La
decisión de quién debe instruir es uno de los grandes motivos que está
lastrando la absolutamente necesaria e inaplazable reforma de nuestra ya
venerable Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, muy buena para su época pero
absolutamente desfasada para el tipo de delincuencia que se desenvuelve en
nuestro actual día a día. En los últimos años ha habido acercamientos muy
serios a la postura de la instrucción por parte del Ministerio Fiscal, pero se
toparon con un problema evidente: la falta de plantilla y la escasa
diversificación en cuanto a su especialización. En cuanto a la falta de
plantilla, debe reconocerse que en la época como FGE de Conde Pumpido el
incremento fue muy notable, con bastantes promociones superiores a los cien
efectivos por año. Por otro lado, allá por 2007 se empezó a vertebrar
seriamente la Fiscalía en diversas especialidades, teniendo esto expreso
reflejo legal en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Sé
que el post puede generar una cierta polémica, porque entre judicatura y
fiscalía no deja de haber una suerte de tensión similar a la que hay entre
Guardia Civil y Policía Nacional y otras semejantes en el seno de la AEAT o la
Seguridad Social entre organismos internos. Sin embargo, fatiga un tanto el ver
a tanto indocumentado, especialmente en prensa, criticar la eventual instrucción
por el Ministerio Fiscal sin la más mínima base. Para abandonar todo tipo de
crítica ad hominem es necesario
vertebrar el discurso desde una perspectiva objetiva, pues todos podemos
conocer jueces muy buenos y muy malos, al igual que todo tipo de fiscales,
abogados, Abogados del Estado, etc., buenos, regulares y malos. Este post ha de
leerse desde la perspectiva del sistema y no del individuo concreto.
Motivo I: La supuesta politización del
Ministerio Fiscal.
Esta
es la crítica esencial, y creo que única, que se hace a la posibilidad de que
instruya la Fiscalía. Sin embargo, en todos los países de nuestro entorno al
equivalente al FGE se le nombra por el Gobierno o incluso en elección popular.
De todas maneras, es un argumento a todas luces absurdo: si una institución
funciona mal o en algún punto concreto así ocurre, lo que procede es reformar
su regulación de funcionamiento. A nadie se le ocurre que si Tráfico funcionase
mal, que fuese la Agencia Tributaria la que pasase a ejercer sus funciones. Es
cierto que hay puntos a todas luces mejorables, como es el de garantizar la
independencia de criterio. Al respecto ya escribí hace poco en ESTE POST. Tampoco
se puede olvidar que en todos lados cuecen habas: véase, por ejemplo, el caso
de la sanción al juez Vidal, donde el CGPJ se ha partido en dos grupos
coincidentes con el sesgo ideológico de quienes nombraron a los vocales, en una
cuestión puramente jurídica como es la aplicación del régimen disciplinario, o
el nombramiento de magistrados del TS claramente dirigido desde el CGPJ,
exactamente igual a lo que ocurre con el Consejo Fiscal. Vamos, que aquí nadie
puede ir sacando pecho.
Motivo II: En “menores” ya instruye el
Fiscal ¿Qué problema ha habido?
Desde
la LO de 2000 que regula la responsabilidad penal del menor ha instruido sus
asuntos el fiscal de menores. No he leído críticas al sistema y ha de tenerse
en cuenta que allí opera un sistema de 6 meses de caducidad de la instrucción.
Motivo III: ¿En cuántos países instruye el
juez?
Puede
que se tome como anecdótico, pero en EEUU, Canadá y toda Europa a excepción de
España, Eslovaquia y algunos delitos en Francia (que ni mucho menos todos), salvo
error por mi parte, la instrucción es cosa del Fiscal. Es cierto que no se
puede tomar que todos hagan algo como el argumento definitivo (que se lo digan
a Galileo), pero tampoco se puede despreciar el hecho de que si los países más
avanzados (o con una democracia más consolidada que la nuestra), lo hacen así
tal vez sea por algo.
Motivo IV: El juez instructor es juez y
parte. El conflicto contra la defensa.
A nadie se
le puede escapar que el proceso penal es una pugna, donde hay una defensa (el
nombre no es casual) y una ataque en forma de parte acusadora. El juez
instructor no puede decirse seriamente que no se ve aquejado de tornarse parte
durante el procedimiento. Oye a las partes, lee las actuaciones, recibe a la
Policía Judicial. ¿Quién puede sostener que un juez que acuerda una prisión no
tiene un conflicto con alguien al que ha metido en prisión? Está sosteniendo
que hay delito a veces con más fervor que la propia acusación y se ve
mediatizado con todas las diligencias.
