no puede sufrir un perjuicio el funcionario dado que, en resumidas cuentas, el salario cubre los días de disposición para trabajar, mientras que ha sufrido un perjuicio personal que nadie ha cubierto.
Esta tesis, en caso de extenderse, tendría unos efectos de lo más interesantes en delitos sufridos, no ya solo por funcionarios, sino incluso por empleados del sector privado víctimas de un delito en el ejercicio de sus funciones laborales.
Pero el planteamiento que me lleva rondando un tiempo va mucho más allá. Si se produce un robo en un comercio, unas lesiones, una violación a una chica, el lanzamiento de un policía a las vías del metro (como ya pasó en Madrid), etc., cometido por un extranjero ilegal ¿no debería responder el Estado?
En la responsabilidad patrimonial de las administraciones el hecho generador de la responsabilidad es, en esencia, que la administración titular del bien ha llevado a cabo alguna acción u omisión que ha supuesto el desencadenante de que el particular sufra un daño: baldosas levantadas que suponen que alguien resbale y tenga una caída, carretera en mal estado de servicio, un funcionario que delinque o comete un ilícito y causa perjuicios a los ciudadanos, etc.
En el caso que sostengo, el planteamiento es claro: el extranjero ilegal (y tal vez el irregular) no debería estar en suelo español y el delito que acaba cometiendo, en cierta medida, se produce por la falta de acción del Estado para garantizar que eso no ocurriese. La víctima, además, queda revictimizada, dado que además de sufrir el delito sabe que no será cubierta, en un número muy elevado de casos, por el autor del delito.
Sin embargo, la tesis, interesante en la teoría, al menos para mí, se enfrenta a algunos escollos importantes:
1) Partiendo de la sentencia enlazada en el primer párrafo, teniendo en cuenta que la misma es recurrible (ignoro si se recurrió por la administración o no ante el Tribunal Supremo), nos deja un primer problema: la falta de cobertura legal y sólo jurisprudencial obligaría al interesado a que o bien decrete específicamente dicha responsabilidad subsidiaria del Estado un tribunal penal o el contencioso administrativo. Lo suyo es que una reforma legal ya imponga directamente que la insolvencia dará lugar a la cobertura del Estado respecto del funcionario víctima de un delito en el ejercicio de sus funciones.
2) A continuación surge otro problema: la insolvencia la decreta un órgano de la jurisdicción penal, que se basa normalmente en una simple impresión del punto neutro judicial, que en el caso de personas que trabajan “en negro”, por poner un ejemplo, no es un reflejo fiel de la realidad. Pero, bueno, es un problema para mí menor y que quien debe resolverlo es la administración tributaria. Resumiendo, es un problema que si la administración tributaria no es diligente señalando bienes para embargar en la jurisdicción penal (o el juzgado poco diligente para embargarlos), la administración acabará respondiendo.
3) En cuanto al procedimiento penal, pensando en el caso de delito cometido por un ciudadano extranjero en situación ilegal: el Estado no es parte pasiva del procedimiento “por si acaso”. No va a ser ni acusado ni responsable civil. La acusación tendría que solicitar que, como hecho probado, se declarase que el extranjero autor del delito se encuentra en España en situación ilegal.
4) Por tanto, es complicado, si no ha sido parte el Estado en el procedimiento penal, como parte pasiva (acusado o responsable civil, que luego vaya a responder en la ejecución penal. Sin embargo, aquí es donde el jurista tendrá que plantear lanzar el órdago y pedir en el escrito de acusación la responsabilidad subsidiaria del Estado, si decide seguir esta opción.
A fin de cuentas, el art. 120 Cp prevé casos como el del apartado 5 (responsabilidad del dueño del vehículo que se utiliza para cometer un delito, aunque no lo condujese materialmente, por ejemplo, coche que se empotra contra una farola, conduciendo bajo los efectos del alcohol alguien a quien se le ha prestado el vehículo). En un caso como ese, es acusado el que ha ingerido bebidas alcohólicas e iba conduciendo, mientras que serán responsables civiles el dueño del coche (120. 5 Cp) y el seguro (117 Cp).
5) Pero, ¿cabe ejercitar la acción civil? Lo veo muy dudoso.
Partiendo del art. 121 Cp, aquí la responsabilidad prevista para las administraciones, la respuesta es claramente negativa:
El Estado, la Comunidad Autónoma, la provincia, la isla, el municipio y demás entes públicos, según los casos, responden subsidiariamente de los daños causados por los penalmente responsables de los delitos dolosos o culposos, cuando éstos sean autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones siempre que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que les estuvieren confiados, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento normal o anormal de dichos servicios exigible conforme a las normas de procedimiento administrativo, y sin que, en ningún caso, pueda darse una duplicidad indemnizatoria.
Si se exigiera en el proceso penal la responsabilidad civil de la autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos, la pretensión deberá dirigirse simultáneamente contra la Administración o ente público presuntamente responsable civil subsidiario.”.

