La posibilidad de modificar todas las conclusiones por la acusación

Ver post de 20 de marzo de 2015 para poder leer otra sentencia en el mismo sentido.

En este país, y como puede pasar en cualquier otra profesión, hay juristas mediocres, ramplones, normales, buenos, muy buenos, la élite dentro de la élite y a años luz de lo inmediatamente anterior está Antonio del Moral. Fiscal de carrera y desde hace cosa de un par de años Magistrado del TS, dicta sentencias de calidad superlativa, o al menos en mi modesta opinión. No tengo el menor reparo en reconocer que es uno de mis juristas de cabecera.

Este ahora egregio magistrado ha sido ponente de la STS 5563/2014, de 10-XII. Esta es una de esas diez sentencias que toda acusación, significadamente el fiscal, debe conocer. El fondo del asunto versa sobre un jurado por asesinato mediante disparo a cañón tocante a una limpiadora en una sucursal bancaria. Sin embargo, lo realmente importante es que viene a concretar el alcance de las posibles modificaciones en el plenario del previo escrito de acusación. Con esto viene a zanjarse uno de tantos problemas que nuestra venerable LECRIM no soluciona. ¿Cabe no haber introducido en el escrito de conclusiones una agravante y hacerlo como cuestión previa o conclusiones definitivas? ¿Y un delito ni siquiera citado durante la instrucción? Veamos el alcance de la sentencia.

Fundamento Jurídico 3º:

“Considera el recurrente

que se ha lesionado el principio acusatorio  en virtud de dos circunstancias separables:

a)  Por la modificación de conclusiones que considera esencial efectuada en el juicio oral por la acusación pública.

b)  Por la divergencia entre las tesis de acusación y sentencia en relación al momento en que se situaría el apoyo o asunción del hipotético resultado letal por parte de este recurrente, y que sería base de su condena como partícipe de tal muerte.

En las conclusiones definitivas de la acusación se introdujo en la secuencia fáctica el inciso sin ninguna posibilidad de defensa por parte de Casilda intercalándolo en el pasaje que narraba su fallecimiento: "En esos instantes se personó en la sucursal Casilda, empleada de la limpieza, dirigiéndose los dos acusados citados hacia ella, con idea de impedir que dicha persona frustrase su propósito, asumiendo ambos cualquier resultado de su acción contra aquella, empezando ésta a gritar diciendo "Yo no, Yo no, a mi no", dirigiéndose los dos a ella para obligar a la misma a entrar. Al resistirse, Sebastián, con la intención de acabar con su vida, agarró a la misma con el brazo derecho desde atrás y por el cuello, forcejeando momento en el que le disparó".

Esa alteración fáctica constituyó la base de una agravación en la calificación: el homicidio quedaba convertido en asesinato.

Adelantemos ya que la cuestión resultará en definitiva intrascendente en lo que respecta a este impugnante por cuanto se va a estimar parcialmente un motivo ulterior que combate la aplicación a él de la alevosía.

Pero de cualquier forma conviene recordar que, en contra de lo que sostiene el recurrente, nada impide al Ministerio Fiscal y resto de acusaciones realizar mutaciones fácticas en sus conclusiones provisionales tras la prueba practicada en el juicio (no solo jurídicas: tan modificable es la primera conclusión como las restantes, siempre que se respete la esencialidad  de los hechos). Frente a tal escenario la defensa podrá solicitar la suspensión cuando aparezca como medida necesaria para ofrecer nuevas pruebas encaminadas a contrarrestar ese nuevo dato fáctico (nada dice el recurrente sobre esto, ni parece que pueda imaginarse ninguna posibilidad al respecto) o para un estudio de la cuestión introducida que permita armarse con argumentos para rebatirla (sobre esto se dice expresamente que no necesitaba de ningún tiempo adicional pues estaba preparado para discutir dialécticamente la nueva calificación).