Motivo V: El juez instructor es juez y
parte. El conflicto contra la acusación
Puede darse también el fenómeno contrario: que el Fiscal o
la acusación particular pretenda que se practiquen diligencias no invasivas de
derechos fundamentales (p. ej. recabar un documento de un registro, acordar una
pericial contable) y que el instructor no lo acuerde. Hay delitos donde los
vestigios desaparecen y donde uno debe tener cierta agilidad para buscar los
mismos y una denegación de diligencias, especialmente al comienzo de la
investigación, puede ser fatal para el resultado mismo. Un rastreo de los datos
de los teléfonos móviles, acordar un registro domiciliario para buscar desde la
contabilidad de una empresa a personas que se presumen secuestradas, en fin, lo
que se quiera. No puedo dejar de acordarme de un asunto que tuve al comienzo de
mi carrera, donde había una serie de personas que estaban diciendo que en una
residencia de ancianos se llevaban a la gente senil y que presumiblemente
moriría pronto al notario para donar todos sus bienes a la dueña de la
residencia. Se pidió la imputación del notario tras la investigación policial
oportuna y no se concedió: la Audiencia absolvió porque el notario (testigo con
un interés evidente en la absolución para no responder con su patrimonio frente
a los familiares) dijo que estaban perfectamente cuerdos y se supone que uno de
los extremos esenciales del otorgamiento de documentos públicos es la capacidad
de los otorgantes. En los procesos no penales la parte actora es la que pide
absolutamente todo, en aras de la justicia rogada. Sin embargo, en el proceso
penal, especialmente por hablar de un delito donde las pruebas pueden estar
ocultas, es necesario hacer una búsqueda efectiva y temprana.
Motivo
VI: El juez instructor es juez y parte. El conflicto con la Policía Judicial y
de esta con las partes
A nadie se le escapa que la Policía Judicial va a hablar con
el Juez de Instrucción para explicarle verbalmente los atestados y otra serie
de cosas que no constan en ellos y no pueden constar. Quien diga que es mentira
recomiendo que se lea el art. 46. 1, inciso final, de la Ley de Prevención de
Blanqueo de Capitales, que regula los informes de inteligencia financiera que
no pueden ser incorporados a causas judiciales. Estas cosas existen. Por otro
lado, la Policía Judicial actual no cumple lo que la Constitución exige y es que
se conforme como un cuerpo policial separado, sino que se compone por miembros
del CNP, Guardia Civil, cuerpos autonómicos y parece que se va a abrir incluso
a las policías locales que cumplen lo acordado por el Juez, pero no dejan de
cobrar de Interior, y deben rendir cuentas y tener resultados de cara a los
políticos (singularmente Delegado del Gobierno). Evidentemente, con carácter
general se puede decir que trabajan muy bien pero, insisto, tienen dos padres
en lo relativo a la investigación. Desde el momento en que se puede estar
investigando a un sujeto x tiempo, el juez queda necesariamente mediatizado
respecto al detenido que está en condiciones psicológicas y físicas no óptimas
y que puede jugarse cosas tan graves como la prisión provisional, decidiendo el
juez que ya ha sido “trabajado” en ocasiones con mucho tiempo. Puede darse
perfectamente la situación de que opere lo que antes se conocía como el “temor
reverencial” (cuando, p. ej., uno se casaba para no desagradar a sus padres),
en el sentido de que, si especialmente el juez es novato, le cueste separarse
de lo que tal vez haya acordado ya con la Policía Judicial. Como dijo el
compañero más famoso de la carrera en este último curso de delitos económicos,
“al llegar al juzgado de guardia el pescado está ya vendido, para bien y para
mal, por eso prefiero ir al calabozo y negociar con las defensas un buen
acuerdo y/o una delación hacia otros”.
