Ha habido cuatro noticias muy recientes que me quiero dejar
marcadas en el blog.
La primera: según Europa Press, una secretaria judicial de
un juzgado civil de Madrid capital fue detenida por sisar casi dos milloncejos
de euros a lo largo de 11 años. La noticia se puede leer íntegramente aquí. Uno no puede sino
plantearse la falta tan elemental de filtros que existe en nuestro país para prevenir el delito y no tener
que curarlo. Ignoro si a día de hoy se habrá implementado algún tipo de control
informático por parte del secretariado judicial, pero no hay necesidad de ser
Einstein para saber que hay juzgados donde se mueven cantidades astronómicas de
dinero, como los contenciosos (tributos, urbanismo, expropiaciones, etc.),
mercantiles y civiles y que puede haber alguien que, tentado ante determinadas
cifras y situaciones que no son complicadas que ocurran (litigantes que mueran
y quede el dinero olvidado, empresas que no cuiden con sus depósitos, etc.),
decida tramar evaporar ese dinero. También quiero recordar a todos esos
compañeros que cuando se les dice que desde el GRECO (Grupo de Estados contra
la Corrupción del Consejo de Europa) se nos insiste, puntos 101 y 152, en que España debe adoptar códigos éticos para jueces y fiscales, te dicen ¿y yo para qué necesito un código ético? O
directamente te miran como si estuvieses sonado.
La segunda: La asociación de jueces y magistrados Jueces
para la Democracia ha creado un Observatorio contra la corrupción para defender la independencia de los tribunales. Una
medida loable, sin duda. Me suscita una pequeña duda, sin embargo, dadas las
prohibiciones existentes en la LOPJ de opinar sobre resoluciones de compañeros
salvo en el caso de la resolución de recursos. Y claro, hay un peligro muy
evidente de acabar politizando los informes si no puedes entrar a valorar lo
que algunos compañeros hayan hecho mal, porque el poder judicial es uno de los
tres poderes del Estado y digo yo que no toda la culpa de la situación de
nuestro país se le puede echar a la genérica “falta de medios” y a lo que hacen
los otros dos poderes del Estado.
La tercera: Se me escapó una lagrimita el día que escuché al
anterior Ministro de Justicia que se iban a eliminar de raíz los aforamientos,
de lo que se hizo inmediatamente eco la prensa. Sin embargo, al igual que el gélido Atlántico se tragó al
Titanic, el proyecto ha desaparecido del mapa. Entre tanto, en Andalucía,
asistimos a un espectáculo procesal ciertamente sorprendente. Todo parece
indicar que el caso se va a desgajar en tres partes: TS para sus aforados, TSJ
para los suyos y AP de Sevilla para la casta inferior (los no aforados ante ninguno de los dos anteriores). Los cimientos del
derecho procesal que me enseñaron en la facultad se desmoronan: economía
procesal, conexidad delictiva, congruencia de los hechos probados, etc. Se
puede dar la situación de que un órgano judicial decrete la nulidad de un
registro domiciliario y otro no, que una prueba se anule en un tribunal y en
otro se dé por buena. Se puede leer la noticia de prensa AQUÍ.
La cuarta: Tengo un conocido, miembro de la Guardia Civil
para más señas, que se ha caído del guindo y está muy molesto. Lo conocí en mi
anterior destino, Santiago de Compostela, y lo considero un probo funcionario.
Se estudia mucho los asuntos y confecciona atestados de una grandísima calidad
técnica. Hace pocos días me mandó la captura de la prensa de Santiago de
Compostela, que uno arriba. El caso es que, como todo el mundo que se ha
dedicado a tribunales bien sabrá, los delitos urbanísticos y más concretamente
de corrupción urbanística (cuando hay una autoridad o funcionario público
implicado), son muy farragosos de investigar: continuo examen de documentación,
periciales, etc. No son asuntos que, precisamente, se enjuicien inmediatamente.
Mi buen amigo se ha llevado un palo de los gordos. El juzgado instructor no dio
problemas, la fiscalía acusó, se llegó al juicio y… el juez dictó sentencia
absolutoria in voce (oralmente). Es
decir, los acusados salieron de la sala de vistas completamente ufanos, en su
presencia. Está perplejo; hay quien le gana en perplejidad.
Los delitos urbanísticos, máxime los de prevaricación urbanística,
se caracterizan por ser delitos en los que la prueba documental es la reina: si
la construcción existe o no (fotos), si es fija o no (fotos), cuándo se
construyó (fotos de satélite) a efectos de la prescripción, expediente
administrativo de la licencia, para saber qué dijeron el secretario municipal,
el alcalde y los concejales, otros informes, etc. El planeamiento urbanístico,
al efecto de saber si la finca está asentada en terreno rústico, o de
protección costera, o invade la zona de policía de un aeropuerto, etc. Vamos,
que lo que un paisano pueda decir no debería ser desequilibrante y, acabado el
juicio, el juez o tribunal debería estudiarse dicha documental y las
alegaciones de las partes.
Pero ¿cabe dictar sentencias in voce en el procedimiento penal? Gracias a los conocidos se puede
mantener los conocimientos procesales completamente acerados, por si esto le
acaba ocurriendo a uno mismo.