Todo parece indicar que nuestro Código penal no va a ser la solución adecuada.

6) Así las cosas, la solución que propongo, en tanto no haya una ley que reforme el Código penal, es acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, dado el contenido de los arts. 32 y ss de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público y que derogó la venerable ley 30/1992.
Así, art. 32. 1:
1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.”.

Desde luego, la estancia de ciudadanos extranjeros de manera ilegal en nuestro país es consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos (no haber sido capaces de evitar la entrada o devolverlos a la mayor brevedad).

Por último, cabe recordar que el Derecho es algo vivo, pero que quien manda, en este caso el Gobierno legítimo de cada momento, nunca va a dar facilidades. Lo que he planteado tan solo se conseguirá litigando.

 

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martes, 23 de abril de 2019

En ocasiones veo reos cumple 7 años



Lejos parece quedar aquel 23 de abril de 2012, fecha en la que este blog empezó su andadura. De tener 192 visitas en todo el primer mes, a los 2’3 millones que ha superado recientemente, han pasado muchas horas de reflexión jurídica, recopilación de sentencias y otros materiales y debate con muchos juristas que he ido conociendo por el camino y que, de no ser por el blog, hubiera sido imposible contactar con los mismos.
 
Como ocurrió con la letra de cambio, y así lo explican los mercantilistas, el blog ha muerto de éxito. Ahora mismo me es literalmente imposible mantener el ritmo de otras épocas, en las que durante meses publiqué a siete post semanales, permitiendo que el blog se situase entre los de referencia del panorama nacional en materia jurídico penal. Sin embargo, ahora mismo eso resulta ser parte de la historia; me es imposible mantener el ritmo, dados los múltiples compromisos que me ha generado (conferencias que me han permitido visitar más o menos todo el territorio nacional e incluso Moscú, libros, etc.), y alguno autoimpuesto (como la tesis doctoral).
 
Por otro lado, no voy a negarlo y es que me resulta imposible esconderlo, fuera de la delincuencia económica, la de las nuevas tecnologías y el compliance, no me interesa ya nada. Es cierto que más de 1.200 post han dado para tocar prácticamente todas las materias, pero me encuentro también en un punto como el de los juristas de comienzos del siglo XIX: un blog es algo así como la Nueva o la Novísima Recopilación, una suma sólo ordenada por el mero aspecto cronológico. El problema radica en que un manual, más de Derecho penal, no vale la pena tampoco: a los pocos meses te puede aparecer una reforma del Código penal que te deje buena parte del texto obsoleto. De hecho, me había planteado comprar un manual de algo más de trescientos euros en dos tomos, pero al aparecer las Leyes Orgánicas 1 y 2/2019 se me esfumaron las intenciones.
 
Mientras me sigo replanteando las cosas (y buscando días de 80 horas), quiero agradecer a todos aquellos que siguen el blog desde el anonimato, o mediante las redes sociales (en especial Linkedin, Facebook y Twitter), dejando algún comentario, o contando conmigo para alguna ponencia, el que sigáis considerando merecedor de vuestro tiempo el acceder a esta bitácora, que surgió con otra finalidad, ser una simple base de datos personal, pero abierta al público.
 
Hace pocos días leía un hilo en Twitter de consejos para conferenciantes noveles escrito por David Marugán y señalaba como una cuestión a considerar que se debe ser agradecido con el público; a fin de cuentas, puede estar de cervezas y prefiere dedicar un tiempo a tu trabajo. Pues eso, muchas gracias por todo.
 
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