Motivo
VII: El juez instructor es juez y parte. El conflicto de las medidas cautelares
Como bien sabe todo el mundo, hasta que el TC en 2003 lo
declaró inconstitucional, un juez de instrucción era Dios en su juzgado, sin
paliativos, hasta el punto de meter a alguien en prisión provisional sin que el
fiscal u otra acusación lo pidiera o le fuese siquiera necesario. Desde aquella
célebre sentencia es necesario que una parte acusadora lo inste. Sin embargo,
hay muchas otras medidas cautelares y diligencias de investigación
absolutamente invasivas de derechos fundamentales (singularmente intervenciones
telefónicas y entradas domiciliarias) que nuestros jueces acuerdan sin ningún
tipo de control “en tiempo real”. De hecho, el alborozo se hace grande en el
Fiscal cuando la Audiencia anula todas las intervenciones telefónicas,
absolviendo antes de empezar el juicio a todos los acusados, en algo donde no
ha podido tener ni arte ni parte. No deja de ser sugerente que en cualquier
jurisdicción es una parte (y la Policía Judicial no es parte en el sentido procesal
del término) la que solicita la diligencia y el juez resuelve, mientras que en
la jurisdicción penal el juez hace y deshace sin posibilidad de control
efectivo (tengo asuntos donde la primera firma de un fiscal aparece pasado el
folio 3.000 de la causa, para que nos hagamos a la idea). Puede que al fiscal
esa diligencia no le haga falta para nada, o que pueda encontrar otra menos
lesiva de derechos fundamentales (porque en este país hay una gran afición al
pinchazo telefónico en instrucción, que para drogas y algunos delitos violentos
puede estar muy bien, pero es la excusa ideal para anular luego asuntos de corrupción)
y donde en no pocas ocasiones no se notifica al fiscal ni siquiera la adopción
de la medida (otro tanto se puede predicar del secreto de sumario, que no deja
de ser un recorte evidente al derecho de defensa). Para quien no se lo crea,
recomiendo releer la sentencia del Tribunal Supremo comentada a mitad de ESTE POST. No son pocos los asuntos, especialmente en juzgados de
pueblo, sin Fiscal con despacho permanente en el mismo, donde se presentan
detenidos y ni se avisa al Fiscal, o no siendo admisible que estas cosas se
liquiden con una llamada telefónica del tipo “hay un detenido pero no te
molestes, que va a quedar en libertad”, sin remitirse siquiera el atestado.
Por otro lado, desde el momento en que la Policía Judicial
tiende a hablar sólo con el instructor, que es el que les interesa a los fines
de su investigación, el fiscal no puede instar ningún tipo de medida cautelar o
de investigación con cierta celeridad.
Motivo
VIII: El juez instructor no va al juicio y no sabe lo que allí ocurre
Estoy seguro de que nadie, en su sano juicio, permitiría que
las pruebas se las hiciera un médico, instruyese o chequease lo que de verdad
hay dentro de su organismo, para que luego le operase otro distinto,
especialmente en una operación con seria dificultad técnica. Pues bien,
mientras no se llegue a la solución del resto de nuestros vecinos europeos (tu
asunto es tuyo desde el comienzo hasta el final), esto no se podrá arreglar.
Pueden darse determinadas situaciones: 1) Que el juez, sin ningún tipo de
malicia por su parte, crea la instrucción cerrada, pasándosela al fiscal para
calificar, cuando el margen de maniobra puede ser ya muy reducido (han podido
prescribir delitos para personas no imputadas porque el instructor no se ha
dado cuenta, darse diligencias de imposible práctica en su momento, etc.), 2)
Que se haya instruido hasta la elefantiasis y haga un procedimiento
ingobernable (véase caso Malaya con la mitad de los acusados absueltos, o el de
los ERES de Andalucía con más de 200 imputados y que va a ser imposible
celebrar), con juicios que duran literalmente hablando más de un año. 3) Que,
siguiendo al clásico Oliver Wendell Holmes (el juez, no el escritor), hay que
saber cómo piensa y hasta como respira quien enjuicia. De nada sirve compilar
pruebas mientras no tengas la esencial instruida y las razones por las que los
jueces de enjuiciamiento absuelven o condenan. 4) Puede darse la situación de
que para el juez, en el caso de que sea más funcionario que vocacional, no deje
de ser el asunto un palote más para la estadística, cerrando en falso la
instrucción, máxime cuando no va a tener que defender su trabajo ante otro juez
y porque en este país nunca se responsabiliza a nadie del éxito o sobre todo
del fracaso del trabajo jurisdiccional. 5) Que el juez instructor, al no acabar
el procedimiento en la ejecutoria, no se vincula de igual manera al sino del
proceso como una defensa o una acusación. 6) Que el juez de instrucción, como
regla general que tiene alguna honrosa excepción, no suele adoptar medidas
cautelares reduciéndose a día de hoy el debate a si se mete a alguien en
prisión o no o si se acuerda un alejamiento. Es por esto por lo que la Ley
7/2012, que ha modificado la Disposición Adicional 10ª y la última de la Ley
General Tributaria, ha tenido que permitir que la AEAT pueda buscar y trabar
embargos por sí misma en delitos fiscales incluso con una instrucción ya
empezada, porque es una constante que los juzgados, conociendo un par de
notables excepciones, no traban embargos (es trabajo para ellos), dejándoselo a
los juzgados o audiencias de enjuiciamiento, que años después ven cómo el
patrimonio del infractor ha desaparecido dejando a la víctima con las manos
vacías.
