Las criptomonedas están generando un gran interés por muchas razones y es un bien a tener en cuenta para los próximos años. Sin embargo, buceando en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, me he encontrado algo muy sorprendente: solo tiene una sentencia con cierto contenido y otras dos que citan el término bitcoins porque viene de los hechos probados de la sentencia a quo.
Hablamos de la STS 326/2019, de 20-VI. Esta sentencia confirma la previa dictada por la Audiencia Provincial de Madrid.
Narran los hechos probados la inversión en nombre de varias personas por un importe total de 35’25 BTC en 2014 en el entorno de 400 €/ud que resultaron ser una estafa: el estafador se quedó los bitcoins.
La indemnización quedó de la siguiente manera:
“Deberá indemnizar a Juan Antonio , a Oscar, a Carlos Antonio , a Rafael y a Pelayo en el valor de la cotización del bitcoin en el momento de la finalización de cada uno de sus respectivos contratos, que se determine en ejecución de sentencia, con el interés legal previsto en el art. 576 LEC. Declaramos la responsabilidad civil subsidiaria de la entidad "Cloudtd Trading&DEVS LTD”.
En el recurso ante el Tribunal Supremo, las víctimas interesan que, en concepto de responsabilidad civil, se le entreguen los bitcoins y no la indemnización dineraria.
El Tribunal Supremo resuelve lo siguiente (FJ 3º):
“TERCERO.- La representación de Oscar, Pelayo, Rafael, Juan Antonio y Carlos Antonio, formulan un único motivo de casación por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM , al entender indebidamente aplicados los artículos 110 y 11 del Código Penal . Los recurrentes, desde el propio relato histórico de la sentencia que impugnan, destacan que todos ellos suscribieron con el acusado sendos contratos con relación a determinadas unidades de bitcoins , sin que conste que se haya realizado ninguna operación, y sin que se les haya devuelto cantidad por ningún concepto. El alegato sostiene que los artículos 110 y 111 del Código Penal obligan a la restitución de la cosa en el mismo bien, por lo que lo procedente sería que la sentencia condenara al acusado a restituir los bitcoins sustraídos y, solo si en fase de ejecución de sentencia no se restituyeren esos bienes, proceder entonces a su valoración y a acordar la devolución de su importe. El artículo 110 del Código Penal dispone que la responsabilidad civil derivada del hecho descrito por la ley como delito debe materializarse en la restitución de la cosa objeto del delito. La imposibilidad de hacerlo da lugar al derecho a obtener una reparación equivalente al daño sufrido, además de la posibilidad de percibir una indemnización por los perjuicios materiales y morales. Esto es, del fracaso del retorno de la cosa nace la obligación de compensar económicamente el valor del menoscabo sufrido por la pérdida de la cosa (daño), así como la obligación de aportar al perjudicado una satisfacción que reequilibre el quebranto que derive de ese daño (perjuicio).
Aun cuando la jurisprudencia de esta Sala ha expresado la obligación de restituir cualquier bien objeto del delito, incluso el dinero, los acusados no fueron despojados de bitcoins que deban serles retornados, sino que el acto de disposición patrimonial que debe resarcirse se materializó sobre el dinero en euros que, por el engaño inherente a la estafa, entregaron al acusado para invertir en activos de este tipo. Por otro lado, tampoco el denominado bitcoin es algo susceptible de retorno, puesto que no se trata de un objeto material, ni tiene la consideración legal de dinero.
El bitcoin no es sino una unidad de cuenta de la red del mismo nombre. A partir de un libro de cuentas público y distribuido, donde se almacenan todas las transacciones de manera permanente en una base de datos denominada Blockchain, se crearon 21 millones de estas unidades, que se comercializan de manera divisible a través de una red informática verificada. De este modo, el bitcoin no es sino un activo patrimonial inmaterial, en forma de unidad de cuenta definida mediante la tecnología informática y criptográfica denominada bitcoin, cuyo valor es el que cada unidad de cuenta o su porción alcance por el concierto de la oferta y la demanda en la venta que de estas unidades se realiza a través de las plataformas de trading Bitcoin .
Aun cuando el precio de cada bitcoin se fija al costo del intercambio realizado, y no existe por tanto un precio mundial o único del bitcoin , el importe de cada unidad en las diferentes operaciones de compra (por las mismas reglas de la oferta y de la demanda), tiende a equipararse en cada momento. Este coste semejante de las unidades de cuenta en cada momento permite utilizar al bitcoin como un activo inmaterial de contraprestación o de intercambio en cualquier transacción bilateral en la que los contratantes lo acepten, pero en modo alguno es dinero, o puede tener tal consideración legal, dado que la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico, indica en su artículo 1.2 que por dinero electrónico se entiende solo el " valor monetario almacenado por medios electrónicos o magnéticos que represente un crédito sobre el emisor, que se emita al recibo de fondos con el propósito de efectuar operaciones de pago según se definen en el artículo 2.5 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre , de servicios de pago, y que sea aceptado por una persona física o jurídica distinta del emisor de dinero electrónico ".
