La sentencia 11/2018, de 10-IV, de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Ciudad
Real, ponente Ilma. Mónica Céspedes Cano, contiene la que, al menos para mí, es
la primera aplicación del art. 14 bis LECRIM desde su promulgación, con la Ley
37/2011.
Se acusa a algún particular y a una empresa
relacionada con el ámbito de la horticultura de un delito de insolvencia
punible, siendo la pena máxima imponible en abstracto inferior a 5 años de prisión
para el particular, mientras que para la persona jurídica es de multa. Tiene
toda la razón el tribunal: el órgano es incompetente para enjuiciar, siéndolo
el Juzgado de lo Penal.
Se dice al final del FJ 1º:
“En
el caso se dirige la acusación contra dos personas físicas, Agustín, y Carlos
Francisco, y, contra la mercantil "Hortícola Solanera, S.L.U.", imputándose
los delitos de alzamiento de bienes de los arts. 257.1.1 º y 2 º y 250.1.5º C.p
., y, de simulación de contrato en perjuicio de tercero, del art. 251.3 C.p.;
residenciándose la responsabilidad penal de la sociedad en el art. 261 en
relación con el art. 31 bis del texto sustantivo.
Por
el primero de los delitos - insolvencia punible -, el art. 257.4 C.p. dispone
que las penas previstas, esto es la de prisión de uno a cuatro años y multa de
doce a veinticuatro meses, estas penas, se dice, "se impondrán en su mitad
superior en los supuestos previstos en los numerales 5º o 6º del apartado 1 del
art. 250". Luego la pena, en abstracto, no supera el límite establecido en
el art. 14.3 LECr ., por lo que será competente para su conocimiento y fallo el
Juez de lo Penal.
Y
lo mismo ocurre respecto del delito de simulación de contrato que se imputa,
para el que el art. 251.3º C.p . prevé una pena de uno a cuatro años.
La
acusación dirigida contra la mercantil, persona jurídica, no altera ni el
procedimiento ni la competencia, sea cual sea la pena que pueda corresponderá a
ésta, ya que el art. 14 bis LECr. dispone que "Cuando de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo anterior el conocimiento y fallo de una causa por
delito dependa de la gravedad de la pena señalada a éste por la ley se atenderá
en todo caso a la pena legalmente prevista para la persona física, aun cuando
el procedimiento se dirija exclusivamente contra una persona jurídica". En
definitiva, la pena señalada al delito es la prevista para los autores individuales,
y para los delitos por los que se viene acusando en esta causa, el legislador
utiliza la penalidad del delito objeto de enjuiciamiento como criterio determinante
de la competencia (y del tipo de procedimiento), la que, como se ha visto y por
mor del art. 14.3 LECr., corresponde al Juzgado de lo Penal, al que debe
remitirse la causa para su enjuiciamiento.”.
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