Motivo
IX: El actual modelo instructor dificulta las conformidades
Entiéndase bien esto. Desde el momento en que el abogado
defensor no trata con el fiscal durante la instrucción (en el +90% de los
casos), no se cierran acuerdos en los asuntos claros durante dicha fase.
Debería uno preguntarle a un juez de lo penal lo que piensa sobre el hecho de
tener que citar a gente para +6 juicios y que luego se llegue a un acuerdo
entre fiscal y defensa en todos ellos (y no es nada infrecuente este evento).
Mucho trabajo tirado en notificaciones, funcionarios policiales y ciudadanos
que pierden tranquilamente la mañana en la puerta del juzgado para no acabar
entrando. Y todo esto porque el Fiscal no instruye, sin duda alguna. No en
vano, por hablar con una cifra, en EEUU sólo el 20% de los asuntos entra
efectivamente a enjuiciarse, al haber un canal de comunicación efectivo
fiscal-defensa, que aquí no tenemos. Para la defensa, especialmente la de pago,
está fenomenal, son meses que se ganan sin que te retiren el permiso de
conducir, sin cumplir la pena de que se trate, con la posibilidad de que el
testigo clave se muera por el camino, etc.
Motivo
X: Pásese al fiscal para informe
La providencia con el “Pásese el asunto al fiscal para
informe” es la que, con mucha diferencia, más roces ha creado entre las dos
carreras. Desde el momento en que el fiscal no instruye, aquel que no es
especialmente amante de su trabajo (y para mucha gente en este planeta el
trabajo es sólo la fuente de ingresos para sobrevivir, no una vocación) se dice
a sí mismo ¿Y por qué voy a hacer algo que no es mi función? ¿Qué pasa? ¿No
sabe instruir? Particularmente, yo prefiero involucrarme por poder dirigir un
poco mejor el procedimiento y porque, a fin de cuentas, detrás de todo delito
hay una víctima (individual o entes colectivos), pero cada cual sabe tanto las
ganas que tiene de trabajar, las relaciones personales que tiene con el juez,
como el colapso que tiene su despacho en cada momento, porque el Fiscal tiene
que ir a otras muchas cosas como es a la jurisdicción civil, laboral,
contenciosa, mercantil, juicios en el penal, en la Audiencia, etc. Y aquí es
donde entra la también famosa coletilla del fiscal “Procédase conforme a
derecho”, con la ya se ha generado el conflicto. Detrás del pase al fiscal
puede haber o un juez que no sabe trabajar (o cómo salir del trance del caso
concreto) o bien el que te deja en tus manos si sobreseer o acusar (y cuando
estamos ante una opción tan amplia es que o le da igual una cosa u otra, porque
estará a lo que le diga el fiscal y para eso le manda la causa, o no es normal
que no pueda decidir entre el blanco y el negro). Es decir, se deja en manos de
la acusación la decisión final; nunca he visto que se pase a informe de la
defensa.
Motivo
XI: La especialización
El fiscal, desde que comienza su andadura profesional tras
superar la oposición lleva a cabo un trabajo netamente de jurisdicción penal.