De este modo, por más que la prueba justificara que el contrato de inversión se hubiera hecho entregando los recurrentes bitcoins y no los euros que transfirieron al acusado, el Tribunal de instancia no puede acordar la restitución de los bitcoins , siendo lo adecuado reparar el daño e indemnizar los perjuicios en la forma que se indicó en la sentencia de instancia, esto es, retornado a los perjudicados el importe de la aportación dineraria realizada (daño), con un incremento como perjuicio que concreta en la rentabilidad que hubiera ofrecido el precio de las unidades bitcoin entre el momento de la inversión y la fecha del vencimiento de sus respectivos contratos”.
La cuestión tiene una gran trascendencia, sobre todo porque cada vez hay más transacciones de este tipo y, misteriosamente, siendo un medio de pago ya ciertamente asentado en el tráfico jurídico, es la única sentencia que se ha dictado por el Tribunal Supremo sobre la criptomoneda estrella.
Atención especial merece las valoraciones del Tribunal Supremo:
- “No tiene la consideración legal de dinero”
- “No es sino un activo patrimonial inmaterial”.
- Que las ventas se hacen, parece ser de manera exclusiva, en plataformas de trading.
El último guion ya se sabe que, carece de cualquier base: puedo comprar un bien y transferirle el código de mis BTC al vendedor sin plataformas de trading.
Siempre recordando que esta sentencia del Tribunal Supremo es de 2019, la Agencia Tributaria ha considerado a las criptomonedas, que, como hemos dicho, tiene como buque insignia al BTC, de la siguiente manera:
- Dinero electrónico (consulta vinculante de la Dirección General de Tributos CV 2228-13).
- Instrumento de pago (CV 1028-15)
- Medio de pago (CV 1748-18).
- Y ya, después de la sentencia, divisa (CV 1885-2021).
Es decir, entre la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y la Dirección General de Tributos hay cierta discordancia.
Pero, vayamos a lo importante. ¿Debía haberse indemnizado de esa manera o entregado los BTC a los acreedores?
La respuesta que demos tiene mucha trascendencia y, ya os adelanto, que si hubieran sido BTC de los magistrados, la resolución hubiera sido la contraria.
33,5 BTC de 2014 (400 € de media en aquel año): 13.400 €.
33,5 BTC de 2019 (media 5.000 € en aquel año): 167.500 €.
¿Qué producto financiero legal da ese incremento patrimonial?
Pero, de haber conservado los BTC hasta 2025:
33,5 BTC al mejor precio de venta alcanzado en 2025, 124.000 €= 4.154.000 €.
Por tanto, insisto, la decisión tiene una enorme trascendencia económica para la víctima, dado que no son bienes que se deprecian, como los coches u otros, sino que, por el contrario, aumentan su valor.
Pues bien, ¿por qué decidió el Tribunal Supremo de esa manera y no la contraria? El lector avezado ya se habrá dado cuenta de lo más importante: el Tribunal Supremo no razonó jurídicamente la decisión. No citó ningún precepto legal. Si se vuelve a leer el FJ 3º de la sentencia, la decisión pudo haber sido esa o la contraria, al no ceñirse a ningún precepto legal.
Y, para gran consternación de las víctimas, la Audiencia Provincial resolvió de la siguiente manera:
“Por consiguiente, la jurisprudencia se orienta en un prudente criterio restrictivo para la estimación del lucro cesante, declarando con reiteración que ha de probarse rigurosamente que se dejaron de obtener las ventajas, sin que éstas sean dudosas o contingentes y sólo fundadas en esperanzas.
En este caso, entendemos que la indemnización por razón del lucro cesante debe extenderse al valor de la cotización del bitcoin en el momento de la finalización de cada uno de los contratos, porque la pérdida de ingresos se reduce lógicamente a una simple operación aritmética y no se refiere a expectativas futuras e inciertas sobre el eventual destino que hubieran podido dar los perjudicados a la suma que debieron obtener entonces, que podrían haber destinado a continuar invirtiendo en dicho mercado o en otro alternativo”.
Es decir, que también resolvió sin cita de precepto legal. Y estamos viendo esto cada vez más, tribunales resolviendo cuestiones capitales por su voluntad, sin citar precepto legal alguno ¿para qué?
Art. 1303 del Código Civil:
“Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes”.
Si para el Tribunal Supremo el BTC es “cosa” “activo patrimonial inmaterial” y es clara la nulidad de la obligación, al haberse cometido estafa, ignoro qué llevó a los dos tribunales a eludir el cumplimiento de un precepto de tres líneas del Código Civil.
Y, gracias a esta inmotivada jurisprudencia, si el estafador ha conservado hasta 2025 los BTC, puede tener más de 4 millones de euros, con la obligación de devolver a los estafados unos 13.400 €.
Entrando en el mundo de la hipótesis, pero con nulo riesgo para mi de perder una apuesta, estoy seguro de que la Audiencia y el Tribunal Supremo lo que se plantearon es que no sabían cómo exigir la devolución de los BTC si el condenado se oponía.
Por cierto y como colofón, los recurrentes, al perder el recurso, además sufrieron la imposición de las costas procesales.
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