No estamos, ante una real indefensión sino más bien ante una artificial apariencia de indefensión, lo que es legítima estrategia defensiva. El recurrente no explica qué finalidad podía tener esa suspensión que no pidió y que ahora insinúa que pudo deberse a que no se lo permitió una indicación de la Audiencia.

El Fiscal estaba habilitado en ese momento para la modificación de conclusiones que efectuó. En el trámite de conclusiones definitivas sin apartarse del objeto de la causa -los hechos punibles que resulten del sumario- el sustrato fáctico propuesto por la acusación puede ser variado introduciendo nuevas circunstancias o aspectos, enriqueciendo el relato (incluso en algunos supuestos más excepcionales y en condiciones más estrictas introducir hechos nuevos ajenos a la fase de investigación). Si se trata de variaciones referidas en todo caso a los hechos investigados, objeto del proceso, no hay obstáculo en esas modificaciones aunque acarreen un cambio en el título de imputación (entre todas, STS 684/2013, de 3 de septiembre).

Cosa diferente y complementaria es que ante esa novación o mutación de la pretensión acusatoria la defensa disponga de un mecanismo que el legislador pone en sus manos para evitar, cualquier atisbo de indefensión: solicitar la suspensión para plantear alguna prueba que no hubiese articulado pues se presentaba como innecesaria ante la acusación inicial pero se torna conveniente ante la definitiva; o para disponer del tiempo necesario para preparar la contestación a esa imputación.

Las conclusiones provisionales pueden ser modificadas tras la práctica de la prueba (art. 788.3 LECrim). En principio, las partes gozan de la más absoluta libertad para realizar en sus conclusiones todas las alteraciones que estimen convenientes. Tratándose de las partes activas han de fijarse algunos límites.

No caben mutaciones tan esenciales que supongan una alteración de los elementos básicos identificadores de la pretensión penal tal y como quedó plasmada provisionalmente en los previos escritos de acusación evacuados en la fase de preparación del juicio oral. Pero respetando esta limitación la libertad es plena. Ni se aprecia ninguna merma del derecho de defensa, ni se introdujeron hechos ausentes en las fases previas del proceso: la variación fáctica fue legítima (SSTS 85/2004 de 22 de octubre , ó de 5 de diciembre de 2005).

Apoyemos las anteriores consideraciones con alguna otra referencia jurisprudencial.

La STC 33/2003, de 13 de febrero ratificaba los criterios relativamente amplios en lo relativo a la capacidad de modificar las conclusiones por parte de las acusaciones compensada por la facultad de la defensa de reclamar una suspensión. Si la eventual afectación del derecho de defensa se puede evitar con esa posibilidad de suspensión y la defensa no la reclama, la indefensión será achacable a su indiligencia: "e incluso en el supuesto de que se introduzcan modificaciones que incidan sobre elementos esenciales del hecho constitutivo de delito o que impliquen una nueva calificación jurídica, para declarar vulnerado el derecho de defensa hemos exigido que el acusado ejerza las facultades que le otorga la Ley de enjuiciamiento criminal (arts. 746.6 en relación con el art. 747 y el art. 793.7 LECrim), solicitando la suspensión del juicio, para poder articular debidamente su defensa (SSTC 20/1987, de 19 de febrero, FJ 5; 278/2000, de 27 de noviembre, FJ 16), exigencia que responde a la aplicación de la doctrina general de que la indefensión constitucionalmente proscrita es la que deriva de la actuación del órgano judicial y no la que ocasiona la falta de diligencia procesal de la parte en la defensa de sus intereses ( STC 33/2003, FJ 4)".

En contra de lo que señala el recurrente, una alteración de los hechos relevante jurídicamente habilitaba para la suspensión prevista en el art. 788 que no elevó protesta expresa de no hallarse en condiciones de informar. Tampoco ahora indica ninguna prueba que hubiese podido articular, ni pone el acento en la suspensión o no; sino en que no debió admitirse esa modificación.”.

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