Muchos ni llegan a tocar el resto de las otras jurisdicciones. Además, nos
agrupamos en secciones especializadas por materias (delitos económicos,
urbanismo y medioambiente, siniestralidad laboral, etc.), mientras que la
judicatura no puede competir, ni de lejos con esa formación extra en número
absoluto de horas y de conocimiento de todas las instancias. El juez,
usualmente, empieza en un pueblo con un juzgado mixto, donde, para colmo de
males, le puede caer encima la cruz de tener que simultanear instrucción penal
con todo tipo de procedimientos civiles, con el registro civil (hasta ahora) y
la violencia de género, con detenidos “sorpresa” en el momento más inoportuno.
Puede darse perfectamente la situación, y conozco casos reales, de que el juez
de instrucción proceda de otra jurisdicción, como la social, llevando años sin
desempolvar el Código penal o la LECRIM y que, sobre la exclusiva base de su
antigüedad, pueda acaparar un destino de instrucción frente a otros colegas sin
que se respete el más mínimo principio de capacidad (ese que nuestra
Constitución liga a la relación funcionarial) que otro menos antiguo sí que
pudiera acreditar.
Uno tiene que litigar un poco, pero sólo un poco, para ver
cómo indefectiblemente todos los asuntos que más se han eternizado lo han hecho
en juzgados de pueblo, donde la falta de estabilidad de los jueces en el destino,
la escasez de funcionarios y otras muchas cuestiones abonan a que la justicia
que no es de capital sea una justicia de 3ª o 4ª regional. Este viernes me
notificaron la sentencia condenatoria para 2 acusados, en primera instancia, de
un delito fiscal de 1997. Estuvo parado 3 años y medio en un armario con un
recurso de apelación no suspensivo. Este mes voy a tener otro juicio de hechos
sucedidos en 1998. Siempre los pueblos por en medio, si bien en los juzgados de
ciudad, aunque sin esos tiempos, también se pueden observar retrasos notables.
La Fiscalía se puede permitir, por el número de funcionarios, que un número
determinado se dedique a materias concretas (siniestralidad laboral, violencia
de género, vigilancia penitenciaria, delitos urbanísticos y medioambientales, corrupción,
etc.), mientras que los jueces de instrucción no pueden por el simple hecho de
que atienden a un criterio simplemente territorial de división del trabajo, los
partidos judiciales, en vez del de área como es el de la fiscalía, donde a
priori te pueden caer de todo: jurados de asesinato, accidentes laborales,
querellas contra alcaldes por el motivo que sea, que la UCO o la UDEF decidan
hacer la operación de su vida en tu partido judicial, etc. Y es materialmente
imposible que una persona sepa de todo lo que hay en Derecho penal. Un abogado
con capacidad y tiempo puede estudiarse más o menos cualquier asunto, pero un
juez de instrucción carece de ese tiempo y la capacidad de formarse en una
materia tiene que estar iniciada antes de que el evento suceda, porque el
comienzo de la instrucción es un momento delicadísimo: una rueda de
reconocimiento mientras el testigo del hecho fugaz aún tiene memoria puede ser
la diferencia entre la futura condena y la absolución.
En fin, es un tema muy delicado el de la especialización y
las juntas de jueces hablan de crear órganos especializados pero, francamente,
no sé de dónde van a salir sus titulares, por el riesgo de que esas plazas se
pisen por gente por el hecho de la sola antigüedad y no estar muy claro qué
delitos deberían incluirse ante un juzgado anticorrupción ¿los delitos fiscales
sin políticos imputados? ¿los accidentes laborales? ¿el delito medioambiental
de una empresa de purines? Si delitos de esa complejidad se quedan fuera
seguimos como estamos. Uno tiene que darse un garbeo por los asuntos para ver
cómo la gente no sabe lo que es un TC 2 de la Seguridad Social, la diferencia
entre un IVA soportado y repercutido o ver cómo se manda un asunto a la Guardia
Civil (no licenciados en Derecho), para que determine si hay delito urbanístico
como si fuesen peritos. Por otro lado, hay provincias donde la existencia de
esos delitos pueda ser muy escasa, hay que discutir si cabe crear órganos
provinciales, detrayendo la competencia territorial a los juzgados de pueblo,
etc. Por otro lado, en órganos como las fiscalías Anticorrupción y Antidroga es
necesario una antigüedad mínima de 10 años, mientras que puede que esté
instruyendo el asunto un juez recién llegado a su primer destino, si ha tenido
la mala suerte de que el asunto estrella le tocase a él.
