El autor
Jesús Manuel Villegas Fernández nació en 1969 e
ingresó en la Carrera Judicial por el turno libre en 1999; actualmente es el
titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Guadalajara. Más allá de su faceta
jurisdiccional, ha escrito libros como “Retórica forense” (Tirant lo Blanch,
2009), o Mobbing inmobiliario (Bosch, 2009). También es, actualmente,
Secretario de la Plataforma Cívica por la
Independencia Judicial y editor de la revista digital Tempus Octobris.
Aspectos formales de la obra
“Fiscal investigador contra juez instructor (la lógica
de la investigación criminal)” ha sido editado por Marcial Pons en 2012 y consta
de un cuerpo de texto de 221 págs., a las que se debe añadir la bibliografía.
Está dividido en:
Introducción: Confesiones de un juez instructor.
Cap. I: El Derecho, el mito y la Ciencia.
Cap. II: La evolución del poder político y sus efectos
jurídicos.
Cap. III: Las etapas evolutivas de la estructura
lógica del proceso criminal.
Cap. IV: La superación del paradigma cientificista.
Cap. V: La ciencia actual frente a la inquisición o
del Fiscal investigador frente al Juez instructor.
Cap. VI: Verdades reaccionarias contra mentiras
progresistas.
Cap. VII: Los engranajes ocultos del proceso penal.
Cap. VIII: El proceso penal como circuito de
comunicación.
Cap. IX: Hacia un proceso penal racional.
Epílogo: El camino de ida y vuelta entre la Ciencia y
el Derecho.
Desarrollo de la obra
En primer lugar, debemos señalar que el autor consigue
apartarse por completo de la manida generalización que se suele hacer al
disertar sobre el órgano que debe instruir en nuestro país -el actual Juez de
Instrucción o el candidato actual, el Ministerio Fiscal-. La introducción,
precisamente, es la que nos lleva a entrar en esta dicotomía, que goza de
partidarios para ambas posturas, aunque, usualmente y a diferencia de este
libro, sin profundización alguna.
El autor sostiene que esta es una discusión en la que
deben entrar a hablar todos los ciudadanos, señalando que, específicamente,
está destinada a los abogados (pág. 14). También señala, pág. 17, cuál es su
sorpresa al acabarse encontrando en una posición que guarda absoluta analogía a
la del inquisidor.
El proceso penal, como bien señala (págs. 21 y 22,
aunque incide mucho en esto a lo largo de todo el libro), ha de buscar, ante
todo, un método para descubrir la verdad. En otras partes del libro matiza,
como es lógico, que no debe ser un proceso absoluto sino matizado por el
respeto a los derechos fundamentales del imputado; es decir, no toda
investigación, por si misma, es válida.
A partir del Cap. I toma tres personajes (Edipo, el
Rey de Tebas ya referido en la Odisea, el filósofo francés de finales del s. XX
M. Foucault y el Juez Zarco, protagonista del cuento “El clavo”, de Alarcón),
con los que va desarrollando sus tesis.
Siguiendo la imagen de la portada del libro, un ovillo
de tejido multicolor, va desenredando la historia del procedimiento penal en la
historia de España, procedimiento de Roma, Alta y Baja Edad Media, etc., hasta
llegar a nuestros días, contraponiendo las deficitarias garantías procesales y
el sistema inquisitivo que sustentaba su ausencia con el cada vez más moderno y
respetuoso, para aquellas garantías, que se va adoptando en los procedimientos
de los países occidentales (p. ej. pág. 47).
El contrapunto del actual Juez Instructor (institución
que sólo perdura en Francia y en nuestro país), es el Fiscal y el autor señala
los evidentes problemas de la dependencia jerárquica en el caso de los
fiscales:
“Las organizaciones jerárquicas, como demuestran las
publicaciones en materia de acoso laboral, son potenciales infiernos donde los
subordinados quedan a merced de la tiranía de sus superiores. Hay una y mil formas
sutiles de hacerlo, sin violación aparente de la legalidad. No se está diciendo
que eso tenga necesariamente que ocurrir. Solamente que el riesgo es mayor en
el caso de los fiscales que en el de los jueces” (pág. 147).
En síntesis, es prácticamente imposible que un solo
fiscal, con la regulación actual, resista el peso de toda la institución, cuya
configuración ha sido mantenida sin apenas cambios desde la época fronteriza
con el franquismo. “Hace falta lanzarse a la arena social y mancharse, no ya de
polvo, sino de barro, si es menester” (pág. 154).
Otro de los evidentes riesgos del fiscal instructor es
el de que se filtre la información que se haga llegar al órgano de
enjuiciamiento (pág. 182), riesgo conjurado por el actual sistema. Insiste el
autor al señalar que “… si deseamos construir un proceso penal enteramente
racional hemos de desprendernos de nuestros complejos y proclamar sin pudor que
el Derecho es una ciencia. O al menos, que aspira a serlo” (pág. 192).
Ahora bien, el autor no se limita a criticar el futuro
modelo de instrucción criminal (se ha de pensar que era por la fecha de
publicación del anterior Gobierno, aunque todo lo dicho es predicable para el
actual modelo de Anteproyecto), sino que ofrece, págs. 204 y ss, modelos
alternativos como el de los “polos de instrucción”, a semejanza del sistema
francés, o un procedimiento monitorio penal, tal y como ocurre en Alemania.
Juicio personal
Bajo la humilde opinión de quien esto redacta, el
libro merece sobradamente la inversión. Es un libro de lectura bastante
sencilla para quien tenga unos mínimos conocimientos de derecho procesal penal
español y que contiene citas históricas adecuadas, sin caer en excesos
expositivos ni en florituras innecesarias.
Lo importante, de todos modos, es el contenido. El
autor huye de toda polémica y analiza desde una perspectiva exclusivamente
científica los pros y contras de la instrucción penal de la mano del juez
instructor y del fiscal, ofreciendo vías alternativas y alertando de los
problemas que, necesariamente, surgen de adoptar un sistema u otro, al amparo
de las coordenadas que vertebran a las respectivas carreras judicial y fiscal.
En resumidas cuentas, es un libro que, desde la sensatez, ahonda en una
problemática que no debe ser respondida con la ligereza, sino con un debate
serio y riguroso, puesto que es una cuestión de orden general, al no estar,
salvo el Monarca, nadie absolutamente exento de la eventualidad de vérselas con
la jurisdicción penal. La Justicia parte de un procedimiento justo y este debe
ser determinado bajo parámetros de ciencia que es, justamente, lo que expone
este libro.
Para quien pueda estar interesado, dejamos este enlace
a otro interesante artículo que se ha publicado hoy.
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