(Tocará seguir
esperando investigaciones a PJ de oficio por los jueces)
Gracias a Confilegal nos enteramos de que la Audiencia de Pamplona, en
tiempo record, ha confirmado la resolución de un Juzgado de Instrucción de la
capital de Navarra, que ya examinamos en ESTE POST.
El auto, como hemos dicho publicado por Confilegal, se puede leer AQUÍ.
Realmente, el auto me deja un muy mal sabor de boca. A todo lo que ya se
dijo respecto del auto original, le añadimos que la Audiencia, ha resuelto en
tiempo record. Si el auto original es de 11-I-2016, el de la Audiencia es de
22-III-2016. Se lo tendré que pasar a bastantes magistrados, cuyas Audiencias
tardan muchos meses, si no un año, en resolver los recursos de apelación,
máxime teniendo en cuenta que se ha resuelto, entre tanto, otro recurso de
reforma. Para que luego la Judicatura se queje de la ausencia de medios: no hay
tal falta de jueces como se dice; hay órganos que trabajan a la velocidad de la
luz y otros que les cuesta la propia vida, nada más.
Descendiendo al contenido de este curioso auto, no deja de ser
sorprendente, tal y como ya comenté respecto al original, que el Osasuna,
que era hasta ese momento acusación particular, pueda aportar prueba como
defensa sin haber sido formalmente imputado/investigado, concretamente
protocolos de cumplimiento normativo.
Recurren la Fiscalía y la Liga de Fútbol Profesional el auto original y
el que resuelve la apelación se descuelga por alegaciones jurídicas un tanto
singulares.
En resumidas cuentas, f. 7-8, se dice que el delito se ha cometido por
los directivos, pero una especie de encargado que había, previsto a nivel
estatutario, no pudo saber nada, al igual que los informes de la auditoría
interna no mostraron fallo (cáspita, ahora que lo recuerdo Deloitte le hizo una
auditoría fetén a Bankia y resultó tener un agujero más grande que el del
Titanic; sin embargo sí ha habido imputaciones en el caso de Bankia).
Otro hallazgo cuando menos singular es sostener, primer párrafo del f.
9, que el amañar partidos de fútbol no reporta beneficios al club que acaba
permaneciendo en primera división. Amaños cifrados por la Fiscalía, f. 10, en
400.000, 250.000 y 250.000 €.
Los FJ 5º y ss son los que incorporan la fundamentación jurídica de
rechazo de los recursos. Y en mi opinión coge la Audiencia el rábano por las
hojas. Citando la STS de 29-II-2016, señala que el instructor ha valorado que
había mecanismos de control dentro del club de fútbol (lo cual no deja de ser
discutible si se está investigando a personas físicas por precisamente haber
amañado partidos).
Una perla (f. 26):
“habrá de concluirse que
no puede afirmarse como requisito para integrar la responsabilidad penal de la
persona jurídica que por el CAOsasuna se hubiera incurrido en un ausencia de un
adecuado control para la evitación de la conducta delictiva analizada
(corrupción deportiva), si tenemos en cuenta como antes hemos indicado que la
norma referida en el Código Penal en el artículo 31 bis no es específica y no
se invoca ninguna otra normativa de rango inferior que revelase un
incumplimiento sobre un adecuado sistema de control.
Si a
ello unimos además que en todo caso se cumplió por el Club Atlético Osasuna la
normativa que impone el Reglamento de Control Económico de la Liga de Fútbol Profesional,
habrá de concluirse que no existen indicios de responsabilidad penal en el
CAOsasuna por la conducta realizada por determinados directivos del mismo, pues
en definitiva no puede afirmarse que el club careciese a los efectos de
exigencia de responsabilidad penal del artículo 31 bis de unos adecuados
mecanismos de control, que siéndoles exigibles para evitar los delitos se hubieran
incumplido o evitado su cumplimiento, ni tampoco se ha puesto de manifiesto la
existencia de circunstancias que justificase desde un punto de vista razonable
el disponer del fortalecimiento de los mecanismos que había funcionado hasta la
fecha, y debiendo hacerse no se dispuso esa actuación.”.