Motivo
XII: La instrucción es dudoso que sea de competencia judicial
Ahora que se ha eliminado el Registro Civil de los juzgados,
por no ser una competencia objetiva de los órganos jurisdiccionales (sin
perjuicio de otras motivaciones), lo cierto es que conviene recordar que, según
el art. 117 de nuestra Constitución, la misión de los jueces es juzgar y
ejecutar lo juzgado. En esa competencia no entra instruir, como es
meridianamente claro.
Motivo
XIII: En la inmensa mayoría de los asuntos la Fiscalía es la única acusación
No ha de perderse de vista que en muchísimos países de
nuestro entorno jurídico ni se permite la acusación particular ni la popular.
Ya he escrito varias veces a favor de que se respeten las mismas, especialmente
la popular, que se veía seriamente amenazada por el Anteproyecto de Código
Procesal Penal del Ministro Gallardón. Sin embargo, ha de saberse que,
tranquilamente en un +80% de los asuntos no se constituye acusación particular
y todavía menos la popular. Y todo hay que decirlo, normalmente, cuando las ves
en funcionamiento, lo es para ir a remolque de la instrucción, sin pedir ni una
diligencia de investigación. Mientras el eventual sistema acusatorio permita
pedir diligencias, especialmente en caso de que la Fiscalía no vea delito, no
debería haber ningún problema. Nótese que, por ejemplo, en los juicios rápidos
de conformidad, la única participación del juez se reduce a la puesta de
sentencia copiando los hechos del escrito de acusación del fiscal.
Sin embargo, lo que carece de la más mínima lógica es que
haya un juez investigando y practicando diligencias, que son costosas y detraen
recursos del juzgado y de las fuerzas policiales, cuando el fiscal, única
acusación, no ve delito alguno. No nos engañemos, si el fiscal no ve delito y
no hay otra acusación, al final el proceso colapsa por falta de parte que vaya
a sostener acusación en el acto del juicio, con lo que se ha mareado
inútilmente a todo el mundo para nada. El sistema acusatorio, o de instrucción
por el fiscal, evita esos derroches de tiempo y recursos abortando
inmediatamente el procedimiento si es inviable la prueba o porque no son los
hechos descritos en la denuncia constitutivos de delito.
Motivo
XIV: El modelo actual agota a las Fuerzas y Cuerpos policiales
En dos sentidos. Por un lado, cuando tienen que informar
tanto al juez como al fiscal en los casos de especial complejidad, lo cual les
hace perder el doble de tiempo en forma de visitas al despacho del uno y otro.
Por otro lado, porque el sistema, al no incentivar la conformidad en instrucción,
hace que todos los días en España se pierdan centenares de horas en forma de
funcionarios policiales que tienen que ir al juzgado de lo penal o Audiencia
para esperar en la puerta y rezar porque el juicio se celebre, ya que son
bastante habituales las suspensiones y las conformidades. Y son muchas horas
que les computan como trabajo efectivo y se detraen de servicios más
importantes que calentar la puerta, por no hablar de las dificultades que se
ponen a los superiores para cerrar los cuadrantes de servicios.
Motivo
XV: Es que no veo al fiscal en instrucción
Esta es la típica queja de los abogados. El fiscal, desde el
momento en que no instruye, no puede permitirse el lujo de perder horas en
declaraciones instructoras en temas “del montón” cuando no es su función con la
LECRIM en la mano. Los abogados penalistas habituales, especialmente cuando
ejercen la acusación (o cuando llevan la defensa de un asunto que
manifiestamente les parece que se acusa a sus clientes sin sentido), bien que
echan en falta la presencia del fiscal, especialmente para que pida diligencias
en las que el juzgado instructor no les hace ni caso. No han sido precisamente
pocas las ocasiones en las que, en delitos de cierta complejidad de tipo
económico, una acusación pedía diligencias de investigación que el juzgado no
acordaba y es pedirlas el fiscal y se acuerdan, con la consiguiente pérdida de
tiempo vital para el asunto y el lógico cabreo del abogado al que hasta ese
momento no se le ha hecho caso.
