Os dejo una completísima radiografía que ha hecho mi bienamada asociación
APIF (Asociación Profesional e Independiente de Fiscales).
“HACIA LA PROFESIONALIDAD
E INDEPENDENCIA DEL MINISTERIO FISCAL
DENUNCIAMOS
1
- El tradicional
incumplimiento por los poderes políticos del artículo 124 de la CE
“El
Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos,
tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad,
de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de
oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de
los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.” Estas elevadas funciones
que se nos encomiendan no cuentan con medios ni regulación adecuada para
llevarlas a cabo con independencia y eficacia.
2
- La inadecuada
e insuficiente, regulación del Ministerio Fiscal, tanto desde el punto
de vista funcional, como orgánico respecto de la Carrera Fiscal. Sin que
reformas legales llevadas a cabo hayan tenido debidamente en cuenta al
Ministerio Fiscal, la realidad diaria del funcionamiento de las distintas Fiscalías,
y la situación de Fiscales y personal auxiliar.
3
– La regulación de la designación y separación del Fiscal General
del Estado por el Gobierno de la Nación no garantiza ante la sociedad ni
ante los profesionales la imparcialidad e independencia de la Institución,
siendo causa del descrédito del Ministerio Fiscal en casos de transcendencia
mediática, ofreciéndose la imagen de que es la acusación popular, ejercida por
personas cuyos intereses muchas veces se desconocen, quien hace el trabajo que
los Fiscales indebidamente omiten.
4
- El mantenimiento de una regulación del Ministerio
Fiscal en sus atribuciones procesales sin las debidas reformas,
especialmente en relación con la instrucción penal de adultos, que
dificulta la debida eficacia de la jurisdicción criminal.
La implantación del artículo 324 de la L.E.Cr. con
plazos tasados de instrucción cuya llave corresponde a los Fiscales que no instruyen y que no comparten espacio físico
con los juzgados y atienden además a múltiples funciones diversas, supone un
obstáculo más para la eficacia de la justicia penal en España. Se pretende instrucciones ágiles a coste cero, sin
medios, y a costa de instrucciones deficientes.
5
- La ausencia de una
reglamentación interna básica que regule nuestra función
y que permita articular las quejas y recursos de los Fiscales de a pie dentro de la
Institución. Hoy en día existe una
falta total de concreción de
los derechos que nos asisten en nuestra labor diaria. En
el año en curso, 2016, la norma básica que regula nuestra función es el
Reglamento Orgánico del Ministerio Fiscal de 1969 una norma que corresponde a otra etapa histórica, a otro
modelo de Estado. Una norma que no casa mínimamente a la estructura actual del
Ministerio Fiscal. No ha existido, en estos 38 años de democracia una voluntad
real, ni política ni institucional, de dotar a los fiscales de base de una
normativa adecuada a la importancia de nuestra función y a nuestro papel
constitucional.
6
– La falta de transparencia en la Fiscalía es absoluta,
tanto en las decisiones que afectan a los fiscales (por ejemplo, lo que ocurre
en el Consejo Fiscal, o las razones por las cuales se producen los
nombramientos), como sobre todo en las relaciones entre el Fiscal General y el Gobierno. Es sorprendente que no haya una
normativa clara sobre lo que el Gobierno puede pedir al Fiscal, que no haya
obligación de documentar esas relaciones o que por ejemplo, la agenda del
Fiscal General no tenga la más mínima publicidad.
7
- Los Fiscales
no tienen un puesto de trabajo definido ni una regulación de los
repartos de trabajo que refuerce su independencia y su funcionamiento eficaz.
No existe aún un estudio de la carga de trabajo de cada Fiscal y de
cada Fiscalía. Lo que tenemos a día de hoy es un irregular reparto de efectivos
a lo largo del territorio nacional, con una más que mejorable distribución de
funciones entre las distintas Fiscalías que equipare la carga de trabajo de
todos y cada uno de sus integrantes.
8 - Pese a todos estos condicionantes no contamos con un plan de prevención de riesgos
laborales apropiado a su función que
contemple el estrés como principal fuente de riesgos y que ponga remedio a las
múltiples disfunciones que se dan en el trabajo diario con sedes y despachos
que no reúnen las condiciones básicas para el ejercicio digno de nuestra función.