En resumidas cuentas, habiéndose constatado indiciariamente que hay
delito cometido por personas físicas, se sostiene que no lo hay de la persona
jurídica por el hecho de que había controles y no se la llama a declarar para
que se explique y para que las acusaciones puedan proponer prueba, porque se
supone que la instrucción va precisamente de eso.
En otras palabras, si un día riñen un ciudadano y un policía y este último
le descerraja un tiro, si el sindicato policial personado como acusación particular
se opone a que se llame a declarar al policía porque hay mecanismos internos de
control (asuntos internos, etc.), y nos dice ya que concurre la causa de justificación,
con un razonamiento paralelo al de la Audiencia de Pamplona, nos quedaremos sin
interrogar al policía para que se explique y nos diga si concurrían o no los
elementos (tal vez la legítima defensa/plan de cumplimiento era puro
maquillaje), y sobre eso proponer prueba.
Es muy lamentable que está empezando a pasar como con los delitos fiscales,
delitos que sólo cometen las PYMES, porque para las grandes todo es “interpretaciones
jurídicamente discutibles de cómo tributar”, que elimina el dolo.
Lo único que me alegra de todo esto es ver que la Fiscalía recurrió. Y
no puedo sino acordarme del informe de la OCDE de 2014 que nos puntuó negativamente
porque en 5 años aún no se había condenado a ninguna empresa española por
sobornos; porque los anglos están un poco hasta las narices de que sus empresas
tengan que cumplir a rajatabla o se exponen a penas de prisión de verdad (y no
lo que tenemos en España, que empieza por necesitar de condenas) y multas y
otras sanciones para las PJ, mientras en países como el nuestro no se está
respondiendo.
Por no recordar el tenebroso punto 96 del último informe del GRECO (Consejo de Europa):
“96. Los casos de
corrupción no son una excepción y existe una gran preocupación por la duración
de los mismos. Se informó al EEG de que los tribunales se han visto inundados con unos 800 casos de corrupción
durante los últimos cinco años y solamente unos pocos han dado lugar a condena
o llegado a una conclusión. Los problemas parecen surgir, sobre todo,
en la fase de investigación pero no parece que exista ninguna dificultad con la
duración de los propios juicios. Parece que las investigaciones tienen
tendencia a proliferar y a convertirse en investigaciones de cada posible
aspecto de la cuestión investigada. El origen de esto parece ser una combinación
del principio de legalidad aplicado en España en términos muy estrictos que
exige que cada delito sea investigado y enjuiciado, y el control del juez
instructor sobre la investigación – o, al menos una falta de claridad en el reparto de responsabilidades entre el fiscal
y el juez. La reforma actual del Poder Judicial estudia este problema y
se ha propuesto varias iniciativas para combatirlo, incluida la de recurrir a
mecanismos de solución alternativa, despenalizar ciertos delitos menores (faltas),
aumentar las tasas judiciales y limitar la asistencia jurídica gratuita a personas
con bajos niveles de ingresos, reorganizar las estructuras judiciales,
priorizar casos, etc. Además, se informó al EEG de que se habían presentado propuestas para controlar la investigación en
manos del fiscal con el fin de darle poder para elegir qué cargos
investigar y procesar en lugar de exigirle que investigue o acuse de múltiples delitos
que a su vez podrían crear complicaciones innecesarias y una pesada investigación
y juicio. El EEG alienta a las autoridades a abordar este tema como una
prioridad, puesto que socava profundamente la confianza de los ciudadanos en la
Justicia, como lo demuestran repetitivamente las encuestas.”.
Pero, eso sí, como carecemos de independencia (según se dice) y los
jueces no, tocará callar. Y mientras en todo el mundo, menos en Eslovaquia y aquí, instruyendo la Fiscalía.
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Y lo dicho , se jubilará vd.Don Juan Antonio y seguirán instruyendo los jueces con el peregrino argumento ese de la falta de independencia de los fiscales y que dependen poco más o menos del gobierno de turno.Lo de imparcialidad ni lo comentan . Es curioso una opinión sustentada por muchos jueces en su fuero interno , aún por algunos fiscales y por sesudos procesalistas y una sociedad cuya sabiduría juridica es conocida.
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