(La Coruña desde el Mirador de San Pedro, abril de 2017)
Ha caído en mis manos la sentencia 56/2017 de la Sección 1ª de la Audiencia de La Coruña, ponente Ilma. María
Teresa Cortizas González-Criado, en un caso que, para variar, tiene poca
sustancia por un error clamoroso de la acusación particular.
Los hechos, en resumen, consisten en que se
constituye un contrato de comunidad de bienes entre varias personas. En 2012
descargan pescado en La Coruña y contratan con el empresario acusado que se
encargaría de la venta del mismo en la lonja. El acusado libró cheques y pagarés
que carecían de fondos por un importe de algo más de cien mil euros, abonando
tiempo después veinte mil.
La Fiscalía no acusó y sí la acusación
particular, condenando la Audiencia por apropiación indebida al empresario.
En cuanto a la persona jurídica, el auto de
PA no contenía a la persona jurídica y en vez de recurrir la acusación
particular, presentó escrito de acusación, no abriendo la juez de instrucción
juicio oral contra la persona jurídica (esto se puede leer en los antecedentes
de hecho 2º y 3º).
En mi opinión, los hechos declarados
probados son claramente estafa, dado que estamos ante el libramiento a corto
plazo de efectos mercantiles, teniendo que saber que carecía de fondos para
abonar el pescado a los vascos que recalaron en Coruña. Y no es una discusión
bizantina; con estafa se puede condenar a la persona jurídica (251 bis Cp),
mientras que con apropiación indebida no. Sin embargo, la impericia de la acusación
particular a la hora de solventar la ausencia de la PJ en el auto de procedimiento
abreviado, le ha cerrado definitivamente la posibilidad, más que viable en este
caso, de haber conseguido la condena de dicha PJ, aunque fuese en una segunda
instancia.
Además, hay otra cuestión notoria:
aparentemente, al menos por lo que se extrae del antecedente de hecho segundo,
la acusación particular ni siquiera pidió que la PJ respondiese civilmente del
delito conforme al art. 120 Cp.
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Y, cómo es que la Fiscalía no acusó?
ResponderEliminarPues lo cierto es que no lo sé y ni siquiera sé quién fue el fiscal, pero lo cierto es que parece un asunto demasiado claro. Saludos, Jesús.
EliminarEl fiscal, me imagino que no acusaría por considerar que se trata de un negocio civil y que habría que acudir a esa vía y no a la penal. Ocurre a menudo y las sentencias suelen ser absolutorias. La acusación elige la vía penal para forzar el pago ante la amenaza de la pena de banquillo. Es la forma de conseguir muchas veces que abonen. El error de la acusación es garrafal y está en consonancia con lo que ya se está viendo en procedimientos penales contra personas jurídicas. Fallos de procedimiento cuando se pasan los derechos de los imputados, en este caso personas jurídicas, por alto. Aquí encima se acusa por un delito que no procede condenar a la sociedad.
EliminarUn cordial saludo, Juan Antonio y gracias por seguir ahí enseñándonos
Gracias por las respuestas.
ResponderEliminarEn una reciente conversación con Ángel Juanes, Vicepresidente del TS, quedó claro cual es el principal problema de la judiciatura (y creo que también de Fiscalía): Las Asociaciones Judiciales.
Y él está asociado. Lo que podría significar que la situación de corrupción judicial en españa resulta ya intolerable para los mismos jueces asociados.
No es posible pretender la elección directa de los Jueces por los Jueces; "dar todo el poder judicial a los jueces", en formulación "revolucionaria".
ello supondría que, al votar los asociados en bloque, todos los cargos serían para Jueces DEPENDIENTES; asociados.
Las asociaciones judiciales como el cáncer del Poder Judicial; partidos políticos travestidos de independencia.