9
- La absoluta falta
de medios del Ministerio Fiscal. Carencias, tanto de medios
personales como materiales, que siendo generales en todo el ámbito de la
Justicia, en el Ministerio Fiscal vienen siendo especialmente escandalosas.
10
- En esa ausencia de medios adecuados deben destacarse los sistemas informáticos
puestos a disposición de la Justicia, la mayoría de ellos obsoletos,
que lejos de agilizar y facilitar el trabajo diario de los Fiscales suponen una
pesada carga añadido a lo que constituye la tarea propia de su cargo, y un obstáculo
a la eficacia.
Situación
que se ha visto empeorada con la implantación del sistema LEXNET,
en la pretendida aspiración a lo que se ha venido en llamar el “papel cero”. No
pueden implantarse sistemas de comunicación telemática obsoletos, fuente de
numerosos fallos, sin preparación adecuada a los llamados a aplicarla, sin
plantillas adecuadas…No se puede modernizar la justicia con programas y
sistemas propios de hace 20 o 30 años implantando presuntas mejoras a coste
CERO.
AFIRMAMOS
La
verdadera voluntad política de que la Justicia funcione exige:
1) un Ministerio Fiscal que
funcione
2) reformas profundas de la
normativa procesal y estatutaria del Ministerio Público; no mera propaganda política
3) inversión económica en
formación, y medios; no pretendidas soluciones ingeniosas de “coste cero”.
PROPONEMOS A LOS PODERES
POLÍTICOS
1.- Que de
una vez por todas exista un verdadero Pacto por la Justicia que la convierta en un instrumento eficaz en relación con los
transcendentes intereses en juego, como son los derechos de los ciudadanos.
2.- Que se
acometan las reformas legales que cuentan con un amplio consenso científico
y social, en favor de la independencia y la eficacia de la Justicia española.
3. - Que se regule la figura del Fiscal
General del Estado reforzando la independencia y neutralidad política del
Ministerio Fiscal.
4. - Que se
derogue inmediatamente el actual art. 324 LECr al ser un instrumento propio
de un sistema procesal inexistente, incompatible con la configuración actual de
la instrucción en España y con los medios que se han puesto a disposición de la
Justicia española. Y se adapte el proceso penal plenamente al Principio
Acusatorio de modo homologable a la generalidad de los países occidentales con
un Fiscal instructor, y un Juez de Garantías.
5. - Que de
una vez por todas se dote al Ministerio Fiscal de un reglamento propio de un estado democrático.
6. - Que se establezca
de una vez un Código ético en la Fiscalía, para la jerarquía y para los
fiscales, y que se introduzca la transparencia necesaria en el seno del
Ministerio Fiscal y en sus relaciones con el Gobierno y demás instituciones.
7. - Que la definición del puesto
de trabajo de cada Fiscal y en consecuencia los repartos de
trabajo en el seno de las Fiscalías se doten de seguridad jurídica y se vean
presididos por los principios de mérito y capacidad como garantía de
salvaguarda de los derechos de los Fiscales y de eficacia de nuestra función.
8. - Que se
dote a la Carrera Fiscal de un plan
de prevención de riesgos laborales adecuado
a su función y de mecanismos ágiles para la denuncia y detección de las
disfunciones que se produzcan.
9. - Que se dote de medios al
Ministerio Fiscal. Estableciendo
plantillas adecuadas y suficientes con una distribución eficaz de sus efectivos
de acuerdo con la carga de trabajo real, y la eficiencia organizativa.
Facilitando medios materiales modernos y adecuados a la importancia de este servicio público esencial en un Estado de
Derecho.
10. - Que se
suspenda la implantación de Lexnet en tanto en cuanto no sea un
instrumento eficaz para el funcionamiento de la Justicia, lo que pasa
inexorablemente por la modernización de sistemas y equipos. Y en tal sentido se
dote al Ministero Fiscal de adecuados instrumentos informáticos, que
faciliten el cumplimiento de su misión en vez de sobrecargar y dificultar a los
Fiscales con tareas que no le son propias.
Madrid,
a 22 de abril de 2016
Comisión
Ejecutiva de la ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE FISCALES (APIF)”.
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