Las cloacas de la Administración (V): Alcaldes a los que les aparece un dineral por arte de magia

Para situar a los lectores, vamos a recordar que el tipo penal del art. 425 Cp en su redacción original, que es la que va a afectar a este estudio, castigaba a “la autoridad o funcionario público que solicitare dádiva o presente o admitiere ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo o como recompensa del ya realizado”, mientras que el art. 426 Cp castigaba a “la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueron ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente”.

 Pues bien, la STS 5902/2013, de 11-XII, ponente Excmo. Perfecto Agustín Andrés Ibáñez, confirma una condena dictada por la Audiencia de Málaga. Los hechos parten, para variar, de uno de los dos grandes sectores de la corrupción: el urbanismo (siendo el otro los contratos del sector público). El Alcalde de un municipio llamado Manilva tuvo a bien encontrarse con otros dos acusados, que resultaron absueltos, sin que haya quedado judicialmente probado que fue para tratar unos temas de unas plusvalías inmobiliarias municipales, que iban a consistir en adquisición y unión de fincas para posterior e inmediata reventa a un precio superior (lo que en la calle se conoce como “pelotazo”). Pues bien, según la sentencia del TS y de la Audiencia de Málaga, se reúnen a finales de 2004 varios empresarios y el citado Alcalde en el palco del estadio Santiago Bernabeu para ver un partido contra la Roma (curioso lugar que puede reunir en pocos metros cuadrados a Alcaldes condenados, grandes constructores, Presidentes de clubs de fútbol condenados a 7 años de prisión, hinchas del Madrid y Fiscales Generales del Estado por poner algunos aleatorios ejemplos). Pues bien, pocos meses después la Policía Nacional practica un registro domiciliario donde le encuentra al Alcalde una bolsa con algo más de 762.000 € en efectivo, no quedando acreditada ni la/s persona/s que entregaron el dinero, ni en concepto de qué, no quedando acreditado “sin que pueda relacionarse con el Convenio suscrito por Gabino con Royal Marbella Estates S.L. por el que se contemplaba la densidad de 18 viviendas por hectárea a los terrenos mencionados, incremento que en ningún caso se ha acreditado constituyera una ilegalidad urbanística, ni mediara solicitud o presión de los acusados Pelayo y Juan Luis sobre el Alcalde para tal fin”.

En resumen, tenemos un Alcalde que por arte de magia tiene en efectivo en su vivienda 762.000 € y al que se le condena por el tipo entonces vigente del art. 426 Cp a una pena de 12.000 € de multa y el comiso de los 762.000 €.

El Alcalde formaba parte de un partido independiente con 25 afiliados que pagaban 3 € de cuota mensual y 80 afiliados sin cuota. No había contabilidad de partido.

Este cohecho impropio tiene algunas notas que deberían ser reformadas: 1) En mi opinión está fuera de lugar el que se pene tan levemente esta conducta pensada más para regalos sociales inapropiados (regalarle un jamón al médico que te ha tratado, o una pluma o algo un poco fuera de lugar). 2) El cohecho, soborno, tiene el enorme problema de la prueba en nuestro país, dado que normalmente el dinero no se encuentra tan descaradamente a la vista dentro de un piso o en una cuenta bancaria, habiendo métodos casi imposibles de perseguir legalmente (pagarle la carrera o el colegio mayor a la hija del sobornado, las reformas de una casa, en fin, cosas más sutiles que tener fajos de billetes relativamente a la vista). No en vano, la gran mayoría de los éxitos contra el cohecho proceden de pinchazos telefónicos en otras causas donde “salta la liebre”. Además, no se puede intervenir telefónicamente a nadie (salvo la NSA, claro está), si no hay indicios anteriores que salvo casos de pardillos (por ejemplo agentes policiales con un nivel de vida muy por encima de su sueldo), es muy difícil acreditar indiciariamente para acordar esa diligencia.

En mi opinión tendría que jugarse más con la materia de presunciones y eso pasaría, para empezar, imponiendo una norma como en Alemania por la que toda autoridad o funcionario ha de tener declaradas todas sus fuentes de ingresos (evidentemente, si aparece luego más dinero la presunción procede de un ilícito).

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