La Ley de Enjuiciamiento Civil, en su art. 4, establece la
supletoriedad de dicha norma para cuando nada prevea otra norma especial. El
art. 210. 3 LEC señala expresamente: “En ningún caso se dictarán oralmente sentencias en procesos civiles”.
Civilistas, en fin, esos que en el Código civil hablan de
perseguir abejas en fundos ajenos, como el Oso Yogui; cualquiera se fía de
ellos. Acudimos a la LOPJ y concretamente lo único que se dice aparece en su
art. 245. 2 LOPJ: “Las sentencias podrán
dictarse de viva voz cuando lo autorice la Ley”, y en el art. 247 LOPJ: “Las resoluciones
judiciales que se dicten oralmente y deban ser documentadas en acta en los
juicios verbales, vistas de los pleitos o causas y demás actos solemnes
incluirán la fundamentación que proceda”.
Huelga recordar que la LEC es posterior en el tiempo a la LOPJ y que “juicios
verbales” sólo existen en el procedimiento civil, con lo que en la práctica, no
hay sentencias verbales. Estudiemos el procedimiento penal.
En los arts. 141 y ss de la LECRIM no hay ninguna referencia
expresa a la oralidad de ninguna resolución. Es más, se habla de deliberación
de los magistrados (en órgano colegiado, evidentemente), lectura de la
sentencia (y toda lectura, per se,
implica previa redacción). A priori nada que invite a pensar que cabe tal
resolución oral. En el art. 742 LECRIM tampoco se encuentra nada relativo a
sentencias de viva voz. Claro, se puede decir que todos los artículos
anteriores son las ya vetustas normas del procedimiento del sumario ordinario,
para delitos de más de 9 años de prisión y que en provincias vemos de ciento a
viento.
Sin embargo, el art. 789. 2 LECRIM, modificado en 2009,
autoriza al Juez de lo Penal a dictar sentencia oralmente. Nótese, la Audiencia
Provincial no está habilitada, única y exclusivamente el Juez de lo Penal. El
tenor literal del precepto dice:
“El Juez de lo Penal podrá
dictar sentencia oralmente en el acto del juicio, documentándose en el acta con
expresión del fallo y una sucinta motivación, sin perjuicio de la ulterior
redacción de aquélla. Si el Fiscal y las partes, conocido el fallo, expresasen
su decisión de no recurrir, el Juez, en el mismo acto, declarará la firmeza de
la sentencia, y se pronunciará,
previa audiencia de las partes, sobre la suspensión o la sustitución de la pena
impuesta.”.
Vamos, a priori parece inducir tal redacción a pensar en que
ha habido el acuerdo previsto en el art. 787. 6 LECRIM: “La sentencia de conformidad se dictará oralmente y documentará
conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 789, sin perjuicio de su
ulterior redacción. Si el fiscal y las partes, conocido el fallo, expresaran su
decisión de no recurrir, el juez, en el mismo acto, declarará oralmente la
firmeza de la sentencia, y se pronunciará, previa audiencia de las partes,
sobre la suspensión o la sustitución de la pena impuesta”, esencialmente porque la suspensión o la sustitución de la
pena del art. 789. 2 LECRIM implica la existencia de condena. Ahora
bien, es cierto que el art. 789. 2 LECRIM no es tan claro por dos motivos: 1)
Es anómalo prever dos veces la oralidad para lo que se supone que es lo mismo,
2) Porque el 789. 2 LECRIM no elimina expresamente la posibilidad de que la
sentencia oral sea absolutoria.
En los juicios rápidos, art. 801. 2 LECRIM, se habla de
sentencia oral, pero porque hay un acuerdo entre las partes (la conformidad).
En el art. 973. 1 LECRIM se regula lo relativo a los juicios
de faltas, a los que en muchos casos ni acude la fiscalía, y suelen ser muy
sencillos: “El Juez, en el acto de finalizar el juicio, y a no ser posible dentro de los
tres días siguientes, dictará sentencia apreciando, según su conciencia,
las pruebas practicadas, las razones expuestas por el Fiscal y por las demás
partes o sus defensores y lo manifestado por los propios acusados, y siempre
que haga uso del libre arbitrio que para la calificación de la falta o para la
imposición de la pena le otorga el Código Penal, deberá expresar si ha tomado
en consideración los elementos de juicio que el precepto aplicable de aquél
obligue a tener en cuenta.”.
Jurado: Art. 67 de la Ley Orgánica: En caso de veredicto
absolutorio se dicta ya sentencia oralmente. En caso de veredicto de
culpabilidad, arts. 68 y 70 de la LO: sentencia por escrito.
Menores. Art. 32, en caso de conformidad, se dice que se
dictará sentencia “inmediatamente”. El art. 36 tampoco me deja muy claro ese
extremo.
En caso de procedimiento contencioso, el art. 39. 1 (inciso
final), dice: “También podrá ser anticipado
oralmente el fallo al término de las sesiones de la audiencia, sin perjuicio de
su documentación con arreglo al artículo 248. 3 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial”.
Como se puede apreciar, nuestro derecho procesal es un
batiburrillo de normas, especialidades e indefiniciones en los que uno nunca
jamás puede pensar que tiene los pies en terreno firme, sino, más bien, que
está en medio de las más peligrosas arenas movedizas. En cualquier caso, la indefinición
normativa no me parece que ampare bajo la prudencia el dictado de una sentencia
in voce en materia de corrupción.
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