Motivo
XVI: El sistema actual de instrucción no va al grano
Años de instrucción para que el juicio se ventile en no
pocos casos en quince minutos y a veces para pedir penas que no son ni de
prisión. O por otro lado, asuntos en los que se piden varios años de prisión y
cuyo juicio se liquida en pocos minutos y sin embargo donde la instrucción ha
durado una eternidad. En España no es que la instrucción dure mucho, es que se
hace eterna. Veamos ejemplos comparativos entre jurisdicciones:
Acoso laboral ante la jurisdicción social: Se demanda por
procedimiento de derechos fundamentales, juicio a los pocos meses donde cada
parte lleva a sus testigos y pueden pedir al juzgado que se acuerde llevar al
que haga falta.
Acoso laboral en la jurisdicción penal: Se dilapidan años y
años en oir en instrucción testigos y más testigos, que cada uno dice una cosa,
para celebrar un juicio cuando el denunciante ya ha podido pasar por varias
empresas distintas entre tanto. Un ejemplo real: Tuve un juicio a finales de
2014 por acoso laboral, habiéndose denunciado los hechos en 2009 y aún queda el
recurso de apelación.
Léase bien esta noticia. Un guardia civil mata de un disparo en la casa cuartel a
una ex novia que iba a denunciarle por violencia de género y pasan dos años en
instruirse y no se convoca siquiera la prórroga. Consecuencia: puesto en
libertad. No parece complicada la instrucción dado el lugar donde acontece,
plagado de cámaras y testigos, con una causa de la muerte bien clara (un
disparo). Luego uno tiene que explicarle a un policía austríaco cómo es que en
nuestro país no es nada raro juzgar hechos tan graves como un asesinato cuatro
o cinco años después, mientras ellos en 8 meses ya tienen, en casos sencillos
como este, la sentencia condenatoria.
Por otro lado, los jueces de enjuiciamiento no le dan ningún
valor a las declaraciones instructoras. Ninguno. Siempre prefieren lo dicho
ante los mismos. Como una vez me dijo el presidente de una sección, hace ya mucho
tiempo ¿quién se llama a sí mismo “el dicente”?
Motivo
XVII: La instrucción actual es un doble juicio
Existe una práctica sumamente extendida de tomar
declaraciones y más declaraciones en el juzgado instructor para convencerse de
que hay delito y luego mandarlo al juicio. Al final y si todo va bien, el
fatigado ciudadano tendrá que declarar en comisaría, en el juzgado instructor y
ante el órgano de enjuiciamiento, como mínimo. Ejemplo real como la vida misma:
Un patriarca cíngaro un tanto ebrio acude a un supermercado y conmina a la
cajera a que le de dinero, llegando a dar golpes con el bastón en la caja
registradora y ante lo cual la cajera saca el dinero y se lo da. El atestado
está completo: la Policía Nacional llega al poco tiempo y lo identifica en las
proximidades, viéndolo entonces las cajeras y diciéndoles a los agentes que
efectivamente era él. Sólo le han dado euro y medio y consta en el atestado
firmado por las dos cajeras presentes. Pues nada, se practica la legal
declaración de imputado, se le mete en prisión provisional, se llama a las
cajeras y los policías a declarar en el juzgado de instrucción, cuando en una
causa con preso al mes o dos meses el hecho estaría enjuiciado y contándole eso
mismo al juez de enjuiciamiento. Se pierde en instrucción demasiado tiempo en
la actualidad cuando lo sencillo, como ocurre en otros países, es que el
abogado de la defensa y el fiscal se sienten a hablar, vean la posibilidad de
un arreglo ya en instrucción y se descargue de trabajo tanto la instrucción
como el enjuiciamiento y se allane el camino de la ejecutoria. Pero en nuestro
actual modelo instructor lo que pase en la ejecutoria le importa bastante poco
al instructor (al que se toma esto como un simple trabajo) ya que no tendrá que
defender públicamente su labor.
Motivo
XVIII: La OLAF y la Fiscalía Europea
Last but not least, en el seno de la Unión Europea se está ya tramitando un proyecto
de Fiscalía común europea, dentro del ámbito de la OLAF u Oficina Antifraude
Europea, con competencia como parte dentro de los países miembro en materia de
delito fiscal, contrabando y fraudes de subvenciones comunitarios y se va a
topar con que España no le va a permitir instruir como sí lo harán todos los
demás estados de la UE. Va a ser divertido recordarles eso de que Spain is diferent y que un fiscal europeo
con soberanía transferida en España le tiene que pedir hasta el acceso a un
registro público a un juez español. Más información, en inglés AQUÍ.
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